YPF: Hace falta honestidad, sensatez y grandeza

Por Orlando Novara

Con la nacionalización de YPF hoy los argentinos estamos frente a la posibilidad de un saludable cambio de rumbo en materia energética, que debemos apoyar pero que para evitar una nueva frustración no lo podemos hacer de cualquier modo. Recordemos que en el lapso de casi un siglo pasamos del orgullo por la YPF modelo y pionera de Mosconi, a la perplejidad de encontrarnos con quizá la única empresa petrolera del mundo que, acosada por la ineficiencia y corrupción, daba pérdidas.

Como hoy se desataron pasiones y se ensayaron todos los libretos. Las contradicciones estuvieron a la orden del día como si ellas fueran nuestro insumo preferido. Medio siglo atrás con el radicalismo apuntamos al autoabastecimiento con los “contratos petroleros” de Frondizi que luego, con Illia, fueron denunciados y anulados. Más cerca, hace dos décadas, el peronismo privatizó la misma YPF que ahora nacionaliza. Arranque y freno, marcha y contramarcha. Punto muerto de una Nación que burla y busca su destino.

Argentina, ya no tiene margen para equivocarse. La política energética exige coherencia y continuidad y no tolera más vaivenes. Con independencia de nuestras posturas políticas o ideológicas, o de lo que piense el mundo, en esta situación ya no será posible ni volverla a quebrar ni privatizarla al mejor postor. Es la oportunidad de la crisis: estamos obligados a tomar el timón y sumergirnos en el horizonte con la proa hacia el puerto. No tenemos otra alternativa que enderezar, sanear y hacer de YPF una locomotora productiva.

Eliminar la corrupción y la ineficiencia es, ni más ni menos, lo que debimos hacer antes y lo que tenemos que hacer ahora. YPF nunca debió privatizarse porque una nación que es soberana no puede enajenar recursos energéticos que son estratégicos para el desarrollo integral del país. Sin embargo, es necesario recordar que cuando Menem vendió en 1992 el control de YPF a Repsol, encontró en los Kirchner los socios más entusiastas.

Los archivos custodian la memoria y no mienten. La actual familia gobernante vendió a la empresa española el 4,3% de las acciones de Santa Cruz. Con ello obtuvieron casi 500 millones de dólares que salieron y entraron del país sin control de itinerario ni de la ulterior aplicación. Luego vino la “argentinización”. Un oscuro negocio financiero por el cual el grupo regenteado por Ezkenazi, casi sin dinero ni garantía conocida y con la “generosa” ayuda de Repsol se quedó con el 25% de YPF.

Como no es habitual conseguir tanto con tan poco, surgieron las dudas e interrogantes. ¿Esos 500 millones fueron el aval oculto de la operación? ¿Solo respaldo de un negocio privado con patrimonio público? ¿O será que la familia Eskenazi Es ”k”? ¿Na o Zi? ¿Y usted qué opina? ¿No o sí? Quizá algún día podrá dilucidarlo la justicia que, según dicen, tarda pero llega. Ahora una parte de ella, aprovechando el ruido, estaría entretenida en liberar de responsabilidad a Boudou. Tiene que demostrar que no conoce a su presunto socio y que éste, como monotributista fantasma, puede hacerse cargo de fabricar los billetes de los argentinos. ¿Tanto con tan poco? ¿Por qué no? Cartón lleno.

No podemos saber si la historia de los billetes desplazará o no a la “argentinización” del petróleo, como obra maestra del capitalismo de amigos. Pero lo que sí sabemos es que esta última fue nefasta para YPF y le vino como anillo al dedo a Repsol. Para facilitar el acuerdo con Ezkenazi (que compraba sus acciones con las ganancias) se habilitó a la compañía una irracional distribución de utilidades con absoluto desmedro de la inversión. Esta decisión además de descapitalizar y desmantelar la empresa, desató la necesidad de importar combustibles sin respaldo de divisas y en una magnitud que hipoteca al país.

La voluntad nacionalizadora nació de esta falta de dólares para enfrentar el desmadre energético autogenerado por negocios poco trasparentes. De otro modo cabe preguntarse porque, en su momento, el negocio “redondo” realizado para beneficiar a Ezkenazi y sus socios, no se lo hizo para que sea el Estado el que se quedará con esa cuarta parte de la empresa. Es más: para lograr la mayoría en YPF ahora podría haber alcanzado con comprarle baratas las acciones al mencionado grupo y, simultáneamente, presionado a Repsol para que desinvirtiera su participación accionaria en la empresa.

Pese a que el relato épico no lo deja ver, la actual expropiación no recupera patrimonio ni soberanía sobre el petróleo y el gas porque estos eran y siguen siendo propiedad pública provincial. La nacionalización es sobre Repsol por eso tampoco queda muy claro porque el avance fue sobre una firma endeudada (casi 9.000 millones de u$s) y sin patrimonio (petróleo) en lugar de procurar los objetivos enunciados a través de Enarsa. Ésta bien pudo extender su potestad de la plataforma marítima a la territorial y luego las provincias podrían haber derivado sus concesiones a ella.

Estas posibles alternativas, planeadas con tiempo, sin duda tenían menos carga simbólica y rentabilidad política para el gobierno pero, en todo caso, hubieran sido muy útiles para el país en vista a evitar los efectos secundarios, o no tanto, de la actual expropiación. Nos referimos al cuestionamiento sobre la seguridad jurídica y los costos internacionales de la medida en materia de credibilidad, confiabilidad y reticencia inversora a futuro. Algunas de estas consecuencias ya llegaron con el incremento del riesgo país y el encarecimiento del crédito externo: la tasa en emisión de los bonos provinciales ya aumentó un 30%.

Es cuando menos curioso que quienes presumen ser los principales defensores del rol del Estado en la sociedad, son aquellos que al mismo tiempo lo paralizan y degradan en sus funciones de contralor del interés popular. La expropiación, tal como está diseñada, es continuista en lo que a fiscalización se refiere. Esto es así porque la YPF que se propone mantiene la modalidad jurídica de una sociedad anónima (S.A.) que, como tal, no puede ser fiscalizada por los órganos de control del Estado.

No es un detalle menor. Se ha dicho con razón que las SA en el Estado son la matriz de los negocios del poder que disponen del patrimonio público en beneficio de ciertos grupos privados de la élite. Alardea con oponerse a los procesos de privatización pero no avanza en la dirección del capitalismo de estado bien entendido. Es un hibrido que tampoco es de por si novedoso como lo demuestra, por ejemplo, algunos fenómenos de degradación estatal en manos de la mafia rusa. Un paso más adelante (en deterioro), de lo que fue la burguesía prebendaría que oportunamente supo colonizar al Estado argentino.

Además de lo dicho hay voces que se oponen a la decisión adoptada por el gobierno con YPF porque la presidenta y su staff del área, se cansaron de hacer la apología de Repsol, de avalar con su firma la política petrolera y de subestimar los problemas. Otros fundan su oposición en la pulsión gubernamental por las “cajas” (Anses, Banco Central) o señalan que además de las urgencias económicas ha jugado la necesidad de cubrir el escándalo de Amado Boudou (Ciccone). Son argumentos válidos para cuestionar al gobierno como abanderado impoluto de la nacionalización pero no para cuestionar la medida tomada.

¿Con estos antecedentes es posible apoyar la nacionalización de YPF? Sí lo es. Lo es porque la legitimidad de la misma así como no está dada por las presuntas virtudes del gobierno tampoco deja de estarlo por sus errores. La legitimidad emana de la necesidad de la Nación de contar con una herramienta propia (YPF) para su política petrolera. Más allá de las complicidades lo importante es que este instrumento no estaba al servicio del país y de aquí en más tiene la posibilidad de estarlo. Que el gobierno lo garantice o no es harina de otro costal. Al margen de sus intenciones no tenemos por qué creerlo eterno.

Que Repsol estaba enajenada a otros intereses lo demuestran las irregularidades en las que ha incurrido. Desde el ocultamiento de información estratégica, hasta evasión fiscal. Es decir exportaciones realizadas con declaraciones juradas no auditadas, con hasta un 70% de liquidación de divisas en el exterior y con presunción de contrabando. Esto junto a manipulaciones bursátiles y estadísticas sobre extracción, consumo interno, exportación y reservas que contabilizó pero que nunca informó. Hay que separar la paja del trigo los desaciertos del gobierno no invalidan la medida ni avalan a la conducción española.

Lo anterior es también la consecuencia natural de la ausencia del poder de policía del Estado pero lo más grave fue la descapitalización. Repsol no invertía en el país, mientras lo hacía parcialmente en Brasil y otros países. Inducida por la crisis española en los últimos años, además, remitía las utilidades de aquí a sus mandantes ibéricos. Así se forjó el vaciamiento de YPF y la pérdida de un autoabastecimiento que costó varias décadas en alcanzar y se dilapidó en ocho años. Desenlace no tan imprevisible cuando la Nación deja de ser un actor significativo de la política energética.

Hay quienes para fundar su oposición a la nacionalización de YPF quitan responsabilidad a Repsol por la desinversión y se la cargan exclusivamente al gobierno. Lo hacen con el argumento liberal de que fue el Poder Ejecutivo el causante de la falta de inversión. La caída en cascada de la producción sería producto de los precios (bajos) regulados por un gobierno acosado por el drenaje de los subsidios. Sostienen para corroborarlo que Repsol no llega al 35% del mercado y que la caída productiva se verifica también en la inmensa mayoría de las otras firmas que operan en el país. Es cierto ¿Y?

No hay mentira más peligrosa que una verdad a medias. Es cierto que eso también ha sucedido y que, en el mejor de los casos, el gobierno fue ingenuo. No es lógico suponer que Repsol como cualquier empresa multinacional va a renunciar a maximizar ganancias. Si le pagan menos y la dejan, siempre va a preferir usar las utilidades logradas aquí para producir petróleo en otros países donde pueda cobrar el precio internacional. Pero, otra vez, de ello no se infiere que sea incorrecta o inconveniente nacionalizar YPF.

Hay que tener en cuenta, por el contrario, que la actividad petrolera bien administrada genera ganancias extraordinarias y esta debería ser una razón más que suficiente para apoyar la nacionalización de YPF. Una empresa pública nacional subordinada al interés local puede ahorrar y beneficiarse con el enorme diferencial entre el costo y el precio del combustible cuyos valores, en muchos casos, oscila entre 10 y 110 dólares el barril. Aunque no sea indistinto que esa renta se use en subsidios o para capitalizar a YPF, la clave hoy no es como se la aplica sino quien se la apropia.

La discusión fundamental no es, entonces, si se valoriza el deseo del gobierno por enmendar o subsanar los graves errores cometidos o si se desconfía de esta eventual voluntad o de su capacidad para hacerlo. Los hechos dirán. Hoy lo esencial es reconocer como conveniente y legítimo que los argentinos nos apropiemos de la renta petrolera. Sobre todo cuando una de las cosas que pueden estar en juego es la potencialidad económica del reservorio de la “Vaca Muerta”, en Neuquén. Una reserva que, en su tipo, se presume como la 3ra. en el mundo.

Quien suscribe estas líneas cree, aunque carezca de elementos para corroborarlo, que si esto último es efectivamente cierto, la medida adoptada con YPF puede trascender de lejos el derecho inalienable al autoabastecimiento y pasar a ser una decisión soberana de carácter estratégico. Nuestro país quizá hoy no esté en condiciones económicas para explotar esta cuenca petrolera pero sí puede poner las condiciones para hacerlo. La nueva YPF no necesita socios dentro de la empresa, pero puede asociarse con otros inversores para que colaboren con ella, a partir de contratos de mutuo interés.

El horizonte que abre esta como otras alternativas no podría existir, bajo las anteriores circunstancias, con una empresa en manos extranjeras. Nadie que comparta esta convicción puede rechazarla porque la medida la impulsan sus adversarios políticos. Aunque también sea cierto que es difícil imaginar que la misma conducción que complicó a YPF sea capaz de salvarla. Apoyar lo que está bien y rechazar lo que está mal es hoy una conducta sin espacio ni rédito político. Un dilema y un desafío que aunque no se resuelva no puede dejar de formularse.

Una posición frente al dilema

Hay que superar la estafa ideológica y chantaje emocional que sufren todos aquellos que siempre han querido y quieren una YPF nacional, pero que hoy deben traicionarse o abstenerse de apoyar porque no se resignan a convalidar ni indultar a los responsables de su reciente vaciamiento. Corresponde superar, también, la ingrata dualidad moral que debe embargar a quienes comparten la orientación, los enunciados y la decisión del gobierno, pero que no pueden dejar de saber, aunque lo silencien, la responsabilidad que le cabe al Poder Ejecutivo por esta desastrosa política energética.

Sabemos que esta doble superación es muy difícil pero también imprescindible. Por ello, por lo que está en juego y más allá del trámite parlamentario, los sectores con conciencia nacional del oficialismo y de la oposición, tienen que pronunciarse activamente de aquí en más. Deben ejercer el derecho a apoyar los objetivos genéricos de la ley, sin renunciar a formular y acordar en particular una posición común para modificar aspectos centrales de su articulado, en torno a los siguientes ejes:

1.  Pronunciarse a favor del sentido preliminar y medular de la ley propuesta por el Ejecutivo que declara de utilidad pública la nacionalización de YPF, por la que se consagra la soberanía sobre las etapas del ciclo energético y se preserva para el Estado Nacional el control mayoritario de la empresa. Una decisión que supone recuperar un resorte estratégico de los argentinos y un cambio de rumbo respecto de una privatización que nunca debió realizarse. En los 90 YPF necesitaba de un profundo saneamiento pero, de ningún modo, cabía entregarla a intereses ajenos que, durante dos décadas, terminaron por vaciar a nuestra principal empresa.

2.  Eliminar, en particular, la actual figura de YPF Sociedad Anónima, que a futuro impiden los controles de la Auditoría de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y el Congreso Nacional; remplazándola por la forma jurídica de YPF Sociedad del Estado. Esto habilitará el control y fiscalización de las mencionadas instituciones; a lo que debe añadirse la colaboración adicional de un Consejo de Políticas Energéticas, a crear, donde estén representados todos los actores de la cadena productiva, incluyendo a proveedores y consumidores.

3.  Extender para ello el control accionario de YPF Sociedad del Estado que se propone del 51% a más (o no menos) del 80%, a partir de adquirir las acciones del Grupo Petersen-Eskenazi, las hoy residuales de la española Repsol y las de otros actores identificables de la empresa. El resto seguirá perteneciendo a pequeños inversores del público, en el ámbito de la Bolsa de Buenos Aires y de Nueva York.

4.  Proporcionar esta mayoría accionaria de YPF Sociedad del Estado a partir de los recursos ya previstos, más los que puedan proporcionar la banca pública y el ANSES. Apelando, este último, a fondos disponibles por fuera de sus obligaciones previsionales y/o liquidando las posiciones accionarias que hoy tiene en otras empresas. Estas fuentes de inversión pública, eventualmente, podrían reforzarse con un Fondo Patriótico pautado y de carácter voluntario, al que puedan concurrir desde las empresas y las Obras Sociales hasta los inversores individuales.

5.  Establecer a partir de esta nueva estructura accionaria de YPF Sociedad del Estado una reconfiguración de la participación relativa y mayoritaria de la Nación; la de nuestras provincias y la de los nuevos actores incorporados, con inclusión de los trabajadores del sector. Para estos últimos, además, se debe contemplar una reformulación de los Programas de Propiedad Participada revirtiendo las estafas a las que fueron sometidos desde su puesta en marcha.

6.  Determinar que la mayoría accionaria de YPF debe corresponder a la Nación porque es el instrumento que pone en valor los recursos del subsuelo que en ellas deberían estar incluidos como “propiedad imprescriptible e inajenable” (según lo indicaba el art.40 de la Constitución de 1949). Asimismo el fundamento Federal de la Republica obliga a incluir también en la participación accionaria a todas las provincias sin excepción. Ello con un debate específico para la eventual aplicación de indicadores diferenciales a favor de aquellas que actualmente son productoras.

7.  Realizar por Concurso Público la convocatoria de especialistas para la integración del staff directivo y gerencial de la empresa, por cuanto esta necesita de una conducción profesional, técnica y ejecutiva, que este a la altura de los desafíos planteados. Jóvenes o no los protagonistas deben ser ponderados solo por su capacidad y experiencia y no por la mera condición de políticos amigos del poder. No es conveniente olvidar que el carácter público o privado de la propiedad, nada nos indica sobre la naturaleza de la gestión, ya que en ambos casos esta puede ser desde muy buena a pésima, como lo corroboran ejemplos propios y ajenos.

8.  Habilitar una auditoría económica, financiera y operativa de la empresa petrolera y de las reservas de nuestro subsuelo, tanto reales como potenciales. Establecer, al mismo tiempo, mecanismos de medición e indicadores sistemáticos de control en los pozos y en cada etapa del ciclo de exploración, producción, elaboración, distribución y venta del combustible, donde YPF tenga competencia. Determinar, del mismo modo, severas sanciones para los funcionarios de cualquier nivel, que trasgredan cualquiera de las normas que hacen a la ética pública. La YPF nacional debe recuperar el espíritu paradigmático de su fundador, el general Mosconi.

9.  Concretar entre YPF Sociedad del Estado y las empresas petroleras instaladas en el país o con voluntad de hacerlo, asociaciones puntuales de mutua conveniencia con protocolo ambiental, para la explotación de algunos yacimientos. No cabe el infantilismo sería fantástico poder llegar al autoabastecimiento solo con inversión local pero esta no alcanza. Aun así no son socios los que necesita YPF aunque sí requiere de contratos con compañías que aporten capital.

10.  Exigir que estos nuevos contratos dejen de ser negocios de trastienda, a espaldas del país, para pasar a ser herramientas transparentes y eficaces de una política energética consensuada de cara al autoabastecimiento. Esto requiere terminar con la improvisación y desprolijidad gratuita de algunos procedimientos en curso. La actual crisis internacional induce a que los flujos de inversión externa beneficien a los países emergentes. Pero para no quedar afuera de estos hace falta de una estabilidad y transparencia en las reglas de juego hasta ahora ausentes.

Se dirá que prácticamente no existen condiciones políticas en la llamada clase dirigente para que prospere en el corto plazo una posición como la expuesta. Es cierto. Pero lo es, también, que el mismo pueblo que mayoritariamente apoya a YPF en manos del Estado, rechaza la ineficiencia, el desmanejo y la corrupción. Sabe que la empresa es inviable si ella es conducida con la misma gente y criterios que la hundieron.

Nada indica que esto haya sido cabalmente advertido. Parecería que falta honestidad, sensatez y grandeza. En el oficialismo falta honestidad para reconocer la responsabilidad central que le cupo al gobierno en el desarrollo de la crisis energética .En la oposición falta sensatez para percibir que estamos frente a un giro que aun puede ser positivo y que ya no hay espacio para nuevos virajes. Y en el conjunto de la clase política falta grandeza para sobreponerse al verticalismo y los intereses de círculo y encontrar un camino común que valore la intención de revertir errores y, sobretodo, que evite repetirlos.

YPF: el caso más paradigmático de un ideologismo decadente

Por Roberto Alvarez

Todos podemos equivocarnos y volver sobre nuestros errores y corregirlos.  Todo político que así obrare, actuaría con honestidad y todos deberían reconocérselo; simplemente porque nadie está exento.  No decir toda la verdad es bastante deshonesto. Es cierto que nadie puede ser obligado a auto-incriminarse, pero faltando a la verdad en forma grosera, tampoco ayuda a construir, entre todos, un proyecto.

Pero lo, peor no es eso. De cada equivocación rectificada uno puede sacar conclusiones y aprender.  De cada “falta de verdad”  solo se construye un relato que a nada conduce. La errónea privatización de YPF, realizada a caballo de un ideologismo liberal de moda en aquellos momentos, fue producto de no medir las consecuencias que ello traería. Se pensó para el corto plazo. Siempre predomina el cortoplacismo. Así estamos.

Ahora nos encontramos en el otro extremo: la presidente Cristina Kirchner anunció la inmediata intervención de YPF, y la expropiación y “re-estatización” del 51% de sus acciones. Que pasó entre estos dos hechos fundamentales. Que debate hubo?; Qué conclusiones se sacaron?;  Que aconsejaron los expertos?;  Cuales son los errores cometidos y cómo prevenir que no haya nuevos errores? Cuál es la explicación y la estrategia completa a futuro? Cuáles fueron los problemas de la empresa durante su gestión estatal y cuales durante su gestión privada?; ¿Cuál es el espacio para este tipo de debates trascendentes y estratégicos?

Diseccionemos el después de la privatización y el antes de la re-estatización.

Recordemos quienes apoyaron resueltamente la privatización realizada por el gobierno de Menem y Cavallo, fueron el peronismo menemista; los gobernadores y funcionarios de provincias petroleras, los que inclusive luego vendieron las acciones en poder de las provincias. No fue el radicalismo y otras fuerzas de izquierda. Luego los gobiernos de De la Rúa y de Duhalde poco hicieron para cambiar la situación de gestión privada. Eran épocas turbulentas.

Del 2003 al 2007 siguió todo igual.  Eran épocas de construcción política y de superávit gemelos.

En el año 2008, NK decidió la "argentinización" de la compañía, presionando a Repsol para que cediera un 25 % de acciones, pagaderas con ganancias futuras. Porqué NK eligió a su amigo Enrique Eskenazi, un banquero sin experiencia en petróleo?; ¿Porqué no comenzó un proceso de cesión al Estado Nacional? En esa misma época la presidente y sus ministros aprobaron un acuerdo de accionistas por el cual Repsol y Eskenazi se obligaron a retirar el 90% de las ganancias durante diez años; justamente para pagar esa cesión del 25% accionario. Ahora bien si se retiran casi todas las ganancias (lo usual es no más de un 25-30% en este tipo de industrias, ¿cómo se iban a realizar las inversiones necesarias para ampliar la reservas y la producción que necesitaba el país?

En el 2008 comienza la enorme sangría de YPF y con ello su  decadencia. Por qué el representante estatal en el Directorio; el ministro del área  y otros interesados no dijeron nada y entre todos dieron su consentimiento para aprobar los balances? Fue un error ideológico ó se trata de otro tema?

Si lo importante estratégicamente es el auto-abastecimiento energético , como puede explicarse que a lo largo de esta gestión  kirchnerista se le hayan adjudicado áreas de exploración a amigos del Gobierno, que no tienen experiencia ni antecedentes en petróleo, como Lázaro Báez, Cristóbal López, Eduardo Eurnekian, José Luis Manzano, Daniel Vila, Raúl Moneta y Daniel Lalín? . No será tiempo de auditarlos también a ellos?

El Ministro De Vido ejecutó una política energética de bajos precios (subsidiados) y no pudo controlar el vaciamiento de YPF. El es responsable, tal vez no el principal. Por su responsabilidad en el fracaso del modelo energético de los últimos 8 años, no debería estar a cargo de conducir un área que requiere experiencia y profesionalismo.

Qué nos ofrece el gobierno: una explicación  ideologista de lo que debe ser (parcialmente, ya que no encara el tema de fondo, la política energética), ni se ha hecho cargo de los graves errores políticos cometidos durante su gestión.  YPF es tan importante para los argentinos que su destino no puede quedar en manos de una sola fracción política. Debe garantizarse una explicación exhaustiva de los planes y estrategias. No hay porcentaje obtenido en una elección, por mas o importante que haya sido, que justifique la hegemonía absoluta (el 100% de las opiniones) sobre este tema. Porqué no se abre realmente el debate? Qué clase de “política de estado” es aquella que vota todo a “libro cerrado”. Donde está el diálogo?

España no merecía una resolución del modo como se hizo. También deberá reconocer España que no ha hecho malos negocios en la Argentina. Repsol es una empresa; no es toda España. Relativamente YPF es más importante para Argentina. Lo que nunca debió ocurrir,  la privatización de YPF, no fue una invasión española; fue una declinación nacional. Sabemos que España le ha dado una mano a la Argentina en momentos difíciles. También Argentina lo ha hecho con anterioridad. No deberíamos permitir que estos malos momentos enemisten a nuestros pueblos.

Frente a esta encrucijada que ha planteado el gobierno, que además no le encuentra una solución a los problemas energéticos argentinos (ni a la educación; ni a la justicia, etc), la llamada “oposición” tiene una nueva oportunidad de hacer algo por la Argentina: debatir y consensuar un proyecto alternativo para YPF y todo el sector energético. No debe seguir aceptando el conflicto de matriz ideologista, sino que debe plantear una solución a mediano y largo plazo, defendiendo los intereses reales y prácticos de todos los argentinos.

No debe seguir humillada, callada o comprada, quedando atada al carro de los vencedores circunstanciales. En los momentos de mayor incertidumbre es cuando debe resurgir la emoción de un sueño compartido; el mínimo orgullo de ser parte de este todo y no una fracción partida de una decadencia que avanza a paso redoblado.

¿Soberanía o negociados?

Por Mariano Rovatti

La estatización de YPF es, sin dudas, el acto de gobierno más trascendente de los últimos años. Implica una rectificación de la política kirchnerista en la materia. Allá por el año 2003, cuando comenzó este proceso político, el único candidato que sostuvo la necesidad de volver a tener una empresa petrolera estatal fue Adolfo Rodríguez Saá. El entonces gobernador santacruceño, de estrechos vínculos con las empresas extranjeras que explotaban el petróleo de su provincia, no hizo ninguna referencia al tema.

Posteriormente, durante su gestión, Néstor Kirchner promovió la incorporación del grupo Eskenazi, al que también estaba fuertemente vinculado, ya que el mismo había sido beneficiario de la privatización del Banco de Santa Cruz, quien se hizo de una parte importante del paquete accionario a cambio de nada. Por intercesión del Pingüino, una ingeniería financiera comandada por el mismo banco suizo en donde habían ido a parar aquéllos quinientos millones que tardaron tanto en volver, le permitió al grupo hacerse de las acciones a cambio de pagar con dividendos. Una ganga. Siendo así, podría haber sido el Estado quien se hiciera de esas acciones, pero la gestión del gobierno fue a favor del grupo. ¿A cambio de qué?

Sin dudas, que la decisión política de tener una empresa petrolera estatal constituye una decisión soberana. La exploración, explotación, industrialización y comercialización de hidrocarburos, son pilares estratégicos de cualquier proyecto nacional de desarrollo autónomo.  En nuestra región, tres países con modelos económicos bien diferentes entre sí como Brasil, México y Venezuela, tienen como rasgo en común, la existencia de una empresa petrolera estatal rectora. Pero en la Argentina, esa empresa ya existía y había sido creada por el mismo Néstor Kirchner: ENARSA, una empresa fantasmal que bien podría haber sido adjudicataria de las concesiones caducas de Repsol YPF por incumplimientos.  

Este gobierno viene de fracaso en fracaso en la política energética. Por su incompetencia, su falta de previsión y su connivencia con las empresas petroleras, ha logrado que la Argentina pierda el autoabastecimiento y entre en una zona riesgosa de falta de combustibles y grandes dificultades para importarlos. La gestión de Repsol generó el vaciamiento de la empresa, pero el Estado argentino no fue inocente. La corrupción y la incompetencia estuvieron en ambos lados.

Tal como se dieron los hechos, surgen varios interrogantes:

1.      Siendo la cuestión un asunto de Estado para ambos gobiernos, ¿podrían haberse entablado las negociaciones directamente con el gobierno español, preservando la  relación entre los países? ¿o se prefirió hacer el mayor ruido posible? Es verdad que Repsol es una empresa privada –y no sólo española, ya que gran parte de su dominio es de origen británico- pero la airada reacción del premier Mariano Rajoy confirma que el tema es de vital importancia para el gobierno peninsular, sobre todo en un momento crítico como el que está atravesando su país.

2.      ¿Se evaluó en la Cancillería argentina cuáles serán las reacciones del mundo frente a esta medida? ¿La Argentina será sancionada comercialmente por la Unión Europea? ¿Los Estados Unidos estaban al tanto de la situación? ¿En la reunión panamericana de dos días antes, el tema estuvo en la mesa de conversaciones? ¿o se esperó su finalización para hacer el estridente anuncio? ¿La Argentina perderá su silla en el G-20, para que ésta sea para Chile? ¿Colgará el mundo un cartel sobre nuestro cuello como país impredecible sin remedio?

3.      ¿Era necesario proceder patoterilmente contra los ex directivos de YPF, a quienes se expulsó con la Gendarmería por la fuerza de sus oficinas sólo con un DNU al mismo tiempo que la Presidenta anunciaba la intervención de la misma por radio y televisión?

4.      ¿Por qué se expropia sólo el paquete de Repsol? ¿Y el de los Eskenazi? ¿Cuál es el verdadero vínculo de ellos con los Kirchner? ¿A qué se refería la Presidenta un mes atrás cuando hablaba de las avivadas de los dueños de YPF? ¿Se refería a Repsol o a sus ex amigos?

5.      ¿Habrá alguna consecuencia judicial para los ex funcionarios de YPF, tanto los de Repsol como los del grupo Eskenazi? ¿y los del gobierno?

6.      ¿Qué pasará en la Justicia argentina si se invoca el art. 17 de la Constitución Nacional? No hubo indemnización previa, y la expropiación se materializó en los hechos con la intervención dispuesta por el PEN. Como se dio la operación, ésta se aproxima demasiado a la confiscación.

7.      ¿De dónde saldrán los treinta mil millones de dólares que son necesarios para invertir en exploración y explotación en los próximos años? ¿se ha hecho en el gobierno un plan de inversiones?¿si se buscan inversores externos, con este antecedente, es la Argentina un socio confiable?

8.      ¿En esa búsqueda de socios, no hay riesgo de entregar otra vez la empresa? ¿Si la situación argentina es de dependencia, YPF no puede terminar siendo una empresa manejada por China, por ejemplo?

9.      ¿Tienen los actuales interventores la idoneidad necesaria para conducir esta empresa? ¿puede ser Julio De Vido, el mismo que logró el desabastecimiento petrolero, quien lidere el proceso inverso? ¿tiene Axel Kicilof algún mérito adicional que ser el autor intelectual de la estatización? ¿quiénes son los nuevos directores? ¿además de ser obedientes militantes de La Cámpora, poseen algún conocimiento en el específico negocio del petróleo? ¿cómo harán para no repetir el desmanejo que sus compañeros –conducidos por Mariano Recalde y el mismo Kicilof- hicieron en Aerolíneas Argentinas? ¿cómo se asegura la Argentina que YPF no será saqueada nuevamente, ahora por la voraz agrupación de los yuppies progres?

10.    ¿Qué pasará ahora con el precio de la nafta en nuestro mercado interno? ¿Habrá desabastecimiento? ¿Tiene YPF el suficiente stock para asegurar el suministro de combustible a toda la industria, el agro, los servicios, los transportes y al público en general?

Contra reloj, como siempre, los diputados y senadores de la Nación deberán convalidar o rechazar en pocas semanas esta medida. Por lo que ya se ha expresado, la aprobación general es un hecho. Sólo unas pocas manos en cada cámara se alzarán contra el proyecto del Poder Ejecutivo, que encima, cuenta con apoyo de la mayoría de la población.

¿Qué se puede hacer entonces, frente a un hecho casi consumado?

La oposición debe expresarse con claridad y firmeza, ejerciendo su rol y denunciando todas las situaciones aquí descriptas. Además de la invocación al derecho de propiedad, el voto negativo debe ser fundado –principalmente- en la defensa del verdadero interés nacional, vulnerado por esta iniciativa, y por la política petrolera en general.   

A futuro, cuando los tiempos políticos así lo permitan, la oposición deberá promover una legislación que asegure que la nueva YPF sea en verdad una empresa de todos los argentinos, con posibilidad de extender sus alcances a todas las empresas que controla el Estado Nacional.

Para ello, la ley debe estipular que el directorio debe ser íntegramente nombrado por el Parlamento, por la mayoría absoluta de sus miembros. El Presidente del directorio podría ser propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.

La ley debe establecer que –además del bloque oficialista- la oposición debe estar representada en ese directorio, lo mismo que el sindicalismo y los usuarios, cuyos representantes tendrían que ser elegidos por el Congreso a propuesta de las organizaciones directamente relacionadas con la actividad.

También la ley debe incluir a la nueva YPF y a cualquier empresa controlada por el Estado Nacional, aunque sea una sociedad anónima, dentro del régimen sujeto a la Ley de Contabilidad del Estado, la que asegura gran cantidad de controles por parte de los organismos pertinentes.

Debe obligarse al Presidente del directorio a concurrir mensualmente al Parlamento a rendir cuentas de su gestión, y responder y aclarar todas las cuestiones que se les plantee, dada la importancia estratégica de su cometido.

Por último, la ley debe asegurar que los miembros del directorio serán responsables con su propio patrimonio de las consecuencias económicas derivadas de todas sus decisiones

YPF:¿utilidad pública, deuda o salvataje?

Por Héctor Giuliano

La sorpresiva intervención de YPF y el envío al Congreso del proyecto para expropiar las acciones de Repsol abren más interrogantes que aclaraciones en cuanto al sentido de las medidas adoptadas por el gobierno Kirchner.

El objeto de este breve trabajo es formular algunas observaciones y comentarios sobre este tema a la luz del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 530/2012 del Poder Ejecutivo y del Proyecto de Ley (PL) respectivo, así como sus informaciones conexas.

Ambos documentos contienen contradicciones, inconsistencias y/o desprolijidades que le pueden terminar costando muy caro al Estado Argentino.

EXPROPIACION POR UTILIDAD PÚBLICA.

No están claras las verdaderas razones de urgencia de las medidas tomadas por el

Ejecutivo frente a una grave situación de crisis energética que era conocida desde hace tiempo, que consultores y ex titulares de la Secretaría de Energía venían denunciando públicamente desde hace varios años y que el actual gobierno – hasta hace muy poco – venía negando o soslayando mientras apoyaba y elogiaba la gestión de la Empresa.

El Estado Argentino, a través de su participación accionaria, estaba perfectamente en conocimiento de la situación de la Empresa y el representante del Gobierno suscribía y avalaba todas las decisiones del Directorio de YPF sin expresar disidencias en contrario.

Por ende, el primer problema que se plantea es el de la inexorable corresponsabilidad de la Administración Kirchner en las irregularidades que denuncia contra Repsol como accionista mayoritario ya que las mismas fueron asumidas por todos los socios, incluido lógicamente el Estado Nacional.

Esto es particularmente cierto en lo tocante al problema de la infra-inversión en exploración de petróleo y gas, a la política de altos repartos de dividendos y a la gravedad del cuadro de situación energético provocado por YPF.

Por eso, independientemente de toda discusión sobre la validez de los argumentos oficiales y las medidas adoptadas en consecuencia, la actual Administración es corresponsable de las irregularidades que le imputa al grupo Repsol, ya que el representante oficial ante el Directorio tenía que estar forzosamente al tanto de lo que pasaba y además estaba suscribiendo sin disidencias las decisiones que hoy se le objetan al principal accionista.

La gestión de una política llevada a cabo por el Directorio de la Empresa no puede serle imputada exclusivamente a uno de los socios sino que es de responsabilidad colectiva de todos los que, como miembros, la avalaban.

También es importante y discutible el uso de un DNU para intervenir por parte del Estado una Sociedad Anónima – como es YPF - invocando los artículos 3 y 6 de la Ley 17.319 de Hidrocarburos, aún en los casos que mediaren incumplimientos de contrato en materia de producción y/o exploración; máxime cuando ya se estaba penalizando a la empresa por este motivo con el retiro de algunas áreas de concesión provinciales.

Pero el problema central – y probablemente más grave desde el punto de vista conceptual - estaría en la causal aducida para la expropiación de una parte de las acciones de Repsol en YPF por razones de “utilidad pública”1 ya que tales razones no pueden aplicarse en forma genérica para los casos de expropiación sino que deben tener una justificación puntual y concreta (como puede ser, por ejemplo, el caso de una propiedad inmueble para trazar una carretera o destinar un espacio clave para la construcción de un puente).

No tiene mucho fundamento expropiar una parte de las acciones de la empresa y a un solo socio (en este caso, el accionista mayoritario, quitándole el 51 sobre su total del 57.4 %) para elevar la participación del Estado al 51 % del Capital apelando a razones de “utilidad pública”.

Siguiendo tal razonamiento en relación al autoabastecimiento (que en este caso se aplica a una compañía que no produce la totalidad sino la mitad del petróleo nacional y el 44 % del gas) el criterio de intervención oficial pudiera ser extendido arbitrariamente a cualquier otra empresa del sector y/o de cualquier otro sector de la economía que se declare genéricamente de interés público.

Este planteo gubernamental conlleva así serias vulnerabilidades en el caso que Repsol – como ya lo ha anunciado – lleve adelante reclamos judiciales contra la Argentina ante el CIADI (el Tribunal de Arbitraje Internacional dependiente del Banco Mundial) apelando al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) vigente entre nuestro país y España.

Por otra parte, es contradictorio acusar sólo a Repsol de “vaciamiento” de YPF –como lo hace taxativa, enfática y reiteradamente el PL del Ejecutivo – cuando, como dijimos, las responsabilidades por la gestión de la empresa son colectivas y alcanzan a todos los socios con representación en el Directorio, incluyendo al propio Estado.

Si Repsol incurrió en maniobras de vaciamiento - es decir, en delitos – sus directivos debieran ser denunciados ante la Justicia y no ser expropiadas parte (no todas) sus acciones invocando razones de “utilidad pública”.

Una de dos: delitos o razones concretas de interés público nacional debidamente fundadas.

Con el agravante que la palabra “vaciamiento” no existe como figura jurídica: su traducción legal sería Defraudación, pero el proyecto no hace referencia a este delito sino que utiliza la expresión “vaciamiento”, que sólo delata una forma de comportamiento no definido desde el punto de vista técnico jurídico.

Esto también supone una vulnerabilidad de planteo al ser aplicado este enfoque sólo contra Repsol cuando la distribución indebida de altísimas utilidades beneficiaba a todos los accionistas y cuando, como agravante, se sabía que dicho criterio había sido adoptado para favorecer, en particular, al grupo Eskenazi – ligado al gobierno Kirchner - para que pudiera pagar con dividendos los préstamos externos contraídos para comprar el 25 % de las acciones de YPF sin aportar dinero en efectivo.

Este conjunto de serias inconsistencias en la forma de fundamentar y de llevar a cabo la expropiación parcial de las acciones de Repsol en YPF no sólo deja dudas sobre la corrección del procedimiento seguido por el gobierno Kirchner sino también sobre las verdaderas motivaciones de su conducta.

LA DEUDA DE YPF.

Actualmente – según el viceministro de Economía Kicillof – la Deuda total de YPF sería del orden de los 9.000 Millones de Dólares (MD).

De los Estados Contables al 31.12.11 surgiría que esta suma es algo menor – el equivalente de unos 8.300 MD (36.700 M$-Millones de Pesos) – pero ello no cambia el fondo de la cuestión, que es el alto endeudamiento de la empresa.

Notablemente, este importe de deuda hoy es casi el mismo que YPF tenía al momento de su privatización (1992) – 8.500 MD – y que el Estado absorbió porque la empresa fue vendida sin pasivos.

Este elevado pasivo de YPF significa que el Estado Argentino, con la expropiación ahora de las acciones de Repsol, pasa a ser el nuevo socio mayoritario, asume la responsabilidad principal por la conducción empresaria y hereda entonces el nuevo gran pasivo de YPF.

Una vez más – como ya ocurrió con la privatización menemista de la década del ´90 (que el entonces gobernador Kirchner y su esposa apoyaron) – el socio privado se desliga de sus obligaciones y el gobierno argentino se hace cargo de las deudas.

El Estado, que hasta ahora no tenía participación directa en la gestión empresaria de YPF y no era responsable de sus pasivos, pasa entonces a tener una triple carga de deuda propia en relación a la compañía:

1. La de la Deuda consolidada de la empresa (los 9.000 MD citados),

2. La del necesario financiamiento del Plan de Inversiones no cumplido bajo la gestión de Repsol (cuyas estimaciones primarias serían del orden de los 30.000 MD), y

3. El monto – a determinar – de la indemnización por la expropiación a Repsol.

Aunque se termine no pagándole nada a Repsol – como se ufanan algunos funcionarios del gobierno – los otros dos grandes rubros de deuda igual le quedan al Estado; y son mucho más elevados.

Este cambio es muy importante porque antes de esta medida de intervención de YPF y expropiación a Repsol, la Administración Nacional no tenía encima estos nuevos rubros de endeudamiento público pero ahora, en cambio, deberá incrementar sus pasivos del Estado.

Los vencimientos de deuda ya serían importantes este año por concepto de Obligaciones Negociables (ON) emitidas bajo la administración Repsol: 300 M$ en

Diciembre (y 70 MD en Marzo de 2013), entre los más relevantes.

Dentro de los 21.800 M$ del Pasivo Corriente, 11.900 son Cuentas por Pagar y 8.100 pago de Préstamos; sin contar – desde ya - Deuda Contingente (por los reclamos de daños en el Medio Ambiente y otros).

Todo esto implica que las medidas anunciadas por la presidente Cristina Kirchner el 16.4 pasado suponen para el Estado Nacional la asunción de una fuerte carga de endeudamiento adicional que hasta hoy no se tenía.

Desde el punto de vista económico-financiero tal comportamiento del Gobierno –independientemente de la forma en que es presentado ante la Opinión Pública –releva a Repsol YPF de afrontar un grave cuadro de situación financiera que tendrá que ser cubierto con más deuda y cuyo peso se transfiere ahora al Estado Nacional.

UN SALVATAJE A REPSOL.

Lo dicho en el párrafo anterior abre un interrogante muy serio acerca de los efectos financieros concretos de la decisión gubernamental sobre YPF.

Ello implica reflexionar sobre si esta mayúscula nueva carga financiera que pasa al Estado Central – más allá de todo lo que se diga ante la Opinión Pública – no constituye en realidad una forma de salvataje práctico a la empresa Repsol desligándola del peso de estos grandes compromisos, que le eran imposibles de cumplir por sí misma.

La urgencia en la intervención de YPF y la simultánea estatización de las acciones de Repsol presenta un esquema dudoso y muy discutible. La presidenta – en su discurso del lunes 16.4 – dijo que regresó antes de la Cumbre de las Américas de Cartagena de Indias, Colombia, “porque tenía que estar aquí en la República Argentina a primerísima hora” para firmar el DNU y el proyecto remitido al Congreso.

Dado que – como hemos explicado al comienzo de esta nota – el grave problema de arrastre de YPF era conocido desde hace tiempo por las autoridades e incluso que había sido agravado financieramente por el propio gobierno (caso de su gestión a favor del grupo Eskenazi para aumentar la participación accionaria del mismo con deuda externa y privilegio de pago de esas deudas con dividendos extraordinarios) el verdadero motivo de la urgencia correspondería evidentemente a otras razones.4

El mismo PL da en sus Fundamentos una pista del problema. En su acápite IV -titulado “La carta autoincriminatoria del Señor Brufau” - se relatan las gestiones de Repsol inmediatamente previas a la crisis que llevó a la estatización de sus acciones por parte del gobierno Kirchner.

En carta a la presidenta del 2.4.12 Brufau – según el texto del proyecto de ley –le dice que Repsol no se encuentra en condiciones de poder implementar el Plan de Inversiones de YPF porque carece de capacidad para financiarlo.

Los primeros cinco años de ejecución del plan demandarían inversiones por 30.000 MD (6.000 MD por año) y Repsol sólo podría cubrir aproximadamente la mitad de las mismas.

Ergo, la alternativa ofrecida por Brufau – siempre según el texto del PL – era buscar “Asociaciones para ceder parte de su participación en las concesiones … a empresas e inversores nacionales e internacionales … con el objeto de obtener la financiación necesaria para la ejecución del Plan” decidiendo en cada caso “quién será el operador”. Incluso sostenía que “las Provincias y el Estado Nacional podrían tomar una participación en la inversión en cada campo”.

Es, poco más o menos, lo mismo que luego hace la presidenta pero desposeyendo a Repsol de su participación y, en consecuencia, de su armado del negocio. Aquí es donde el gobierno Kirchner le reprocha, con razón, que el “principal causante de la situación” se ofrezca como “salvador” de la situación de crisis de YPF que generó a través de su gestión.

Esto era particularmente grave porque Brufau confesaba que “YPF ya tiene avanzadas negociaciones con significativos ofertantes que representan compañías internacionales” para ello.

Todo esto está corroborado por informaciones periodísticas con base bastante en firme: Repsol YPF – España estaba por cerrar la venta de todo o parte de sus acciones a la petrolera china SINOPEC GROUP (que es una Empresa del Estado) pero simultáneamente se estaban dando pasos aquí, en Argentina, para posicionarse financieramente por parte de otras compañías, como el caso de la compra del 50 % de las acciones de Bridas (familia Bulgheroni) por parte de otra petrolera china, la CNOOC (también Empresa del Estado) por 3.000 MD,5 con miras a poder participar en YPF en el futuro.

También manifestaron interés para entrar en el replanteo de las asociaciones y/o contrataciones de YPF otras grandes firmas internacionales, como Exxon, Total y Petrobras; como asimismo compañías de contratistas y servicios.

En síntesis, que la decisión de intervención y expropiación de las acciones de Repsol se produce en un momento clave de la toma de decisiones de la Empresa, de modo que la acción de la administración Kirchner habría frustrado que sea la propia Repsol la que manejara el negocio de su redistribución accionaria, reservando tales decisiones al gobierno argentino.

Una maniobra de este tipo – el bloqueo de negociaciones indebidas por parte del accionista mayoritario - sería legítima por parte de las autoridades para impedir que sea la misma empresa que fue la principal causante de la crisis de YPF la que

decida sobre el replanteo de los negocios accionarios bajo su gestión.

Pero el avance de esas negociaciones unilaterales de Repsol podía ser desautorizado oportunamente por el gobierno argentino sin necesidad de expropiar las acciones de la firma en YPF ya que el Estado disponía no sólo de la “acción de oro” sino de todos los mecanismos de contralor interno y externo que necesitare aplicar para impedir maniobras de esta naturaleza.

Máxime cuando está imputándole a Repsol delitos de “vaciamiento” de YPF, por los que se supone puede llevar a sus directivos ante la Justicia. Con el agravante que al optar por la expropiación el gobierno altera la categoría del problema – llevándolo del Gerenciamiento a la Estructura Societaria - se carga con la gravísima situación económico-financiera de la empresa y apela a un procedimiento vulnerable debido a su co-responsabilidad en la crisis que dice motivar su intervención.

La clave residía en la Intervención sin Expropiación: YPF pudiera y debiera ser intervenida pero sin expropiar, al menos de inmediato, las acciones de Repsol; porque esta expropiación libera a Repsol de la carga financiera que le deja al Estado Argentino, aunque éste no le indemnice un centavo.

Ahora, en cambio, la administración Kirchner se reserva el manejo exclusivo de los próximos pasos de YPF pero lo hace cargando con el peso de los pasivos heredados y de las deudas a contraer en el futuro. Y lo hace en una forma poco transparente y controlable, amparándose en la discrecionalidad y ausencia de control sobre sus actos dado que la empresa sigue bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima 6, sujeta a la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales y sin estar supeditada al contralor de los organismos del Estado (como la SIGEN y la AGN).

Esto independiza a la administración Kirchner – una vez más – de los mecanismos formales de supervisión y control sobre sus acciones de gobierno dejándole las manos libres para reformular el plan de grandes negocios después de la frustrada

gestión de Repsol YPF, de la que fue co-responsable directo.

En definitiva: la intervención y expropiación parcial de las acciones de Repsol –que permanece como accionista minoritario de la empresa con un 6 % del Capital  implica un cambio en el gerenciamiento de la empresa, que oficialmente estaba a cargo del CEO Sebastián Eskenazi Storey y que ahora pasa bajo dirección directa de los funcionarios interventores del gobierno; pero también - y esencialmente – un cambio de mano en la composición accionaria de la compañía, que ahora pasa a ser de mayoría estatal, asumiendo el Estado el peso de la crisis de YPF.

Esto significa que, de ahora en más, será el Estado Argentino el que tendrá que hacerse cargo de la muy delicada situación financiera de la Empresa, atendiendo

fundamentalmente al macro-endeudamiento necesario para poder replantear sus

actividades.

El gobierno podrá mantener su composición societaria de mayoría estatal – 51 % del Capital, subdividido a su vez en 51 % Nación y 49 Provincias Petroleras – asociándose a nuevos operadores (caso de joint ventures) o bien volver a vender parte de su nuevo paquete accionario, pero la responsabilidad central seguirá estando en manos del Estado.

Desde el punto de vista de las Finanzas Públicas este manejo de la crisis de YPF implica traspasarle así al Fisco el peso de los pasivos de la empresa y la carga por desinversión en actividades de exploración petrolera que supondrá grandes endeudamientos futuros. Y todo esto relativizando el alcance de las culpas de Repsol por administración fraudulenta, que debiera haber sido no sólo el motivo de la intervención del Estado sino de las acciones judiciales pertinentes: sin necesidad de expropiación de las acciones.

EN CONCLUSIÓN:

Por qué la idea de “salvataje” y a quién se estaría salvando o, al menos, liberando de sus compromisos incumplidos?

Un balance primario de los hechos concretos permite intuir o sospechar un salvataje, pero un salvamento encubierto con escenificación de las partes:

1. El gobierno Kirchner presenta la expropiación como una “nacionalización” de la empresa y una muestra de Soberanía Nacional en materia de hidrocarburos mientras absorbe el triple pasivo nuevo por la deuda acumulada de YPF, por el futuro financiamiento del plan de inversiones incumplido por Repsol y por los eventuales montos de indemnización a pagarle.

2. Repsol se victimiza como compañía perjudicada cuando, en realidad, después de haberse llevado dividendos que sobrepasan su inversión por la compra original

le traspasa la carga financiera por la deuda y el plan de inversiones al Estado Argentino; y todavía le reclama una indemnización que – desde el frio punto de vista de la Ley – pudiera llegar a corresponderle dada las serias vulnerabilidades del DNU y el PL del Ejecutivo. Y

3. El grupo Eskenazi – tradicionalmente favorecido por la administración Kirchner y fundadamente sospechado de manejarse con los negocios de la familia gobernante – no sólo no es alcanzado por las graves denuncias oficiales directas sino que además pudiera salir indemne de su propia irresponsabilidad por la compra de acciones con deuda.

En síntesis: que la intervención de YPF y la consiguiente expropiación de las acciones de Repsol tendría en los hechos un sentido muy diferente de la versión

oficial si se la mira desde el punto de vista financiero fiscal.

Y que la Intervención de la empresa puede y debe hacerse pero sin Expropiación.

La gran mayoría de la partidocracia con representación parlamentaria, sin embargo, se apresta a convalidar esta línea de acción irregular, discrecional y financieramente gravosa elegida por el gobierno Kirchner: una línea de acción que implicaría, en la práctica, un salvataje o liberación de Repsol YPF.-