lunes, 9 de abril de 2012

Planes sociales: Apuntes para avanzar hacia la renta básica de ciudadanía (1)


Por Daniel Panaro

La Renta Básica es un ingreso pagado por el estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva.

(De la página de inicio de “Red Renta Básica”)

EL EJEMPLO DE BRASIL

En enero de 2003, Lula lanzó el programa Hambre Cero, un conjunto de medidas destinadas a asegurar a todos los habitantes de Brasil el derecho humano a la alimentación adecuada.

El programa -en rigor, un conjunto de más de 30 programas- puso el foco de la opinión pública local e internacional sobre la contradicción de que millones de personas no tengan suficientes alimentos, en un país donde éstos abundan.

Dentro de este conjunto de medidas, el Programa Bolsa Familia es una herramienta fundamental. Se trata de un programa de transferencia de renta de una escala inédita, considerado por el Banco Mundial como el mayor del mundo.(2)

El debate sobre la necesidad de tomar medidas de fondo para solucionar los graves problemas de pobreza y exclusión que agobiaban a Brasil había cobrado importancia una década antes, durante los dos períodos presidenciales de Fernando Cardoso.

Al finalizar el segundo período presidencial de Cardoso, en 2002, había en Brasil diversos programas de transferencia de renta. Entre los principales: Bolsa Escuela (Ministerio de Educación) Bolsa Alimentación (Ministerio de Salud) Auxilio Gas (Ministerio de Minas y Energía) y la Tarjeta Alimentación (Ministerio de Seguridad Alimentaria).

En octubre de 2003 todos ellos fueron unificados en el Programa Bolsa Familia, con el objetivo de racionalizar y hacer más eficiente el gasto social.

Con estos antecedentes, el 8 de enero de 2004 el presidente Lula promulgó la Ley N 10.835, que instituyó una Renta Básica de Ciudadanía (RBC) a partir del año 2005.(3)

Se trata de un ingreso que se paga mensualmente, y que constituye un derecho para todos los habitantes del país; inclusive para los extranjeros que tengan una residencia de al menos 5 años en el territorio.

El pago es independiente de la situación socioeconómica de los ciudadanos, y el monto se fija de acuerdo a las necesidades alimenticias, de educación y de salud.

La RBC se está implementando por etapas, comenzando por los grupos más desposeídos.

Actualmente, el monto mensual para cada familia puede variar entre R$ 32 y R$ 306, según el número y edad de los hijos.

En contrapartida, la familia debe demostrar que los niños han sido vacunados conforme el calendario del Ministerio de Salud. Asimismo, los niños y adolescentes entre seis y dieciséis años deben ir a la escuela y acreditar por lo menos el 75% de asistencia a clase.

Paralelamente a la promulgación de la Ley, se llevó adelante un importante rediseño institucional con la creación del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS) que reunió, además de la coordinación de las acciones de seguridad alimentaria y nutricional, todo lo relacionado a la asistencia social y a la transferencia de ingresos.

Se logró de esta manera la creación, expansión y mejoramiento progresivo de la gestión de un padrón único de beneficiarios, permitiendo mejorar la eficiencia y reducir los costos operativos.

Actualmente el programa llega a 13.000.000 de  familias; es decir, más de 50.000.000 de personas. (4)

Todas las investigaciones realizadas hasta el presente arrojan resultados positivos como resultado de la implementación del plan.

En lo que hace a la implementación del programa, la experiencia permite asegurar que:

Es necesario un fuerte y sostenido compromiso político, idealmente multipartidista, para superar las resistencias de quienes tienen intereses en perpetuar el clientelismo. Para ello, es imprescindible plasmar este compromiso en leyes y políticas públicas que garanticen su continuidad, independientemente de quién ocupe el gobierno.
Es imprescindible actuar lo más rápido posible para lograr que toda la población en situación de inseguridad alimentaria tenga acceso a los alimentos; pero, al mismo tiempo, se deben crear instituciones, políticas y programas que enfrenten las causas complejas de esa vulnerabilidad, de manera que se respeten los derechos y la dignidad de todos.
Para ello es necesario adoptar un enfoque multidisciplinario y multisectorial que garantice el compromiso total y coordinado de todas las entidades relacionadas con la producción, la calidad y el consumo de alimentos, así como las relacionadas con temas como la salud, la nutrición y la educación.
Los programas diseñados a esta escala deben ser entendidos como programas en permanente construcción. Por lo tanto, es necesario implementar, desde sus inicios, sistemas de monitoreo y evaluación que permitan realizar los ajustes necesarios para optimizar la gestión. Entre esos sistemas, es fundamental la creación de un padrón único, que permita no solamente llegar eficientemente a los beneficiarios, sino que -sobre todo- asegure transparencia en el manejo de los recursos.
La conclusión fundamental es que los programas de reducción de la pobreza a gran escala pueden ser fiscalmente sostenibles en el tiempo, aún en países como los nuestros.
PROPUESTAS PARA LA ARGENTINA 2012

En principio, cualquier crítica que se realice a la Asignación Universal por Hijo (AUH) debe partir de la base de que no solamente se apoya al sistema, sino que se lo debe profundizar, avanzando, a partir de lo existente, hacia la RBC.

Para ello las principales acciones a emprender son:

La implantación de la RBC por ley del Congreso como derecho básico para todo ciudadano y residente con un mínimo de tiempo en el país.
Esa ley debe especificar cuál será el  origen de los recursos asignados a la RBC.
La creación, expansión y mejoramiento progresivo de la gestión de un padrón único de beneficiarios.
Que la asignación de la RBC se inicie con un plan de Inclusión Social, cuyos beneficiarios serán todas las mujeres embarazadas desde el momento de la concepción y todos los niños menores de 12 años que asistan a escuelas del Estado.
Que el Poder Ejecutivo pueda fijar los montos mensuales de las asignaciones, garantizando su actualización mediante un parámetro confiable, que evite que dicho monto se ubique por debajo de la línea de indigencia y posteriormente del de pobreza.
Que el Poder Ejecutivo se obligue a aprovechar la RBC como un instrumento que permita monitorear y asegurar la inserción educativa y los controles sanitarios de todos los receptores de la asignación.
Recurrir a organismos internacionales de reconocida idoneidad, tales como la FAO y la UNICEF para que brinden apoyo técnico al momento de estructurar y monitorear las acciones.
Transformar el actual Ministerio de Desarrollo Social en el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y Social, encargado de ejecutar las acciones antedichas y toda otra que apunte al bienestar de los habitantes de nuestra Patria.
Cuáles serían las diferencia fundamentales entre estas ideas y las que actualmente aplica el Gobierno Nacional con la AUH

La AUH está instalada por Decreto1602/09, lo que deja su permanencia y profundización al arbitrio del Ejecutivo (actual y/o futuro) y tiñe toda la operación de sospechas de Clientelismo.
La AUH no tiene una asignación genuina de recursos (la asigna a la ANSES) y, por lo tanto su monto quedan al arbitrio del PE sin ningún tipo de parámetro externo.
El cobro de la AUH está directamente relacionado a la permanencia en estado de necesidad  lo que la caracteriza como instituto de emergencia, 5 la aleja del proyecto de RBU y, de manera práctica, favorece el crecimiento del trabajo en negro a pedido de los propios beneficiarios, que temen ser excluidos  del beneficio si cobran en blanco.
La AUH convive sin coordinación alguna con todo tipo de planes similares asignados por la nación, los Gobiernos Provinciales y los Municipios, lo que da lugar a injusticias, favoritismos, clientelismo y negociados de todo tipo, sin contar con la oportunidad perdida de construir un verdadero padrón de ciudadanos argentinos en situación de exclusión, que permita monitorear los avances en la materia y los efectos de las medidas aplicadas. Esta situación permite al PE arbitrariedades destinadas a “domesticar” a los gobernadores, intendentes y organizaciones sociales “díscolos” a través del otorgamiento o quita de “planes”.

(1) Los datos de este artículo están tomados del libro del Dr. Eduardo Duhalde “De Tomás Moro al Hambre Cero: La renta básica de ciudadanía” Buenos Aires. Planeta. 2011.

Las opiniones, en cambio, me pertenecen.

(2) Banco Mundial, 19/12/2005. Disponible en www.go.worldbank.org/B2IAK5G3F0

(3) Quienes deseen profundizar en el tema de la Renta Básica Universal o Renta de Ciudadanía, pueden encontrar mayores datos en http://www.redrentabasica.org/

(4)  Estos y otros datos figuran en http://www.mds.gov.br/bolsafamilia

(5) Ver http://www.anses.gob.ar/AAFF_HIJO2/incompatibilidad.php

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