Reforma constitucional: Perspectivas ante la inminencia de un nuevo intento

Por Mariano Rovatti 


El gobierno nacional impulsa un proyecto de reforma de la Constitución Nacional, con el objetivo de permitir la segunda reelección consecutiva de la Presidenta Cristina Fernández.


Además de la decisión de no entregar el poder, la principal motivación es conservar el liderazgo del oficialismo evitando las fugas de gobernadores e intendentes hacia posibles postulantes a la sucesión presidencial, tales como Daniel Scioli, Juan Manuel Urtubey, Jorge Capitanich o José Manuel de la Sota.

La Presidenta tendrá 62 años cuando termine su mandato. Si deja que otro la suceda, corre el riesgo de quedarse en el llano hasta el 2023. En ese entonces, será una señora de 70 años.

Para reformar la Constitución, según su art. 30, se necesita una ley que declare la necesidad de ello, sancionada  con el voto de al menos dos tercios de los miembros del Congreso. Tiene que convocar a elecciones de convencionales constituyentes, las que –con la ley vigente- serán manejadas por el gobierno

Para contar con ese piso, el gobierno ofrecerá un atractivo a la oposición, que sería la implementación del sistema parlamentario,  para lo que encargó a Eugenio Zaffaroni la redacción de un proyecto que lo contemple.

En Diputados, de 257 miembros, los dos tercios son 172.  El FPV y sus aliados habituales son 132. Les falta 40 manos que no parecen tan difíciles de alcanzar: el radicalismo tiene 38 diputados, el ex FAP (que ahora está diseminado en 6 bloques) reúne 25 diputados y un conjunto de pequeños bloques con comportamiento impredecible juntarían 17 miembros. El peronismo disidente, la Coalición Cívica, el PRO y demás bloques pequeños que presumiblemente estarían en contra llegan con suerte a 45.

En el Senado, la situación es algo más fácil aún para el oficialismo, que tendría entre el FPV y sus aliados habituales, 41 votos de los 48 requeridos. La UCR y aliados juntarían 10, el peronismo disidente 3 y el resto impredecible, 18.

El proyecto incluiría la creación de un “Tribunal constitucional” a la par de la Corte Suprema. La idea es que este nuevo escalón judicial sea el órgano encargado de trabajar todas las causas administrativas sobre la función del Gobierno, y el control de la constitucionalidad de las leyes, lo que implicaría quizás un menoscabo al máximo tribunal. El presidente de este tribunal sería, precisamente, el mismo Zaffaroni.

La reelección:

Unico motivo por el cual se va a estimular la reforma desde el Poder Ejecutivo, creemos totalmente negativa para el país esta posibilidad por varias razones.

Como principio general, la vigencia de un auténtico sistema republicano exige la periodicidad de funciones. Darle la posibilidad de la re-reelección a la Presidenta, implica consagrar un sistema de creciente concentración de poder en sus manos, borrando la posibilidad de recambio a través del voto.

La reelección indefinida consolidaría un sistema de sumisión extrema al poder central, haciendo ilusorio cualquier intento de federalismo, división de poderes, controles republicanos, etc. La necesidad financiera acentuaría la obediencia ciega de intendentes, gobernadores y legisladores a la voluntad de la Casa Rosada.

Por el contrario, la certeza del fin del mandato de Cristina abriría el juego, sobre todo después de las elecciones intermedias del año que viene, dándose la posibilidad de varios postulantes –dentro y fuera del PJ- a la sucesión del poder, lo que dará salud institucional al país.

Por estos motivos, la oposición debe frenar sí o sí esta iniciativa.

Aún recibiendo el caramelo del parlamentarismo, éste representaría sólo un cambio formal, mientras esté el Frente para la Victoria en el poder.

El sistema parlamentario:

El mismo se basa en desdoblar la conducción del gobierno y del estado, a diferencia de los sistemas presidencialistas, en donde ambos confluyen en la misma persona.

En Francia, Alemania e Italia, el Presidente es el jefe del Estado y en Gran Bretaña y España, éste es conducido por el monarca. El gobierno es ejercido por el consejo de ministros, cuya cabeza es el Primer Ministro (en el caso español, llamado Presidente de Gobierno).

En la mayoría de los casos, el Jefe de Estado propone al parlamento la designación de un Primer Ministro (generalmente un legislador electo) quien debe formar gobierno.

Según sea, el Jefe de Estado conserva atribuciones de tipo protocolar y de carácter militar y diplomático; en algunas situaciones excepcionales, puede convocar o disolver al Poder Legislativo.

El Primer Ministro es el responsable de la gestión de gobierno en sí misma. Para sostenerse, necesitará siempre del apoyo del Poder Legislativo, ante quien debe dar cuentas permanentemente. Fruto de los vaivenes de la democracia, más de una vez, el Presidente y el Primer Ministro han sido de partidos diferentes

Obviamente, que la Argentina –y toda América Latina- tiene una tradición política totalmente diferente, basada en el caudillismo, con ideologías laxas y partidos políticos relativamente débiles, con la excepción de Uruguay, Chile, Brasil y algún otro. Argentina, México, Paraguay y Perú  han tenido –en distintos tiempos- períodos largos de hegemonía de un partido sobre los demás.

La reforma de 1994 creó la figura de Jefe de Gabinete, que no fue más que eso, una figura. El mismo es un ministro más, designado a piacere por el Presidente. La mayoría de quienes han ejercido el cargo han sido sumisos operadores del Presidente de turno, sin ningún tipo de sujeción al Parlamento.

La adopción de este sistema implicaría un cambio brutal en la cultura política argentina, de difícil pronóstico. Exige un nivel de diálogo, tolerancia y negociación que hoy nos resultarían utópicos. El sistema funciona en sociedades muy diferentes a la nuestra, pero también lo hace en países cercanos como Italia y España.

Sin embargo, el parlamentarismo sería un eficaz método para impedir la consolidación de un régimen hegemónico, aun basado en elecciones, al estilo del venezolano. La marcha de los acontecimientos institucionales en nuestro país parecen ir en ese sentido.
En la Argentina, el sistema presidencialista responde a la tradición política, a la influencia norteamericana y al legado del pensamiento de Juan Bautista Alberdi, quien imaginó al Presidente como un monarca que dure seis años. Claro que lo pensó sin reelección inmediata…

En el pasado ha servido para realizar grandes transformaciones en distintas etapas del país, en las que el liderazgo firme era una condición indispensable. ¿Servirá para el futuro?

Por su relevancia, el tema merece un análisis muy serio y responsable, consultando especialistas y observando honestamente las experiencias ajenas. En el hipotético caso que se llegara a una posible reforma, ésta se tiene que construir con un nivel alto de consenso y no como la imposición de un bando sobre el otro.

Los temas que sí habría que incluir en una eventual reforma:

La redacción del art. 30 de la Constitución Nacional no exige que los artículos a reformar estén predeterminados. Tras el Pacto de Olivos de 1994, la ley 24.309, sí los incluyó, como una garantía recíproca entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Igualmente, fueron incluidas en la reforma una importante serie de aspectos no previstos en esa norma.

Dado que –como hemos visto- la ley que declararía la necesidad de reforma tiene posibilidades de ser sancionada, desde la oposición habrá que ir pensando cuáles temas pueden incorporarse al debate en la Convención reformadora.

Hay temas que la salud institucional del país sí requiere que sean reformados, pero no parecen estar en la agenda de los actores políticos. Más allá de que técnicamente no sea necesaria la reforma constitucional para los siguientes temas, políticamente es conveniente fijarles un marco dentro del orden constitucional:

a) creación del Instituto Federal Electoral:

Siguiendo el modelo mexicano, el IFE es un organismo público, autónomo e independiente, con funciones administrativas en el ámbito electoral, evitando así que los comicios sean manejados por el gobierno de turno. Las funciones jurisdiccionales la tiene el Tribunal Electoral, órgano especializado del Poder Judicial.  Sus integrantes  son  elegidos para un periodo de siete años por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso.

b) Elección de diputados:

Establecer un número fijo de diputados nacionales, proporcional a la cantidad de habitantes de cada distrito, posibilitando la actualización de su representación. Tender a la eliminación de las listas-sábana y a una mayor cercanía entre el elector y el elegido.

Por ejemplo, si se estableciera un número estable de 300 diputados, pueden elegirse ciento cincuenta (150) por sistema proporcional D’Hont, simultáneamente con el Presidente y Vice, y los otros ciento cincuenta (150) en elecciones intermedias, a razón de uno por circunscripción electoral, elegido por simple mayoría. Alemania, Rusia y México tienen sistemas comparables a éste.

c) Decretos de Necesidad y urgencia

La ley 26.122 supone la validez de todo DNU, siendo requisito una ley para derogarlo. O sea que con una sola cámara que lo confirme, el decreto queda firme.

A fin de restablecer un verdadero equilibrio entre los poderes, es necesario que se modifique el procedimiento, exigiendo que sea necesaria una ley, no ya para derogar el DNU sino para ratificarlo. Además, el DNU sólo tendría una vigencia temporal limitada a no más de ciento ochenta días.

Con ambas modificaciones, se invertiría el principio, adecuándolo al espíritu de la Constitución Nacional, que está plasmado en el art. 29 (El Congreso no puede conceder al ejecutivo nacional….facultades extraordinarias, ni la suma del poder público…).

Pobreza: unidos o dominados

Por Fabián Rapolla

Recuerdo la frase de Evita. Una vez. Y otra vez. En la interrogativa soledad de un niño sucio y descalzo que camina por plaza Francia: “Donde hay una necesidad hay un derecho agraviado”. La pobreza hiere, lastima, insulta…hasta sangrar. En la Argentina la pobreza, hace más de un siglo que detenta carácter estructural. Tristemente. Ha sido y es objeto de análisis, mediciones, supuestos estudios profundos, planes asistenciales, pero lo cierto es que, con excepción de lo realizado por el Gral. Perón en sus dos primeras presidencias, nadie, con  posterioridad, ha intentado erradicarla. Nadie ha intentado eliminar las causas que la originan y nadie ha intentado seriamente, llevar a los pobres a un claro y estable nivel de dignidad tal como el que gozan el sesenta por ciento de los argentinos. Este porcentaje a muestra que cerca de dieciseis millones de connacionales viven en situación de pobreza. En la Argentina solo se la ha administrado, casi como si fuera un recurso. De hecho lo es. El asistencialismo y los planes sociales han servido para que los que la padecen sean herramientas útiles al servicio de la dirigencia política y económica. Por supuesto que la responsabilidad no es sólo de la clase dirigente. La pobreza institucionalizada, ya es patrimonio del entramado social nacional.

Y con la pobreza, la marginalidad. La pobreza que se convierte, paradójicamente en  objeto de culto de aquellos que la sufren. Simplemente porque ya no creen merecer otra vida mejor. O que ello sea posible. Esto es la resultante de un largo, fino y perverso proceso llevado a cabo por sectores sociales económicamente favorecidos que junto a sus aliados mediáticos de oportunidad, han pergeñado, muy solapadamente, el argumento cultural de que la pobreza es justificable, que poco se puede hacer ante ella y que, en fin, es parte de las divisiones sociales. Divisiones que tienen como objeto final sostener el asombroso  conjunto de intereses de las grandes corporaciones económicas, financieras, industriales y terratenientes. Este proceso perverso, ejercido a través de décadas y décadas de opresión y destrato hacia los desposeídos ha generado que la sociedad no vea con tan malos ojos la pobreza y que por ende la  acepte como un hecho más de la vida.

La estructuralidad, como hecho psico-socio-cultural de la  sociedad argentina se muestra en las descalificaciones cotidianas, que desde hace décadas, sufren los pobres (negros o cabecitas) a manos del resto de la sociedad.

El aspecto institucional de la estructura de pobreza lo marca el sostenimiento de la misma por parte de los distintos gobiernos que nos han sucedido, con la excepción ya referida.

De la pobreza no se sale solo con medidas económicas, solamente. Su estructuralidad de ya más de cien años, ha generado una conciencia de terrible opresión en las mentes de los que la padecen. La sensación de que la misma es un destino irremediable solo puede ser desarraigada a través de un trabajo lento y paciente que establezca, gradualmente, un sistema educativo y cultural-sobretodo- novedoso, que acople definitivamente a los sectores marginados con el resto de la sociedad. Que inserte y sostenga,  principalmente que sostenga.

Para los sectores medios, en  general, la pobreza es una incomodidad. Se percibe en el discurso cotidiano. Sintonía fina que le dicen, ahora. Ese discurso elegante, educadamente pulido-a veces- pero que conlleva en sí, la marca de un pensamiento segregacionista.  “Ellos son otros, no somos iguales, no tenemos nada que ver, nada nos identifica, ni siquiera el hecho de vivir en el mismo país”. Este pensar, es, sin dudas, el corazón de la estructuralidad en cuestión.

Esto ha sido exacerbado en el campo político. Los sectores progresistas usan al desposeído como bandera de lucha y reavivan en ellos el dolor de ser y el resentimiento de no ser. Los sectores liberales, alineados al poder económico, alimentan un discurso de pretendida libertad mientras fijan  políticas recesivas y opresivas, que en la práctica no han hecho más que ahondar la pobreza y marginalidad estructurales.

La marginalidad es hija de la pobreza. Los indigentes, los niños de la calle, las familias de las plazas y baldíos, los “trapitos”, los limpiavidrios, la prostitución,


la trata de blancas, la delincuencia juvenil, las bandas callejeras, la violencia en espectáculos públicos, las barras bravas, los adictos que sobreviven a las puertas de toda barriada marginal y que ven como la vida se les va entre dosis y dosis; todos ellos son manifestaciones y actores principales de la marginalidad. Representan la locura de la pobreza, el grito desesperado en una sociedad que intenta esconder a sus muertos en el placard.

Una estructura no se remueve tan fácilmente. Es un proceso lento que requiere tiempo. Requiere de otra estructura. Principalmente, de una estructura política, firmemente decidida en su discurso y en su acción. Finalmente, requiere de un honesto e incisivo plan sociológico, cultural, educativo y psicológico. Requiere paciencia, y perseverancia. Y una presencia permanente del Estado, acompañando el crecimiento de los postergados. Los recursos económicos están. Falta la decisión política global. ¿Un nuevo pacto, tal vez?

Existen ciertas medidas, bien concretas, que se pueden instaurar.  Por supuesto, ello deberá ser acompañado por la voluntad del conjunto político. A saber:

Determinar como política de estado, a través de un pacto social, la erradicación completa de la pobreza.
Desarrollar entre cinco y seis polos industriales a lo largo de todo el país. Entre el Estado y las industrias se deben crear centros de capacitación específicos donde el ingreso de las personas en situación  de pobreza sea de prioridad absoluta.
Establecer convenios entre el Estado y estas empresas, por los cuales ingresen a estas últimas, personas desocupadas en situación de pobreza. El Estado se hará cargo de un porcentaje del salario durante los dos primeros años. De este modo se subsidia el trabajo y no el status quo de la pobreza.
Favorecer el crédito blando a pequeñas y medianas industrias y emprendimientos comerciales novedosos y/o necesarios para el desarrollo de áreas vitales de la economía nacional.
Favorecer el crédito hipotecario masivamente.
Reorganizar el sistema educativo, estableciendo contenidos teóricos y prácticos que apuntalen la integración y equidad social, el desarrollo de valores espirituales, el fomento de talentos y capacidades personales, los derechos inalienables  (salud, educación, trabajo, vestimenta, vivienda, justicia, esparcimiento),  entre otros.
Fomentar a través de un sistema de becas integral (cuota, material de estudio, viáticos y salario para estudiar) el ingreso de personas en situación de pobreza a universidades públicas, privadas y centros de estudios terciarios especializados.
Crear un cuerpo permanente interdisciplinario compuesto por asistentes sociales, psicólogos, operadores terapéuticos, sociólogos y médicos que trabajen en el seguimiento de las problemáticas y necesidades de toda la población en situación de pobreza y marginalidad (salud, educación sexual, violencia de género y familiar, adicciones, familias disfuncionales, niños y adultos con capacidades diferentes, etc). Estos deberán operar en centros asistenciales ubicados dentro de los barrios en situación de pobreza.
Desarrollar un plan de formación artística y cultural a través de la creación de centros artísticos en los barrios carenciados,  que trabajen coordinadamente con centros de formación artística y cultural públicos y privados reconocidos, de modo permitir la inmediata inserción en estos últimos, de aquellas personas que se destaquen en las distintas disciplinas.  
Desarrollar centros de formación y capacitación deportiva, profesional y recreativa, en los barrios carenciados, que trabajen coordinadamente con instituciones deportivas reconocidas,  de modo permitir la inserción inmediata en estas de aquellos niños y jóvenes con habilidades notorias en las diferentes disciplinas.
Crear dentro de estos barrios centros de formación que brinden capacitación gratuita en diferentes oficios y profesiones, con salida laboral garantizada por el Estado.
Desarrollo de un plan nacional de viviendas gratuitas para personas en situación de pobreza.
Desarrollo de los puntos anteriores en un plan de propaganda en todos los medios.  Organizar campañas publicitarias educativas de políticas que fomenten la igualdad social y de oportunidades y la erradicación definitiva de la pobreza.
Fomento de cooperativas de trabajo en los barrios carenciados, con financiamiento del Estado.

La justicia social implica equidad social. Y ello, igualdad de derechos y oportunidades. Igualdad como miembros plenos de esta sociedad. El catalizador del proceso de cambio es la educación. Y la cultura. La expansión artística, la libertad y el amplio desarrollo educativo y cultural, son determinantes para gestar y sostener el cambio. Sólo se puede evolucionar hacia otra estructura de pensamiento  trabajando en todos los estamentos sociales. Fundamentalmente con las nuevas generaciones.

La acción sostenida y sistemática en el conjunto social, reemplaza las carencias naturales, los temores y las mismas desavenencias que puedan surgir en el proceso de transformación. Romper con el determinismo  que ha colocado a la pobreza en el lugar de lo institucionalizado, implica un obrar conjunto de pensamiento y acción.  Ya sabemos, largamente, que la pobreza no se soluciona con estudios ni retóricas. Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar.  ¿O no, argentinos?

¿Por qué importa lo que no se importa?

Por Orlando Novara

La actual política del “relato”  gubernamental como una expresión abarrotada en su reducción a la publicidad mediática, la consigna ideológica y el atajo de la retórica efectista; empieza a mostrar sus contradicciones y transitar signos de deterioro. Quizá haya tenido y aun tenga la virtud de politizar con ribetes épicos la participación política, sobre todo de la juventud, pero aun así parece estar necesitando de un pensamiento que la interpele. De otro modo, más allá de las apariencias, esta politización corre el riesgo de transformarse en una ilusión que derrocha tanta pasión como conformismo.

El dispositivo del discurso usado es simple y controvertido: asimila contra viento y marea - en un contexto distinto- cada medida del actual gobierno a los aciertos del peronismo histórico. Esta equívoca homologación la nutre con el dinero de todos por la vía burocrática y clientelar del hoy “Partido del Estado”, único actor frente a la parálisis de partidos políticos virtualmente evaporados. Lo hace a través de una cadena de publicaciones, foros y núcleos militantes. Entidades estas que, a su vez, enfrentan con verticalismo digno de mejor causa, no solo la labor del periodismo profesional sino la de cualquier atisbo de independencia política o pensamiento crítico, tanto fuera como dentro del oficialismo.

Es cierto que las inconsistencias del relato estuvieron siempre. Fueron desde evitar la marcha peronista en los actos oficiales recomendando para ella un lugar en el traste; hasta el implícito interés de la Presidenta en ser asociada con Evita. Oscilaron entre el desprecio a dirigentes peronistas desde la reivindicación presuntamente aséptica de lo “transversal”, hasta el actual sectarismo y encadenamiento del Justicialismo. El que subordina con monedas de la “caja”. Única disciplina que alientan y a la que rinden fe.

Pero ahora estas contradicciones ya no afectan solo a lo simbólico. Se empiezan a expresar como conflictos tan encarnados en la realidad como difíciles de ocultar. Se pronuncian por no “judicializar”  la protesta y llevan adelante opciones de represión y espionaje social con el “Proyecto X”. Acusan de mentirosos a los medios de prensa pero no se privan de falsificar la estadística pública. Agitan banderas del nacionalismo y del progresismo ambiental y aceleran la entrega minera a cielo abierto. Presumen ser campeones en la distribución de los ingresos, al tiempo que desatan la inflación y pretenden maniatar las paritarias.

El último hallazgo en esta técnica de “cacarear”  en un lado y poner los “huevos” en otro, lo ejecutó Guillermo Moreno con las informales restricciones a la importación. Este gobierno siempre tan afecto a subordinar la política exterior a  la domestica, a partir de esta última ahora ha logrado impactar sobre la primera. ¿Cómo?  Generando creciente condiciones de aislamiento para la Argentina y, sobre todo, poniendo en juego la futura proyección del propio MERCOSUR. Nada menos que una de las muy pocas políticas de Estado de nuestro país, desde el regreso a la democracia.

No solo ha motivado una inusual y masiva protesta de 40 países que van de China a Estados Unidos y de Perú a México, pasando por varias naciones europeas. Antes de ello la ruptura de las reglas de juego por aplicación  de licencias de importación no automáticas, concitó la airada protesta del Uruguay, Paraguay y Brasil. No es este un tema secundario. Para un mercado regional que todavía no sabe cómo abordar sus asimetrías, romper la lógica arancelaria con mecanismos claramente arbitrarios es como escupir al cielo. Es olvidar que los países afectados pueden adoptar represalias iniciando una espiral autodestructiva. Es empezar a traicionar una política de Estado.

Si bien es cierto que no hemos tirado una bomba atómica mucho más cierto es que como sintonía fina esta es de la peor. El procedimiento discrecional es un antecedente inaceptable. Nuestra mediana gravitación dentro de un bloque regional donde el más fuerte es Brasil nos obliga, más allá de lo solidario, a no afectar a socios minoritarios que, además de proteger, debemos sumar a la estrategia común. ¿Cuál ? La de defender a raja tabla tanto los acuerdos intrazona como la negociación permanente. Patear contra esto es patear contra nuestro propio arco. Ahora Uruguay en lugar de apoyarnos a nosotros frente a Brasil se apoya en él contra nosotros. Una pinturita.

De hecho las represalias llegaron desde el imperio cuando Obama decidió  quitar a la Argentina del “Sistema Generalizado de Preferencias”, lo que supone no pocas dificultades para algunas de nuestras exportaciones regionales. Es cierto que en esto nadie puede “tirar la primera piedra” y que respetando ciertas normas universales el proteccionismo es un derecho soberano. Pero no es este el caso. Si no se tiene vocación de destierro, en un mundo globalizado como el actual la primera valla real de protección es la del mercado regional. Pero este último no existe si dentro del mismo se actúa sin código y se rompen las reglas de juego. Lo demás es “cacareo”.

Las políticas proteccionistas de sustitución de importaciones nunca fueron producto de un inopinado arrebato. Requieren de un previo y acertado diagnóstico de las ventajas comparativas y competitivas de los sectores que se quiere y se puede proteger. Esto junto a la necesidad de maduración tecnológica; apoyo crediticio a bajo costo; y una evaluación de factibilidad y compatibilidad en torno a los propósitos regionales. Aquí nada de esto ha existido como tampoco existe el acompañamiento de causas fácticas y objetivas de protección externa, como en su momento fueron para el país tanto la 2da. Guerra Mundial como la ulterior post-guerra.

En ausencia de estos y otros aspectos y con su probada habilidad para travestir el error en virtud el gobierno, no obstante, ha tenido bien presente ajustar una vez más las medidas a su relato. Es así como pese a que estamos frente a una desesperada “caza” de dólares, no muy distinta a los controles cambiarios de la AFIP, la restricción al ingreso de bienes se nos quiso presentar como un nuevo capítulo de “la soberana protección del interés nacional por sustitución de importaciones”. ¿Qué menos no?
Salvo algún caso puntual la actual restricción importadora es exógena a una verdadera política de proteccionismo industrial con integración regional. Este accionar es hijo de otra urgencia. Lo que en realidad el gobierno quiere es conseguir lo que al resto de la sociedad le prohíbe: dólares. Es este, inflación mediante, el primero que descree en la fortaleza de la moneda nacional. Sabrá  por qué lo hace como lo sabe todo el mundo. Es un secreto a voces: hay atraso cambiario,  ausencia de superávit fiscal, declinación del comercial y amenaza de más emisión monetaria. Ahora sin límites en el B.C.R.A.

Se perdieron los superávit gemelos, el margen cambiario y la estabilidad monetaria que el gobierno de Néstor Kirchner heredó y compartió con la gestión de Roberto Lavagna. Los escenarios han cambiado. Por entonces la paridad con el dólar facilitaba las exportaciones y bloqueaba las importaciones. Ahora, en cambio, esta relación encarece la venta al exterior y hace más barata las importación que por eso crece.

A esto hay que agregar que la insuficiencia de inversiones y oferta de bienes locales, fue creando una plus demanda de consumo para los productos importados. La misma que fuera lubricada por la monetización electoral del último período. El tema se ha agravado porque ahora el gobierno ha decidido no financiar esta demanda adicional. Necesita las divisas no solo por las obligaciones de la deuda externa, sino también para pagar la importación de combustibles y cerrar la brecha o déficit energético.

Mientras nos ponemos en riesgo por eventuales represalias para nuestras futuras exportaciones, la traba a las importaciones delata estos desequilibrios que no son los únicos. Así por ejemplo, en el orden interno, no son pocos los sectores de actividad afectados por las restricciones. Aunque se lo minimice hoy no es posible soslayar que la integración productiva de nuestra producción local requiere como insumos buena parte de las importaciones que se bloquean.

Antes que la cuestión escandalizara a nuestros vecinos con el posterior y reforzado eco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), los problemas se presentaron internamente entre los trabajadores y fabricantes del calzado, la indumentaria y la electrónica. En Tierra del Fuego, por ejemplo, se habría iniciado la pérdida de algunos miles de puestos de trabajo en este último sector, mientras son centenas los operarios del rubro textil los que están bajo la amenaza de ser suspendidos en La Pampa.

Las medidas, finalmente, adquirieron el tono de la extravagancia cuando con el pretexto de salvaguardar nuestra salud se planteó obstruir la llegada de libros editados en el exterior. Con ánimo de sortear esta poco decorosa situación Pacho O' Donnell dijo que “una tuerca puede ser remplazada pero no así un Saramago”. Una manera de oponerse cargada de sutileza. Al menos para quienes saben que, desde aún antes de ser funcionario, Moreno es dueño de una ferretería mayorista.

Entiéndase bien. El problema no son solo las medidas que, con sus más y sus menos, se pueden revertir y mucho menos es el fiel ejecutor ya autodefinido como un “soldado”. La importancia de las trabas a las importaciones reside en que, con ellas, estamos llevando afuera, estamos exportando o internacionalizando, lo que hasta ahora solo había sido un hábito gubernamental para la agenda interna. La cuestión de fondo está en que la filosofía de confrontación a diestra y siniestra, habilitada por el alto mando, está rebalsando nuestra frontera. Esta es la singularidad que habrá que tomar en consideración.

Para ello la política no puede perderse en las inconsistencias del doble discurso; no debe agotarse en la equívoca confrontación del monólogo hegemónico; ni tiene que ceñirse al atril del magisterio monárquico. Debe dejar de ser tributaria de la mirada de corto plazo, del mero oportunismo y de la complicidad resignada del silencio. Aspectos que, develados, están en las antípodas de la rebeldía juvenil y su aspiración de futuro. La verdadera política tiene que interpelar la realidad, apelar al pensamiento estratégico y transitar los caminos del consenso para forjar las Políticas de Estado. Debe empezar a hacerlo ahora aunque todavía parezca algo políticamente incorrecto.

Planes sociales: Apuntes para avanzar hacia la renta básica de ciudadanía (1)

Por Daniel Panaro

La Renta Básica es un ingreso pagado por el estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva.

(De la página de inicio de “Red Renta Básica”)

EL EJEMPLO DE BRASIL

En enero de 2003, Lula lanzó el programa Hambre Cero, un conjunto de medidas destinadas a asegurar a todos los habitantes de Brasil el derecho humano a la alimentación adecuada.

El programa -en rigor, un conjunto de más de 30 programas- puso el foco de la opinión pública local e internacional sobre la contradicción de que millones de personas no tengan suficientes alimentos, en un país donde éstos abundan.

Dentro de este conjunto de medidas, el Programa Bolsa Familia es una herramienta fundamental. Se trata de un programa de transferencia de renta de una escala inédita, considerado por el Banco Mundial como el mayor del mundo.(2)

El debate sobre la necesidad de tomar medidas de fondo para solucionar los graves problemas de pobreza y exclusión que agobiaban a Brasil había cobrado importancia una década antes, durante los dos períodos presidenciales de Fernando Cardoso.

Al finalizar el segundo período presidencial de Cardoso, en 2002, había en Brasil diversos programas de transferencia de renta. Entre los principales: Bolsa Escuela (Ministerio de Educación) Bolsa Alimentación (Ministerio de Salud) Auxilio Gas (Ministerio de Minas y Energía) y la Tarjeta Alimentación (Ministerio de Seguridad Alimentaria).

En octubre de 2003 todos ellos fueron unificados en el Programa Bolsa Familia, con el objetivo de racionalizar y hacer más eficiente el gasto social.

Con estos antecedentes, el 8 de enero de 2004 el presidente Lula promulgó la Ley N 10.835, que instituyó una Renta Básica de Ciudadanía (RBC) a partir del año 2005.(3)

Se trata de un ingreso que se paga mensualmente, y que constituye un derecho para todos los habitantes del país; inclusive para los extranjeros que tengan una residencia de al menos 5 años en el territorio.

El pago es independiente de la situación socioeconómica de los ciudadanos, y el monto se fija de acuerdo a las necesidades alimenticias, de educación y de salud.

La RBC se está implementando por etapas, comenzando por los grupos más desposeídos.

Actualmente, el monto mensual para cada familia puede variar entre R$ 32 y R$ 306, según el número y edad de los hijos.

En contrapartida, la familia debe demostrar que los niños han sido vacunados conforme el calendario del Ministerio de Salud. Asimismo, los niños y adolescentes entre seis y dieciséis años deben ir a la escuela y acreditar por lo menos el 75% de asistencia a clase.

Paralelamente a la promulgación de la Ley, se llevó adelante un importante rediseño institucional con la creación del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS) que reunió, además de la coordinación de las acciones de seguridad alimentaria y nutricional, todo lo relacionado a la asistencia social y a la transferencia de ingresos.

Se logró de esta manera la creación, expansión y mejoramiento progresivo de la gestión de un padrón único de beneficiarios, permitiendo mejorar la eficiencia y reducir los costos operativos.

Actualmente el programa llega a 13.000.000 de  familias; es decir, más de 50.000.000 de personas. (4)

Todas las investigaciones realizadas hasta el presente arrojan resultados positivos como resultado de la implementación del plan.

En lo que hace a la implementación del programa, la experiencia permite asegurar que:

Es necesario un fuerte y sostenido compromiso político, idealmente multipartidista, para superar las resistencias de quienes tienen intereses en perpetuar el clientelismo. Para ello, es imprescindible plasmar este compromiso en leyes y políticas públicas que garanticen su continuidad, independientemente de quién ocupe el gobierno.
Es imprescindible actuar lo más rápido posible para lograr que toda la población en situación de inseguridad alimentaria tenga acceso a los alimentos; pero, al mismo tiempo, se deben crear instituciones, políticas y programas que enfrenten las causas complejas de esa vulnerabilidad, de manera que se respeten los derechos y la dignidad de todos.
Para ello es necesario adoptar un enfoque multidisciplinario y multisectorial que garantice el compromiso total y coordinado de todas las entidades relacionadas con la producción, la calidad y el consumo de alimentos, así como las relacionadas con temas como la salud, la nutrición y la educación.
Los programas diseñados a esta escala deben ser entendidos como programas en permanente construcción. Por lo tanto, es necesario implementar, desde sus inicios, sistemas de monitoreo y evaluación que permitan realizar los ajustes necesarios para optimizar la gestión. Entre esos sistemas, es fundamental la creación de un padrón único, que permita no solamente llegar eficientemente a los beneficiarios, sino que -sobre todo- asegure transparencia en el manejo de los recursos.
La conclusión fundamental es que los programas de reducción de la pobreza a gran escala pueden ser fiscalmente sostenibles en el tiempo, aún en países como los nuestros.
PROPUESTAS PARA LA ARGENTINA 2012

En principio, cualquier crítica que se realice a la Asignación Universal por Hijo (AUH) debe partir de la base de que no solamente se apoya al sistema, sino que se lo debe profundizar, avanzando, a partir de lo existente, hacia la RBC.

Para ello las principales acciones a emprender son:

La implantación de la RBC por ley del Congreso como derecho básico para todo ciudadano y residente con un mínimo de tiempo en el país.
Esa ley debe especificar cuál será el  origen de los recursos asignados a la RBC.
La creación, expansión y mejoramiento progresivo de la gestión de un padrón único de beneficiarios.
Que la asignación de la RBC se inicie con un plan de Inclusión Social, cuyos beneficiarios serán todas las mujeres embarazadas desde el momento de la concepción y todos los niños menores de 12 años que asistan a escuelas del Estado.
Que el Poder Ejecutivo pueda fijar los montos mensuales de las asignaciones, garantizando su actualización mediante un parámetro confiable, que evite que dicho monto se ubique por debajo de la línea de indigencia y posteriormente del de pobreza.
Que el Poder Ejecutivo se obligue a aprovechar la RBC como un instrumento que permita monitorear y asegurar la inserción educativa y los controles sanitarios de todos los receptores de la asignación.
Recurrir a organismos internacionales de reconocida idoneidad, tales como la FAO y la UNICEF para que brinden apoyo técnico al momento de estructurar y monitorear las acciones.
Transformar el actual Ministerio de Desarrollo Social en el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y Social, encargado de ejecutar las acciones antedichas y toda otra que apunte al bienestar de los habitantes de nuestra Patria.
Cuáles serían las diferencia fundamentales entre estas ideas y las que actualmente aplica el Gobierno Nacional con la AUH

La AUH está instalada por Decreto1602/09, lo que deja su permanencia y profundización al arbitrio del Ejecutivo (actual y/o futuro) y tiñe toda la operación de sospechas de Clientelismo.
La AUH no tiene una asignación genuina de recursos (la asigna a la ANSES) y, por lo tanto su monto quedan al arbitrio del PE sin ningún tipo de parámetro externo.
El cobro de la AUH está directamente relacionado a la permanencia en estado de necesidad  lo que la caracteriza como instituto de emergencia, 5 la aleja del proyecto de RBU y, de manera práctica, favorece el crecimiento del trabajo en negro a pedido de los propios beneficiarios, que temen ser excluidos  del beneficio si cobran en blanco.
La AUH convive sin coordinación alguna con todo tipo de planes similares asignados por la nación, los Gobiernos Provinciales y los Municipios, lo que da lugar a injusticias, favoritismos, clientelismo y negociados de todo tipo, sin contar con la oportunidad perdida de construir un verdadero padrón de ciudadanos argentinos en situación de exclusión, que permita monitorear los avances en la materia y los efectos de las medidas aplicadas. Esta situación permite al PE arbitrariedades destinadas a “domesticar” a los gobernadores, intendentes y organizaciones sociales “díscolos” a través del otorgamiento o quita de “planes”.

(1) Los datos de este artículo están tomados del libro del Dr. Eduardo Duhalde “De Tomás Moro al Hambre Cero: La renta básica de ciudadanía” Buenos Aires. Planeta. 2011.

Las opiniones, en cambio, me pertenecen.

(2) Banco Mundial, 19/12/2005. Disponible en www.go.worldbank.org/B2IAK5G3F0

(3) Quienes deseen profundizar en el tema de la Renta Básica Universal o Renta de Ciudadanía, pueden encontrar mayores datos en http://www.redrentabasica.org/

(4)  Estos y otros datos figuran en http://www.mds.gov.br/bolsafamilia

(5) Ver http://www.anses.gob.ar/AAFF_HIJO2/incompatibilidad.php

Pasar del ideologismo al pensamiento estratégico

Por Ricardo Auer

Desde hace varias décadas y pese a concepciones marcadamente opuestas, el Vaticano y el gobierno castrista de Cuba, han construido un diálogo que dejará sus huellas. Durante la presente visita papal a Cuba hubo actos multitudinarios, donde los discursos mostraron coincidencias puntuales y fuertes disidencias, tratadas a veces con sutilezas, otras en forma directa.

Todo diálogo implica coincidencias y disidencias; nadie dialoga sin debatir ideas o conceptos. No dialogar significa que la política se ha homogenizado totalmente, dejando al adversario sólo el camino de la lucha, por otros medios. El no diálogo es un camino que conduce a la confrontación, al conflicto, que siempre tiene la tendencia de escalar, lo cual hace cada vez más difícil encontrar soluciones. Los ingleses no quieren dialogar con Argentina por la soberanía de Malvinas; crearon un relato ficcional sobre la “autodeterminación del pueblo kelper”, que la hipocresía internacional tolera sin sonrojarse y que es funcional al enmascaramiento de los problemas concretos de la vida cotidiana de los pueblos.

La Argentina merece una reflexión sobre la cuestión del diálogo. Si internamente no le damos la importancia que se merece, caeremos permanentemente en la lucha interna, que sólo favorece a los enemigos externos. Todo esfuerzo por lograr una cierta unidad de concepción nacional (que algunos llaman política de estado) debe ser valorada. No para tratar temas banales; sino para ocuparse de los principios fundamentales de nuestra Identidad. El privilegio de pensar, analizar y resolver no debiera estar reservado a unos pocos; y menos aún que haya monólogos unidireccionales, con baja tolerancia a la crítica interna. Dar el ejemplo del diálogo fraterno hace más coherente el discurso externo por Malvinas.

A los políticos les agrada hacer operaciones mediáticas, buscando el rédito de corto plazo. Los estadistas saben que el mundo actual es muy complejo y por eso dialogan y se dejan asesorar hasta desde posiciones antagónicas como modo de encontrar la verdad, la sabiduría del rumbo correcto. Muchos cambios ocurrieron desde aquel mundo bipolar de los años 70, que era evidente para todos y fácil de entender. Había pocas opciones estratégicas y aunque algunos intentaban terciar (III Posición), no podían cambiar el escenario principal, marcado por las potencias dominantes de la época.

Actualmente las situaciones son mucho más fluidas y cambiantes. Las crisis económicas, sociales y políticas alcanzan a todos los países y se replican o contagian a terceros. Los países se han vuelto relativamente dependientes unos de otros. Si bien existe aún una potencia dominante en el campo militar y parcialmente en el económico, se puede decir que hoy existe una multipolaridad del poder. La presencia en el panorama mundial del grupo “BRICS” es un ejemplo de ese cambio estructural. La agenda mundial presenta bastantes problemas comunes, por lo que es difícil aislarse y buscar atajos endógenos. Hoy el conocimiento compartido es clave para enfrentar los enormes desafíos y buscar soluciones. No hay hojas de ruta claras. Las incertidumbres superan alas certidumbres. Es difícil acumular conocimiento estando aislado, ya sea del resto del mundo o de la misma sociedad, rica en posiciones diferentes, no necesariamente antagónicas, a las que se debe prestar atención.

Un mundo tan complejo y así estructurado sólo puede ser gestionado mediante el pensamiento estratégico más que el ideológico, como se ha manifestado en aquellos diálogos de La Habana y que explican el pasaje de las doctrinas de Mao ZeDong a las de Deng Xiaoping dentro de China, entre otros casos. En cualquier caso, lo fundamental ha sido siempre tratar de preservar la Identidad Nacional, modificando, en lo que fuese necesario, los objetivos de cada etapa, en particular su modelo de sociedad, reconocida por la importancia relativa que se otorga a educación, bienestar, seguridad ciudadana, ética del estado, cultura del trabajo y de pacificación nacional, sociedad abierta, tolerancia, diálogo y respeto a la verdad y a los valores, cohesión territorial, preservación de recursos naturales, competitividad, innovación y otros temas vitales para cualquier sociedad.

Durante la presente década se ha podido visualizar con mayor claridad que los Estados han sido debilitados en los años 80 y 90, por los fenómenos globalizadores, a favor de estructuras privadas muy poderosas. Argentina ha sido particularmente torpe y débil en enfrentar este fenómeno y en actuar en consecuencia para mitigarlo y darle respuestas equilibradas, como si lo han hecho algunos países vecinos. No hubo pensamiento estratégico, sino una pérfida liviandad para subirse a una moda ideológica orquestada a partir de un cambio global del paradigma tecnológico.

Ahora tampoco es posible avanzar hacia el futuro, regresando hacia el pasado; fundamentalmente porque las condiciones del mundo han cambiado. Las consecuencias negativas de lo que se hizo mal ó dejó de hacerse en su momento, deberán ser enfrentadas, con los modos actuales y no a la vieja usanza del mundo bipolar, es decir estatizando las producciones o los servicios. Recordemos que el peronismo nunca ha sido estatista a ultranza.

Para ello se necesita la creatividad de todos y la unidad interna; es decir es necesario habilitar el poder la sociedad civil, a través de las nuevas tecnologías. Para reforzar el poder del Estado (idealmente pequeño, eficiente y con alta capacidad de conducción) debe ponerse en Red a los diversos grupos de pensadores (generalistas o temáticos), que algunos llaman “think tanks”, Centros de pensamiento, u Organizaciones Libres del Pueblo. Las decisiones estratégicas deben ser analizadas en profundidad y difundidas a toda la sociedad. Debe comenzar a haber una conexión lógica entre el mundo de las ideas y el mundo de las decisiones.

Argentina dispone de numerosos Centros de Pensamiento; algunos solventados por el Gobierno y otros por entidades privadas. Existen otros que surgen simplemente por la voluntad patriótica de sus integrantes. Sin embargo no existe grandes Centros de Análisis Estratégico en los Partidos Políticos o Frentes Electorales; al menos en forma pública o publicada.

Pareciera que las ideas se reducen a lo que cada persona entienda de cada tema. Menos aún existe una Red de intercambio o debate sobre temas de la agenda pública. Los medios gráficos o televisivos solo se ocupan de exponer o poner a prueba “popular” opiniones, que en un 90 % son personales y no de grupos organizados.

Lamentablemente se ha comprobado que los criterios llevados adelante por medio de personalidades aisladas, por mas altos cargos que ocupen, o por círculos cerrados (oligarquías burocráticas o políticas), nos han llevado al fracaso estratégico (aunque hayan tenido alguna victoria táctica en el medio) y a las crisis repetitivas.

El pensamiento hegemónico es la tumba del progreso político y social; cualquiera sea su signo. Los gobernantes apelan en sus decisiones cotidianas a su legitimidad de origen, el voto popular, obtenido por mayoría simple. Pero eso no puede significar un respaldo absoluto a su legitimidad en el ejercicio del poder ya que un importante porcentaje de los votos no los hace representantes del 100% de las opiniones de la sociedad, cuya diversidad se debe respetar. Perón decía “los peronistas tenemos la mayor parte de la verdad, pero no toda la verdad”.

Cualquier manual de conducción indica que el verdadero liderazgo se organiza para descartar todo riesgo de improvisación, porque un plan no depende de aciertos casuales o temporales, sino de una suma cualitativa de logros sucesivos. Para ello debe haber un sistema de conducción, que respetando los liderazgos naturales, se manifieste como una relación de apoyo mutuo y ayuda recíproca con todos los integrantes del grupo o de la sociedad. La unidad de concepción es la que posibilita la eficacia en lograr los objetivos nacionales, sin distracciones ni incoherencias.

En otros países, de las más diversas ideologías, la situación es bien diferente. Existe innumerables think tanks que se ocupan de todos los temas. Algunos de ellos son lobbies, pero no lo ocultan demasiado. Sus opiniones son escuchadas por los gobiernos de turno; inclusive la de los “opositores”, aunque sus consejos o conceptos no concuerdan con los del grupo dominante. Su importancia es muy valorada, inclusive para sus respectivos opuestos, porque de la disidencia se aprende un mayor conocimiento. Nadie deja de reunirse con “el otro” porque piensa distinto. Cualquier aislamiento revela inseguridad de sus concepciones.

No existe una estrategia nacional sino es con un sistema de conducción asentado en la participación de la sociedad civil, de las organizaciones libres del pueblo. Esta retroalimentación positiva, requiere voluntad política y tener claro que todos los sectores deben resignar algo de sus intereses particulares. Logrado eso estaremos en una sociedad un poco más madura. La tarea de todos estos Centros de Pensamiento debe ser potenciada porque hoy son más necesarios que nunca. Sólo desde la necesaria diversidad de opiniones puede crease una verdadera y sustentable justicia social. Porque el pensamiento hegemónico tiende irreversiblemente a favorecer los lobbies y a actuar conservadoramente para mantener sus privilegios.

La diversidad en la unidad siempre es necesaria para conformar una Identidad nacional sólida, cuya estrategia de inserción internacional debe tener un cuerpo de concepciones coherentes, una planificación de sus acciones, una voz homogénea y una política de comunicaciones apropiada.