Drogas para todos

por Mariano Rovatti 



La Cámara de Diputados de la Nación trata en comisión el proyecto de despenalización del consumo personal de drogas. El mismo había sido pensado al principio, limitado a la marihuana, pero finalmente, el Frente para la Victoria, La Unión Cívica Radical y el Frente Amplio Progresista extendieron el alcance del proyecto a toda la gama de estupefacientes. De todos modos, aún no se han puesto de acuerdo en la redacción de un dictamen único.

En la Argentina, la última década ha sido la edad de oro para la producción, tráfico y consumo de drogas. Se desconoce cuál es el plan que lleva el gobierno para el combate de este flagelo social, así como resulta una incógnita cuál sería el plan alternativo de la oposición al respecto.

Hoy, la Argentina en toda su extensión social es un campo fértil para el narcotráfico. Drogas blandas y duras, baratas y caras, están al alcance de niños, jóvenes y adultos; ricos, pobres y clase media. La inoperancia de las autoridades, la acción de los medios de comunicación y el estilo de vida contemporáneo lleno de vacíos, favorecen el aumento exponencial de la oferta y la demanda de drogas.

 Todas ellas –sin excepción- generan daños irreversibles en la salud física de quienes la consumen, con el agravante que la adicción que las mismas provoca lesiona el bien máximo de las personas: la libertad.

Es obvio que criminalizar el consumo no es la solución, y que conviene mucho más tratar al adicto como un enfermo, aunque el consumidor no se considera como tal.

 También es cierto que hoy el consumo de marihuana ya es libre de facto en las calles de nuestro país, ya que se generalizó sin ninguna consecuencia legal ni social en su contra.

 Quienes estimulan la despenalización, arguyen que en los países que se ha practicado, el consumo de drogas ha bajado. Sin embargo, nadie muestra estadísticas confiables que certifiquen esa afirmación.

 De aprobarse, esta ley constituirá un doble triunfo para el narcotráfico: su mercado estará más liberado, e impondrá culturalmente la idea de que drogarse no es malo. La naturalización del consumo de drogas –tendencia apoyada claramente por los medios de comunicación- encontrará un aliado firme en la legislación vigente.

El Congreso Nacional deberá trabajar con responsabilidad y valentía este tema, encarándolo como una prioridad de Estado. El programa para combatir el narcotráfico, reducir el consumo y recuperar a los adictos, debe ser elaborado por los tres poderes del Estado, con participación de los especialistas en la materia, desde el ángulo legal, sanitario y social. La despenalización va en el camino contrario.

Pobreza: unidos o dominados

Por Fabián Rapolla

Recuerdo la frase de Evita. Una vez. Y otra vez. En la interrogativa soledad de un niño sucio y descalzo que camina por plaza Francia: “Donde hay una necesidad hay un derecho agraviado”. La pobreza hiere, lastima, insulta…hasta sangrar. En la Argentina la pobreza, hace más de un siglo que detenta carácter estructural. Tristemente. Ha sido y es objeto de análisis, mediciones, supuestos estudios profundos, planes asistenciales, pero lo cierto es que, con excepción de lo realizado por el Gral. Perón en sus dos primeras presidencias, nadie, con  posterioridad, ha intentado erradicarla. Nadie ha intentado eliminar las causas que la originan y nadie ha intentado seriamente, llevar a los pobres a un claro y estable nivel de dignidad tal como el que gozan el sesenta por ciento de los argentinos. Este porcentaje a muestra que cerca de dieciseis millones de connacionales viven en situación de pobreza. En la Argentina solo se la ha administrado, casi como si fuera un recurso. De hecho lo es. El asistencialismo y los planes sociales han servido para que los que la padecen sean herramientas útiles al servicio de la dirigencia política y económica. Por supuesto que la responsabilidad no es sólo de la clase dirigente. La pobreza institucionalizada, ya es patrimonio del entramado social nacional.

Y con la pobreza, la marginalidad. La pobreza que se convierte, paradójicamente en  objeto de culto de aquellos que la sufren. Simplemente porque ya no creen merecer otra vida mejor. O que ello sea posible. Esto es la resultante de un largo, fino y perverso proceso llevado a cabo por sectores sociales económicamente favorecidos que junto a sus aliados mediáticos de oportunidad, han pergeñado, muy solapadamente, el argumento cultural de que la pobreza es justificable, que poco se puede hacer ante ella y que, en fin, es parte de las divisiones sociales. Divisiones que tienen como objeto final sostener el asombroso  conjunto de intereses de las grandes corporaciones económicas, financieras, industriales y terratenientes. Este proceso perverso, ejercido a través de décadas y décadas de opresión y destrato hacia los desposeídos ha generado que la sociedad no vea con tan malos ojos la pobreza y que por ende la  acepte como un hecho más de la vida.

La estructuralidad, como hecho psico-socio-cultural de la  sociedad argentina se muestra en las descalificaciones cotidianas, que desde hace décadas, sufren los pobres (negros o cabecitas) a manos del resto de la sociedad.

El aspecto institucional de la estructura de pobreza lo marca el sostenimiento de la misma por parte de los distintos gobiernos que nos han sucedido, con la excepción ya referida.

De la pobreza no se sale solo con medidas económicas, solamente. Su estructuralidad de ya más de cien años, ha generado una conciencia de terrible opresión en las mentes de los que la padecen. La sensación de que la misma es un destino irremediable solo puede ser desarraigada a través de un trabajo lento y paciente que establezca, gradualmente, un sistema educativo y cultural-sobretodo- novedoso, que acople definitivamente a los sectores marginados con el resto de la sociedad. Que inserte y sostenga,  principalmente que sostenga.

Para los sectores medios, en  general, la pobreza es una incomodidad. Se percibe en el discurso cotidiano. Sintonía fina que le dicen, ahora. Ese discurso elegante, educadamente pulido-a veces- pero que conlleva en sí, la marca de un pensamiento segregacionista.  “Ellos son otros, no somos iguales, no tenemos nada que ver, nada nos identifica, ni siquiera el hecho de vivir en el mismo país”. Este pensar, es, sin dudas, el corazón de la estructuralidad en cuestión.

Esto ha sido exacerbado en el campo político. Los sectores progresistas usan al desposeído como bandera de lucha y reavivan en ellos el dolor de ser y el resentimiento de no ser. Los sectores liberales, alineados al poder económico, alimentan un discurso de pretendida libertad mientras fijan  políticas recesivas y opresivas, que en la práctica no han hecho más que ahondar la pobreza y marginalidad estructurales.

La marginalidad es hija de la pobreza. Los indigentes, los niños de la calle, las familias de las plazas y baldíos, los “trapitos”, los limpiavidrios, la prostitución,


la trata de blancas, la delincuencia juvenil, las bandas callejeras, la violencia en espectáculos públicos, las barras bravas, los adictos que sobreviven a las puertas de toda barriada marginal y que ven como la vida se les va entre dosis y dosis; todos ellos son manifestaciones y actores principales de la marginalidad. Representan la locura de la pobreza, el grito desesperado en una sociedad que intenta esconder a sus muertos en el placard.

Una estructura no se remueve tan fácilmente. Es un proceso lento que requiere tiempo. Requiere de otra estructura. Principalmente, de una estructura política, firmemente decidida en su discurso y en su acción. Finalmente, requiere de un honesto e incisivo plan sociológico, cultural, educativo y psicológico. Requiere paciencia, y perseverancia. Y una presencia permanente del Estado, acompañando el crecimiento de los postergados. Los recursos económicos están. Falta la decisión política global. ¿Un nuevo pacto, tal vez?

Existen ciertas medidas, bien concretas, que se pueden instaurar.  Por supuesto, ello deberá ser acompañado por la voluntad del conjunto político. A saber:

Determinar como política de estado, a través de un pacto social, la erradicación completa de la pobreza.
Desarrollar entre cinco y seis polos industriales a lo largo de todo el país. Entre el Estado y las industrias se deben crear centros de capacitación específicos donde el ingreso de las personas en situación  de pobreza sea de prioridad absoluta.
Establecer convenios entre el Estado y estas empresas, por los cuales ingresen a estas últimas, personas desocupadas en situación de pobreza. El Estado se hará cargo de un porcentaje del salario durante los dos primeros años. De este modo se subsidia el trabajo y no el status quo de la pobreza.
Favorecer el crédito blando a pequeñas y medianas industrias y emprendimientos comerciales novedosos y/o necesarios para el desarrollo de áreas vitales de la economía nacional.
Favorecer el crédito hipotecario masivamente.
Reorganizar el sistema educativo, estableciendo contenidos teóricos y prácticos que apuntalen la integración y equidad social, el desarrollo de valores espirituales, el fomento de talentos y capacidades personales, los derechos inalienables  (salud, educación, trabajo, vestimenta, vivienda, justicia, esparcimiento),  entre otros.
Fomentar a través de un sistema de becas integral (cuota, material de estudio, viáticos y salario para estudiar) el ingreso de personas en situación de pobreza a universidades públicas, privadas y centros de estudios terciarios especializados.
Crear un cuerpo permanente interdisciplinario compuesto por asistentes sociales, psicólogos, operadores terapéuticos, sociólogos y médicos que trabajen en el seguimiento de las problemáticas y necesidades de toda la población en situación de pobreza y marginalidad (salud, educación sexual, violencia de género y familiar, adicciones, familias disfuncionales, niños y adultos con capacidades diferentes, etc). Estos deberán operar en centros asistenciales ubicados dentro de los barrios en situación de pobreza.
Desarrollar un plan de formación artística y cultural a través de la creación de centros artísticos en los barrios carenciados,  que trabajen coordinadamente con centros de formación artística y cultural públicos y privados reconocidos, de modo permitir la inmediata inserción en estos últimos, de aquellas personas que se destaquen en las distintas disciplinas.  
Desarrollar centros de formación y capacitación deportiva, profesional y recreativa, en los barrios carenciados, que trabajen coordinadamente con instituciones deportivas reconocidas,  de modo permitir la inserción inmediata en estas de aquellos niños y jóvenes con habilidades notorias en las diferentes disciplinas.
Crear dentro de estos barrios centros de formación que brinden capacitación gratuita en diferentes oficios y profesiones, con salida laboral garantizada por el Estado.
Desarrollo de un plan nacional de viviendas gratuitas para personas en situación de pobreza.
Desarrollo de los puntos anteriores en un plan de propaganda en todos los medios.  Organizar campañas publicitarias educativas de políticas que fomenten la igualdad social y de oportunidades y la erradicación definitiva de la pobreza.
Fomento de cooperativas de trabajo en los barrios carenciados, con financiamiento del Estado.

La justicia social implica equidad social. Y ello, igualdad de derechos y oportunidades. Igualdad como miembros plenos de esta sociedad. El catalizador del proceso de cambio es la educación. Y la cultura. La expansión artística, la libertad y el amplio desarrollo educativo y cultural, son determinantes para gestar y sostener el cambio. Sólo se puede evolucionar hacia otra estructura de pensamiento  trabajando en todos los estamentos sociales. Fundamentalmente con las nuevas generaciones.

La acción sostenida y sistemática en el conjunto social, reemplaza las carencias naturales, los temores y las mismas desavenencias que puedan surgir en el proceso de transformación. Romper con el determinismo  que ha colocado a la pobreza en el lugar de lo institucionalizado, implica un obrar conjunto de pensamiento y acción.  Ya sabemos, largamente, que la pobreza no se soluciona con estudios ni retóricas. Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar.  ¿O no, argentinos?

Planes sociales: Apuntes para avanzar hacia la renta básica de ciudadanía (1)

Por Daniel Panaro

La Renta Básica es un ingreso pagado por el estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva.

(De la página de inicio de “Red Renta Básica”)

EL EJEMPLO DE BRASIL

En enero de 2003, Lula lanzó el programa Hambre Cero, un conjunto de medidas destinadas a asegurar a todos los habitantes de Brasil el derecho humano a la alimentación adecuada.

El programa -en rigor, un conjunto de más de 30 programas- puso el foco de la opinión pública local e internacional sobre la contradicción de que millones de personas no tengan suficientes alimentos, en un país donde éstos abundan.

Dentro de este conjunto de medidas, el Programa Bolsa Familia es una herramienta fundamental. Se trata de un programa de transferencia de renta de una escala inédita, considerado por el Banco Mundial como el mayor del mundo.(2)

El debate sobre la necesidad de tomar medidas de fondo para solucionar los graves problemas de pobreza y exclusión que agobiaban a Brasil había cobrado importancia una década antes, durante los dos períodos presidenciales de Fernando Cardoso.

Al finalizar el segundo período presidencial de Cardoso, en 2002, había en Brasil diversos programas de transferencia de renta. Entre los principales: Bolsa Escuela (Ministerio de Educación) Bolsa Alimentación (Ministerio de Salud) Auxilio Gas (Ministerio de Minas y Energía) y la Tarjeta Alimentación (Ministerio de Seguridad Alimentaria).

En octubre de 2003 todos ellos fueron unificados en el Programa Bolsa Familia, con el objetivo de racionalizar y hacer más eficiente el gasto social.

Con estos antecedentes, el 8 de enero de 2004 el presidente Lula promulgó la Ley N 10.835, que instituyó una Renta Básica de Ciudadanía (RBC) a partir del año 2005.(3)

Se trata de un ingreso que se paga mensualmente, y que constituye un derecho para todos los habitantes del país; inclusive para los extranjeros que tengan una residencia de al menos 5 años en el territorio.

El pago es independiente de la situación socioeconómica de los ciudadanos, y el monto se fija de acuerdo a las necesidades alimenticias, de educación y de salud.

La RBC se está implementando por etapas, comenzando por los grupos más desposeídos.

Actualmente, el monto mensual para cada familia puede variar entre R$ 32 y R$ 306, según el número y edad de los hijos.

En contrapartida, la familia debe demostrar que los niños han sido vacunados conforme el calendario del Ministerio de Salud. Asimismo, los niños y adolescentes entre seis y dieciséis años deben ir a la escuela y acreditar por lo menos el 75% de asistencia a clase.

Paralelamente a la promulgación de la Ley, se llevó adelante un importante rediseño institucional con la creación del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS) que reunió, además de la coordinación de las acciones de seguridad alimentaria y nutricional, todo lo relacionado a la asistencia social y a la transferencia de ingresos.

Se logró de esta manera la creación, expansión y mejoramiento progresivo de la gestión de un padrón único de beneficiarios, permitiendo mejorar la eficiencia y reducir los costos operativos.

Actualmente el programa llega a 13.000.000 de  familias; es decir, más de 50.000.000 de personas. (4)

Todas las investigaciones realizadas hasta el presente arrojan resultados positivos como resultado de la implementación del plan.

En lo que hace a la implementación del programa, la experiencia permite asegurar que:

Es necesario un fuerte y sostenido compromiso político, idealmente multipartidista, para superar las resistencias de quienes tienen intereses en perpetuar el clientelismo. Para ello, es imprescindible plasmar este compromiso en leyes y políticas públicas que garanticen su continuidad, independientemente de quién ocupe el gobierno.
Es imprescindible actuar lo más rápido posible para lograr que toda la población en situación de inseguridad alimentaria tenga acceso a los alimentos; pero, al mismo tiempo, se deben crear instituciones, políticas y programas que enfrenten las causas complejas de esa vulnerabilidad, de manera que se respeten los derechos y la dignidad de todos.
Para ello es necesario adoptar un enfoque multidisciplinario y multisectorial que garantice el compromiso total y coordinado de todas las entidades relacionadas con la producción, la calidad y el consumo de alimentos, así como las relacionadas con temas como la salud, la nutrición y la educación.
Los programas diseñados a esta escala deben ser entendidos como programas en permanente construcción. Por lo tanto, es necesario implementar, desde sus inicios, sistemas de monitoreo y evaluación que permitan realizar los ajustes necesarios para optimizar la gestión. Entre esos sistemas, es fundamental la creación de un padrón único, que permita no solamente llegar eficientemente a los beneficiarios, sino que -sobre todo- asegure transparencia en el manejo de los recursos.
La conclusión fundamental es que los programas de reducción de la pobreza a gran escala pueden ser fiscalmente sostenibles en el tiempo, aún en países como los nuestros.
PROPUESTAS PARA LA ARGENTINA 2012

En principio, cualquier crítica que se realice a la Asignación Universal por Hijo (AUH) debe partir de la base de que no solamente se apoya al sistema, sino que se lo debe profundizar, avanzando, a partir de lo existente, hacia la RBC.

Para ello las principales acciones a emprender son:

La implantación de la RBC por ley del Congreso como derecho básico para todo ciudadano y residente con un mínimo de tiempo en el país.
Esa ley debe especificar cuál será el  origen de los recursos asignados a la RBC.
La creación, expansión y mejoramiento progresivo de la gestión de un padrón único de beneficiarios.
Que la asignación de la RBC se inicie con un plan de Inclusión Social, cuyos beneficiarios serán todas las mujeres embarazadas desde el momento de la concepción y todos los niños menores de 12 años que asistan a escuelas del Estado.
Que el Poder Ejecutivo pueda fijar los montos mensuales de las asignaciones, garantizando su actualización mediante un parámetro confiable, que evite que dicho monto se ubique por debajo de la línea de indigencia y posteriormente del de pobreza.
Que el Poder Ejecutivo se obligue a aprovechar la RBC como un instrumento que permita monitorear y asegurar la inserción educativa y los controles sanitarios de todos los receptores de la asignación.
Recurrir a organismos internacionales de reconocida idoneidad, tales como la FAO y la UNICEF para que brinden apoyo técnico al momento de estructurar y monitorear las acciones.
Transformar el actual Ministerio de Desarrollo Social en el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y Social, encargado de ejecutar las acciones antedichas y toda otra que apunte al bienestar de los habitantes de nuestra Patria.
Cuáles serían las diferencia fundamentales entre estas ideas y las que actualmente aplica el Gobierno Nacional con la AUH

La AUH está instalada por Decreto1602/09, lo que deja su permanencia y profundización al arbitrio del Ejecutivo (actual y/o futuro) y tiñe toda la operación de sospechas de Clientelismo.
La AUH no tiene una asignación genuina de recursos (la asigna a la ANSES) y, por lo tanto su monto quedan al arbitrio del PE sin ningún tipo de parámetro externo.
El cobro de la AUH está directamente relacionado a la permanencia en estado de necesidad  lo que la caracteriza como instituto de emergencia, 5 la aleja del proyecto de RBU y, de manera práctica, favorece el crecimiento del trabajo en negro a pedido de los propios beneficiarios, que temen ser excluidos  del beneficio si cobran en blanco.
La AUH convive sin coordinación alguna con todo tipo de planes similares asignados por la nación, los Gobiernos Provinciales y los Municipios, lo que da lugar a injusticias, favoritismos, clientelismo y negociados de todo tipo, sin contar con la oportunidad perdida de construir un verdadero padrón de ciudadanos argentinos en situación de exclusión, que permita monitorear los avances en la materia y los efectos de las medidas aplicadas. Esta situación permite al PE arbitrariedades destinadas a “domesticar” a los gobernadores, intendentes y organizaciones sociales “díscolos” a través del otorgamiento o quita de “planes”.

(1) Los datos de este artículo están tomados del libro del Dr. Eduardo Duhalde “De Tomás Moro al Hambre Cero: La renta básica de ciudadanía” Buenos Aires. Planeta. 2011.

Las opiniones, en cambio, me pertenecen.

(2) Banco Mundial, 19/12/2005. Disponible en www.go.worldbank.org/B2IAK5G3F0

(3) Quienes deseen profundizar en el tema de la Renta Básica Universal o Renta de Ciudadanía, pueden encontrar mayores datos en http://www.redrentabasica.org/

(4)  Estos y otros datos figuran en http://www.mds.gov.br/bolsafamilia

(5) Ver http://www.anses.gob.ar/AAFF_HIJO2/incompatibilidad.php