Por
Orlando Novara
Con la
nacionalización de YPF hoy los argentinos estamos frente a la posibilidad de un
saludable cambio de rumbo en materia energética, que debemos apoyar pero que
para evitar una nueva frustración no lo podemos hacer de cualquier modo.
Recordemos que en el lapso de casi un siglo pasamos del orgullo por la YPF
modelo y pionera de Mosconi, a la perplejidad de encontrarnos con quizá la
única empresa petrolera del mundo que, acosada por la ineficiencia y
corrupción, daba pérdidas.
Como hoy
se desataron pasiones y se ensayaron todos los libretos. Las contradicciones
estuvieron a la orden del día como si ellas fueran nuestro insumo preferido.
Medio siglo atrás con el radicalismo apuntamos al autoabastecimiento con los
“contratos petroleros” de Frondizi que luego, con Illia, fueron denunciados y
anulados. Más cerca, hace dos décadas, el peronismo privatizó la misma YPF que
ahora nacionaliza. Arranque y freno, marcha y contramarcha. Punto muerto de una
Nación que burla y busca su destino.
Argentina,
ya no tiene margen para equivocarse. La política energética exige coherencia y
continuidad y no tolera más vaivenes. Con independencia de nuestras posturas
políticas o ideológicas, o de lo que piense el mundo, en esta situación ya no
será posible ni volverla a quebrar ni privatizarla al mejor postor. Es la
oportunidad de la crisis: estamos obligados a tomar el timón y sumergirnos en
el horizonte con la proa hacia el puerto. No tenemos otra alternativa que
enderezar, sanear y hacer de YPF una locomotora productiva.
Eliminar
la corrupción y la ineficiencia es, ni más ni menos, lo que debimos hacer antes
y lo que tenemos que hacer ahora. YPF nunca debió privatizarse porque una
nación que es soberana no puede enajenar recursos energéticos que son
estratégicos para el desarrollo integral del país. Sin embargo, es necesario
recordar que cuando Menem vendió en 1992 el control de YPF a Repsol, encontró
en los Kirchner los socios más entusiastas.
Los
archivos custodian la memoria y no mienten. La actual familia gobernante vendió
a la empresa española el 4,3% de las acciones de Santa Cruz. Con ello
obtuvieron casi 500 millones de dólares que salieron y entraron del país sin
control de itinerario ni de la ulterior aplicación. Luego vino la
“argentinización”. Un oscuro negocio financiero por el cual el grupo regenteado
por Ezkenazi, casi sin dinero ni garantía conocida y con la “generosa” ayuda de
Repsol se quedó con el 25% de YPF.
Como no
es habitual conseguir tanto con tan poco, surgieron las dudas e interrogantes.
¿Esos 500 millones fueron el aval oculto de la operación? ¿Solo respaldo de un
negocio privado con patrimonio público? ¿O será que la familia Eskenazi Es ”k”?
¿Na o Zi? ¿Y usted qué opina? ¿No o sí? Quizá algún día podrá dilucidarlo la
justicia que, según dicen, tarda pero llega. Ahora una parte de ella,
aprovechando el ruido, estaría entretenida en liberar de responsabilidad a
Boudou. Tiene que demostrar que no conoce a su presunto socio y que éste, como monotributista
fantasma, puede hacerse cargo de fabricar los billetes de los argentinos.
¿Tanto con tan poco? ¿Por qué no? Cartón lleno.
No
podemos saber si la historia de los billetes desplazará o no a la
“argentinización” del petróleo, como obra maestra del capitalismo de amigos.
Pero lo que sí sabemos es que esta última fue nefasta para YPF y le vino como
anillo al dedo a Repsol. Para facilitar el
acuerdo con Ezkenazi (que compraba sus acciones con las ganancias) se habilitó
a la compañía una irracional distribución de utilidades con absoluto desmedro
de la inversión. Esta decisión además de descapitalizar y desmantelar la
empresa, desató la necesidad de importar combustibles sin respaldo de divisas y
en una magnitud que hipoteca al país.
La
voluntad nacionalizadora nació de esta falta de dólares para enfrentar el
desmadre energético autogenerado por negocios poco trasparentes. De otro modo
cabe preguntarse porque, en su momento, el negocio “redondo” realizado para
beneficiar a Ezkenazi y sus socios, no se lo hizo para que sea el Estado el que
se quedará con esa cuarta parte de la empresa. Es más: para lograr la mayoría
en YPF ahora podría haber alcanzado con comprarle baratas las acciones al
mencionado grupo y, simultáneamente, presionado a Repsol para que desinvirtiera
su participación accionaria en la empresa.
Pese a
que el relato épico no lo deja ver, la actual expropiación no recupera
patrimonio ni soberanía sobre el petróleo y el gas porque estos eran y siguen
siendo propiedad pública provincial. La nacionalización es sobre Repsol por eso
tampoco queda muy claro porque el avance fue sobre una firma endeudada (casi
9.000 millones de u$s) y sin patrimonio (petróleo) en lugar de procurar los
objetivos enunciados a través de Enarsa. Ésta bien pudo extender su potestad de
la plataforma marítima a la territorial y luego las provincias podrían haber
derivado sus concesiones a ella.
Estas
posibles alternativas, planeadas con tiempo, sin duda tenían menos carga
simbólica y rentabilidad política para el gobierno pero, en todo caso, hubieran
sido muy útiles para el país en vista a evitar los efectos secundarios, o no
tanto, de la actual expropiación. Nos referimos al cuestionamiento sobre la
seguridad jurídica y los costos internacionales de la medida en materia de credibilidad,
confiabilidad y reticencia inversora a futuro. Algunas de estas consecuencias
ya llegaron con el incremento del riesgo país y el encarecimiento del crédito
externo: la tasa en emisión de los bonos provinciales ya aumentó un 30%.
Es cuando
menos curioso que quienes presumen ser los principales defensores del rol del
Estado en la sociedad, son aquellos que al mismo tiempo lo paralizan y degradan
en sus funciones de contralor del interés popular. La expropiación, tal como
está diseñada, es continuista en lo que a fiscalización se refiere. Esto es así
porque la YPF que se propone mantiene la modalidad jurídica de una sociedad
anónima (S.A.) que, como tal, no puede ser fiscalizada por los órganos de
control del Estado.
No es un
detalle menor. Se ha dicho con razón que las SA en el Estado son la matriz de
los negocios del poder que disponen del patrimonio público en beneficio de
ciertos grupos privados de la élite. Alardea con oponerse a los procesos de
privatización pero no avanza en la dirección del capitalismo de estado bien
entendido. Es un hibrido que tampoco es de por si novedoso como lo demuestra,
por ejemplo, algunos fenómenos de degradación estatal en manos de la mafia
rusa. Un paso más adelante (en deterioro), de lo que fue la burguesía prebendaría
que oportunamente supo colonizar al Estado argentino.
Además de
lo dicho hay voces que se oponen a la decisión adoptada por el gobierno con YPF
porque la presidenta y su staff del área, se cansaron de hacer la apología de
Repsol, de avalar con su firma la política petrolera y de subestimar los
problemas. Otros fundan su oposición en la pulsión gubernamental por las
“cajas” (Anses, Banco Central) o señalan que además de las urgencias económicas
ha jugado la necesidad de cubrir el escándalo de Amado Boudou (Ciccone). Son
argumentos válidos para cuestionar al gobierno como abanderado impoluto de la
nacionalización pero no para cuestionar la medida tomada.
¿Con
estos antecedentes es posible apoyar la nacionalización de YPF? Sí lo es. Lo es
porque la legitimidad de la misma así como no está dada por las presuntas
virtudes del gobierno tampoco deja de estarlo por sus errores. La legitimidad
emana de la necesidad de la Nación de contar con una herramienta propia (YPF)
para su política petrolera. Más allá de las complicidades lo importante es que
este instrumento no estaba al servicio del país y de aquí en más tiene la
posibilidad de estarlo. Que el gobierno lo garantice o no es harina de otro
costal. Al margen de sus intenciones no tenemos por qué creerlo eterno.
Que
Repsol estaba enajenada a otros intereses lo demuestran las irregularidades en
las que ha incurrido. Desde el ocultamiento de información estratégica, hasta
evasión fiscal. Es decir exportaciones realizadas con declaraciones juradas no
auditadas, con hasta un 70% de liquidación de divisas en el exterior y con
presunción de contrabando. Esto junto a manipulaciones bursátiles y
estadísticas sobre extracción, consumo interno, exportación y reservas que
contabilizó pero que nunca informó. Hay que separar la paja del trigo los
desaciertos del gobierno no invalidan la medida ni avalan a la conducción
española.
Lo
anterior es también la consecuencia natural de la ausencia del poder de policía
del Estado pero lo más grave fue la descapitalización. Repsol no invertía en el
país, mientras lo hacía parcialmente en Brasil y otros países. Inducida por la
crisis española en los últimos años, además, remitía las utilidades de aquí a
sus mandantes ibéricos. Así se forjó el vaciamiento de YPF y la pérdida de un autoabastecimiento
que costó varias décadas en alcanzar y se dilapidó en ocho años. Desenlace no
tan imprevisible cuando la Nación deja de ser un actor significativo de la
política energética.
Hay
quienes para fundar su oposición a la nacionalización de YPF quitan
responsabilidad a Repsol por la desinversión y se la cargan exclusivamente al
gobierno. Lo hacen con el argumento liberal de que fue el Poder Ejecutivo el
causante de la falta de inversión. La caída en cascada de la producción sería
producto de los precios (bajos) regulados por un gobierno acosado por el
drenaje de los subsidios. Sostienen para corroborarlo que Repsol no llega al
35% del mercado y que la caída productiva se verifica también en la inmensa
mayoría de las otras firmas que operan en el país. Es cierto ¿Y?
No hay
mentira más peligrosa que una verdad a medias. Es cierto que eso también ha
sucedido y que, en el mejor de los casos, el gobierno fue ingenuo. No es lógico
suponer que Repsol como cualquier empresa multinacional va a renunciar a maximizar
ganancias. Si le pagan menos y la dejan, siempre va a preferir usar las
utilidades logradas aquí para producir petróleo en otros países donde pueda
cobrar el precio internacional. Pero, otra vez, de ello no se infiere que sea
incorrecta o inconveniente nacionalizar YPF.
Hay que
tener en cuenta, por el contrario, que la actividad petrolera bien administrada
genera ganancias extraordinarias y esta debería ser una razón más que
suficiente para apoyar la nacionalización de YPF. Una empresa pública nacional
subordinada al interés local puede ahorrar y beneficiarse con el enorme
diferencial entre el costo y el precio del combustible cuyos valores, en muchos
casos, oscila entre 10 y 110 dólares el barril. Aunque no sea indistinto que
esa renta se use en subsidios o para capitalizar a YPF, la clave hoy no es como
se la aplica sino quien se la apropia.
La
discusión fundamental no es, entonces, si se valoriza el deseo del gobierno por
enmendar o subsanar los graves errores cometidos o si se desconfía de esta
eventual voluntad o de su capacidad para hacerlo. Los hechos dirán. Hoy lo
esencial es reconocer como conveniente y legítimo que los argentinos nos
apropiemos de la renta petrolera. Sobre todo cuando una de las cosas que pueden
estar en juego es la potencialidad económica del reservorio de la “Vaca
Muerta”, en Neuquén. Una reserva que, en su tipo, se presume como la 3ra. en el
mundo.
Quien
suscribe estas líneas cree, aunque carezca de elementos para corroborarlo, que
si esto último es efectivamente cierto, la medida adoptada con YPF puede
trascender de lejos el derecho inalienable al autoabastecimiento y pasar a ser
una decisión soberana de carácter estratégico. Nuestro país quizá hoy no esté
en condiciones económicas para explotar esta cuenca petrolera pero sí puede
poner las condiciones para hacerlo. La nueva YPF no necesita socios dentro de
la empresa, pero puede asociarse con otros inversores para que colaboren con
ella, a partir de contratos de mutuo interés.
El
horizonte que abre esta como otras alternativas no podría existir, bajo las
anteriores circunstancias, con una empresa en manos extranjeras. Nadie que
comparta esta convicción puede rechazarla porque la medida la impulsan sus
adversarios políticos. Aunque también sea cierto que es difícil imaginar que la
misma conducción que complicó a YPF sea capaz de salvarla. Apoyar lo que está
bien y rechazar lo que está mal es hoy una conducta sin espacio ni rédito
político. Un dilema y un desafío que aunque no se resuelva no puede dejar de
formularse.
Una posición
frente al dilema
Hay que
superar la estafa ideológica y chantaje emocional que sufren todos aquellos que
siempre han querido y quieren una YPF nacional, pero que hoy deben traicionarse
o abstenerse de apoyar porque no se resignan a convalidar ni indultar a los
responsables de su reciente vaciamiento. Corresponde superar, también, la
ingrata dualidad moral que debe embargar a quienes comparten la orientación,
los enunciados y la decisión del gobierno, pero que no pueden dejar de saber,
aunque lo silencien, la responsabilidad que le cabe al Poder Ejecutivo por esta
desastrosa política energética.
Sabemos
que esta doble superación es muy difícil pero también imprescindible. Por ello,
por lo que está en juego y más allá del trámite parlamentario, los sectores con
conciencia nacional del oficialismo y de la oposición, tienen que pronunciarse
activamente de aquí en más. Deben ejercer el derecho a apoyar los objetivos
genéricos de la ley, sin renunciar a formular y acordar en particular una
posición común para modificar aspectos centrales de su articulado, en torno a
los siguientes ejes:
1. Pronunciarse a favor del sentido
preliminar y medular de la ley propuesta por el Ejecutivo que declara de
utilidad pública la nacionalización de YPF, por la que se consagra la soberanía
sobre las etapas del ciclo energético y se preserva para el Estado Nacional el
control mayoritario de la empresa. Una decisión que supone recuperar un resorte
estratégico de los argentinos y un cambio de rumbo respecto de una
privatización que nunca debió realizarse. En los 90 YPF necesitaba de un
profundo saneamiento pero, de ningún modo, cabía entregarla a intereses ajenos
que, durante dos décadas, terminaron por vaciar a nuestra principal empresa.
2. Eliminar, en particular, la
actual figura de YPF Sociedad Anónima, que a futuro impiden los controles de la
Auditoría de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y el Congreso
Nacional; remplazándola por la forma jurídica de YPF Sociedad del Estado. Esto
habilitará el control y fiscalización de las mencionadas instituciones; a lo
que debe añadirse la colaboración adicional de un Consejo de Políticas
Energéticas, a crear, donde estén representados todos los actores de la cadena
productiva, incluyendo a proveedores y consumidores.
3. Extender para ello el control
accionario de YPF Sociedad del Estado que se propone del 51% a más (o no menos)
del 80%, a partir de adquirir las acciones del Grupo Petersen-Eskenazi, las hoy
residuales de la española Repsol y las de otros actores identificables de la
empresa. El resto seguirá perteneciendo a pequeños inversores del público, en
el ámbito de la Bolsa de Buenos Aires y de Nueva York.
4. Proporcionar esta mayoría
accionaria de YPF Sociedad del Estado a partir de los recursos ya previstos,
más los que puedan proporcionar la banca pública y el ANSES. Apelando, este
último, a fondos disponibles por fuera de sus obligaciones previsionales y/o
liquidando las posiciones accionarias que hoy tiene en otras empresas. Estas fuentes
de inversión pública, eventualmente, podrían reforzarse con un Fondo Patriótico
pautado y de carácter voluntario, al que puedan concurrir desde las empresas y
las Obras Sociales hasta los inversores individuales.
5. Establecer a partir de esta nueva
estructura accionaria de YPF Sociedad del Estado una reconfiguración de la
participación relativa y mayoritaria de la Nación; la de nuestras provincias y
la de los nuevos actores incorporados, con inclusión de los trabajadores del
sector. Para estos últimos, además, se debe contemplar una reformulación de los
Programas de Propiedad Participada revirtiendo las estafas a las que fueron
sometidos desde su puesta en marcha.
6. Determinar que la mayoría
accionaria de YPF debe corresponder a la Nación porque es el instrumento que
pone en valor los recursos del subsuelo que en ellas deberían estar incluidos
como “propiedad imprescriptible e inajenable” (según lo indicaba el art.40 de
la Constitución de 1949). Asimismo el fundamento Federal de la Republica obliga
a incluir también en la participación accionaria a todas las provincias sin
excepción. Ello con un debate específico para la eventual aplicación de
indicadores diferenciales a favor de aquellas que actualmente son productoras.
7. Realizar por Concurso Público la
convocatoria de especialistas para la integración del staff directivo y
gerencial de la empresa, por cuanto esta necesita de una conducción
profesional, técnica y ejecutiva, que este a la altura de los desafíos
planteados. Jóvenes o no los protagonistas deben ser ponderados solo por su
capacidad y experiencia y no por la mera condición de políticos amigos del
poder. No es conveniente olvidar que el carácter público o privado de la
propiedad, nada nos indica sobre la naturaleza de la gestión, ya que en ambos casos
esta puede ser desde muy buena a pésima, como lo corroboran ejemplos propios y
ajenos.
8. Habilitar una auditoría
económica, financiera y operativa de la empresa petrolera y de las reservas de
nuestro subsuelo, tanto reales como potenciales. Establecer, al mismo tiempo,
mecanismos de medición e indicadores sistemáticos de control en los pozos y en
cada etapa del ciclo de exploración, producción, elaboración, distribución y
venta del combustible, donde YPF tenga competencia. Determinar, del mismo modo,
severas sanciones para los funcionarios de cualquier nivel, que trasgredan
cualquiera de las normas que hacen a la ética pública. La YPF nacional debe
recuperar el espíritu paradigmático de su fundador, el general Mosconi.
9. Concretar entre YPF Sociedad del
Estado y las empresas petroleras instaladas en el país o con voluntad de
hacerlo, asociaciones puntuales de mutua conveniencia con protocolo ambiental,
para la explotación de algunos yacimientos. No cabe el infantilismo sería
fantástico poder llegar al autoabastecimiento solo con inversión local pero
esta no alcanza. Aun así no son socios los que necesita YPF aunque sí requiere
de contratos con compañías que aporten capital.
10. Exigir que estos nuevos contratos
dejen de ser negocios de trastienda, a espaldas del país, para pasar a ser
herramientas transparentes y eficaces de una política energética consensuada de
cara al autoabastecimiento. Esto requiere terminar con la improvisación y
desprolijidad gratuita de algunos procedimientos en curso. La actual crisis internacional
induce a que los flujos de inversión externa beneficien a los países
emergentes. Pero para no quedar afuera de estos hace falta de una estabilidad y
transparencia en las reglas de juego hasta ahora ausentes.
Se dirá
que prácticamente no existen condiciones políticas en la llamada clase
dirigente para que prospere en el corto plazo una posición como la expuesta. Es
cierto. Pero lo es, también, que el mismo pueblo que mayoritariamente apoya a
YPF en manos del Estado, rechaza la ineficiencia, el desmanejo y la corrupción.
Sabe que la empresa es inviable si ella es conducida con la misma gente y
criterios que la hundieron.
Nada
indica que esto haya sido cabalmente advertido. Parecería que falta honestidad,
sensatez y grandeza. En el oficialismo falta honestidad para reconocer la
responsabilidad central que le cupo al gobierno en el desarrollo de la crisis
energética .En la oposición falta sensatez para percibir que estamos frente a
un giro que aun puede ser positivo y que ya no hay espacio para nuevos virajes.
Y en el conjunto de la clase política falta grandeza para sobreponerse al
verticalismo y los intereses de círculo y encontrar un camino común que valore
la intención de revertir errores y, sobretodo, que evite repetirlos.
