Metáfora tercermundista

por Mariano Rovatti 

La Fragata ARA Libertad fue construida en el Astillero Río Santiago en 1963, para completar la formación profesional de los marinos de  la Armada Argentina, integrándolos a la vida en el mar, auxiliando a la política exterior del país, representándolo en los puertos en que recala, difundiendo la realidad geográfica, cultural y productiva de la nación. Con el actual, llevaba 43 viajes de instrucción realizados, visitando 60 países y más de 400 puertos extranjeros. 

El viaje de instrucción 2012 había comenzado el 2 de junio, zarpando desde Buenos Aires, y se preveía pasar por los puertos de La Guaira, Lisboa, Cádiz, Casablanca, Dakar, Luanda, Ciudad del Cabo y Río de Janeiro, entre otros. Pero se halla retenida por orden judicial en Tema, Ghana, desde el 2 de octubre. La Corte Superior de Ghana determinó que la tripulación y los funcionarios tienen  prohibido mover la Fragata sin una nueva orden de esta corte.

La medida cautelar se origina en un planteo realizado por uno de los llamados fondos buitres, el  NML Capital Ltd.. El mismo intenta hacer efectivo el pago ordenando por los tribunales de Nueva York, por U$S 370 millones, fallo desoído por el Estado argentino.

La deuda se originó en bonos defolteados por la Argentina en 2001, y cuyos tenedores no aceptaron las ofertas realizadas por el gobierno nacional en 2005, siendo ministro Roberto Lavagna, y en 2010, con la gestión de Amado Boudou.

Esos bonos fueron emitidos tras las sucesivas crisis financieras vividas por el país desde finales de los noventa y que generó el colapso del 2001, sobre todo en el tramo final previo, que incluyó el megacanje de deuda de 2001 promovido por Domingo Cavallo, tras el fracaso del blindaje y la caída de José Luis Machinea y el breve paso de Ricardo López Murphy, durante la presidencia de Fernando de la Rúa.

Los acreedores particulares fueron vendiendo a precios muy bajos (por debajo del 20% del valor nominal) sus bonos a los llamados fondos buitre que litigaron en los Tribunales neyorquinos obteniendo sentencias favorables. El problema que encontraron fue cómo ejecutar ese derecho, ya que no es fácil embargar bienes de los Estados Nacionales. Recientemente, Suiza rechazó una pretensión similar sobre la cuenta del Estado argentino en el Banco de Reglamentos Internacionales de Basilea, donde se hallan depositadas las reservas en dólares del país.

Ya desde hace algunos años, que se sabía que tanto la Fragata Libertad como cualquier otro bien del Estado argentino que se desplace por el mundo corría riesgos. Incluso, algunos funcionarios de la Cancilleríoa alertaron sobre los mismos. Por ello, el actual episodio genera una carnicería puertas adentro del gobierno.

La ruta del XLIII viaje de instrucción de la Fragata Libertad había sido diseñada por los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa. Por el conflicto, dentro de las FF.AA., perdieron sus puestos Lourdes Puente de López Llovet, (Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar), el Alte. Carlos Alberto Paz, (jefe de la Armada),  el alte. Luis María González Day, y el cdro. de marina Alfredo Blanco.

Los funcionarios  argentinos enviados para destrabar el conflicto Alfredo Forti (del Ministerio de Defensa)  y Eduardo Zuaín (de Relaciones Exteriores) fracasaron en su cometido. Pese a obtener buena respuesta del gobierno, la justicia ghanesa ratificó la medida.

El gobierno argentino aparece solo, desorientado y sin respuestas sólidas frente a esta crisis. La presidenta Cristina Fernández bramó se quedarán con la Fragata pero no con la dignidad nacional, y ordenó la evacuación del navío. Ambas actitudes implican una tácita resignación a que el buque escuela se ha perdido a manos de los acreedores.

El canciller Héctor Timerman fue a pedir auxilio a la ONU invocando supuestas violaciones a los derechos humanos y a los tratados internacionales, satanizando a los fondos buitres. Pero no obtuvo más que ser escuchado por los funcionarios internacionales.

Sin entrar a analizar tecnicismos jurídicos, para el mundo de la política y los negocios, la Argentina no es la víctima de la situación, sino la causante. Nuestro país llega a este triste estado como eslabón final de una cadena que incluye déficit fiscal crónico, endeudamiento desesperado, cesación unilateral de pagos e incumplimiento de sentencias. Es obvio que nuestro país se halle solo, abandonado a su suerte. Ningún país del mundo se ha solidarizado con la Argentina, ni siquiera sus aliados habituales.

Este episodio tercermundista configura una metáfora de la marcha sin rumbo del actual gobierno. En esta circunstancia, como en toda la gestión, la Argentina incumple compromisos, no reconoce la autoridad judicial, ignora la legislación, falsea los hechos, no asume responsabilidades, entrega el patrimonio nacional, maltrata a los militares y actúa con imprevisión, amateurismo  y desconocimiento de la realidad. 

La elección bonaerense del 2013, una instancia crucial

Por Mariano Rovatti

Van perfilándose las alianzas y rupturas de cara a las elecciones del año próximo.  Los gobernadores e intendentes se hallan en una situación difícil, ya que a la mayoría  les resulta inviable no alinearse con el gobierno nacional, sobre todo en un año en donde además de legisladores nacionales, quizás se voten convencionales constituyentes, decidiéndose así la continuidad de Cristina Fernández más allá del 2015.

Tal cual como lo anticipamos meses atrás, el gobierno nacional promueve la reforma de la Constitución para permitir la segunda reelección consecutiva de Cristina Fernández. Durante este año, o en los primeros meses del 2013, se buscará sacar la ley que declare la necesidad de la reforma, objetivo que no es inalcanzable para el oficialismo. Y probablemente, en la elección de legisladores se incluya la nominación de constituyentes.

Para las elecciones de diputados y senadores nacionales, el panorama es variado en las principales provincias:

En Santa Fe, se prevé una disputa palmo a palmo entre Hermes Binner y Miguel del Sel, quienes encabezarán las listas de diputados nacionales por dos frentes: el socialista-radical y el PRO-peronismo independiente, respectivamente. Tercero  cómodo estará quien represente los intereses del kirchnerismo.

Córdoba presenta otro panorama, luego de la decisión de José Manuel De la Sota de convertirse en un referente de la oposición.  El gobernador dará su apoyo a una lista integrada por el PJ provincial, que le responde, y el PRO, recreando el nombre de Unión por Córdoba.  Seguramente, ocupará el primer lugar. Detrás, habrá dos fuerzas parejas: el radicalismo, liderado por Oscar Aguad, que buscará su reelección y la alianza de Luis Juez con el kirchnerismo. Los últimos movimientos del senador indicaran claramente que se une al oficialismo nacional. Ello es directa consecuencia del pase de De la Sota a la oposición y de la falta de referentes kirchneristas de envergadura en la provincia.

En Mendoza, crece la figura de Julio Cobos, quien liderará una lista radical que quizás incluya figuras extrapartidarias, como Enrique Thomas, jefe del bloque del Frente Peronista, quien también se halla frente al fin de su mandato. Un triunfo lo reposicionaría al ex vicepresidente, devolviéndole algo del protagonismo perdido, luego de haber sido casi dos años el político con mejor imagen del país.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se eligen senadores nacionales, la lucha será entre el PRO y el Frente para la Victoria. Ya hemos analizado en otro artículo las perspectivas de esta elección. En las últimas semanas, se acercó Fernando Solanas al kirchnerismo,  casi del mismo modo que lo hizo Juez en Córdoba. El FPV carece de un candidato potente de origen peronista, por lo que Solanas guarda chances de ser representante del oficialismo.

Pero la gran elección, será otra vez, en la provincia de Buenos Aires. Por ahora, hay más dudas que certezas. En primer lugar, podremos verificar hasta dónde llega la voluntad política de Daniel Scioli. ¿Tendrá participación en el armado de listas? ¿apoyará a una lista opositora? ¿es Roberto Lavagna su favorito? ¿por dentro o fuera del FPV? ¿contará con el apoyo de Hugo Moyano?

Otro dilema será la actitud de Sergio Massa. ¿intentará pasar desapercibido y esperar hasta el mismo 2015 para definir su posicionamiento? ¿actuará en función de lo que haga Scioli respecto de Cristina, haciendo lo contrario y ocupando el espacio que éste deje vacío? ¿serían Scioli y Massa candidatos a constituyentes si hay elecciones para tal fin?

Alicia Kirchner sería quien encabece la lista de diputados nacionales, haciéndola poner un pie de cara al 2015, en donde sería candidata a gobernadora…o a Presidenta, aventuran algunos, si Cristina no logra la reforma. Se estima que tiene un piso electoral del 35%, el núcleo duro del kirchnerismo, que podría verse elevado si votan los adolescentes, y en especial, si lo hacen los extranjeros.

El resto de la lista será diseñado en la Casa Rosada, sin participación alguna de Scioli y el sindicalismo. Cristina pondrá allí a los hipercristinistas que le aseguren la máxima lealtad. La dependencia financiera provincial y el carácter del gobernador hacen poco probable que éste responda armando una lista por afuera del FPV, al menos ostensiblemente.

Frente a esa posibilidad, una hipotética lista apañada por Scioli le sacaría más votos a la oposición que al gobierno, por lo que al gobernador le quedan por ahora pocos caminos a recorrer por fuera del armado oficial. Veremos qué pasa más cerca del 2015.

Del otro lado del río, todo es diferente. No hay conducción centralizada, ni liderazgos convocantes, pero empiezan a definirse tibiamente algunas posiciones.

Jesús Cariglino asomó la cabeza con sucesivos encuentros públicos con Hugo Moyano, José Manuel de la Sota y Mauricio Macri, entre otros. Va consolidándose como el armador de un polo opositor con base territorial en su distrito, y ello ya le trajo problemas, como el crimen del enfermero Walter Navarro, con el que el vicegobernador Gabriel Mariotto armó una operación política tendiente a desgastarlo políticamente, sobre todo cuestionando el punto más fuerte de la gestión del intendente, la salud pública.

El intendente malvinense hizo pública su preferencia por un acuerdo con el macrismo, y quizás sea candidato a diputado nacional el año próximo, junto a Gabriela Michetti, si finalmente accede a cambiarse de distrito.

Esa posibilidad dejaría libre un callejón para el peronismo que puede representar Moyano, aunque éste mide muy mal en las encuestas. Quien encabece esa opción sería Lavagna, si participa Scioli del armado. Por distintos motivos, ambos no van a arriesgarse a una derrota. Otro referente de este espacio sería Jerónimo Venegas, con buena presencia en el interior provincial, pero con menos fuerza en el conurbano.

Otro referente del peronismo opositor es Francisco De Narváez, quien siempre ha hecho buenas elecciones, pero con un techo que le ha impedido ser gobernador. Hoy las encuestas no le sonríen como años atrás, y no es confiable para los demás referentes peronistas. Su opción más probable es que se repita la alianza con el radicalismo, en especial con el sector de Gustavo Posse.

El radicalismo tiene suspendida una interna, que podría ayudar a definir dónde está parado el centenario partido. Hay un sector proclive a una futura alianza con el PRO, otro que busca juntar fuerzas con el socialismo de Binner, y un tercero que es colaboracionista del gobierno. Una crisis de identidad que se agrava año a año, y que lo va alejando cada vez más de convertirse en una opción de poder.

Formalmente, la segunda fuerza electoral en la provincia es el FAP, que en realidad es una unión transitoria de fuerzas políticas. Sus referentes más importantes son Margarita Stolbizer, a quien se le vence el mandato, y Víctor de Gennaro y Victoria Donda, electos en 2011. Los tres armaron bloques distintos, lo que indica la falta de cohesión del espacio. El senador nacional Jaime Linares pertenece al GEN, por lo que respaldaría a Stolbizer.     

En todo este análisis, puede inferirse que si la oposición no logra cierto nivel de unidad, naufragará nuevamente. El sistema de internas abiertas permite que todas las diferencias entre sus miembros se diriman en esa instancia, presentando en la elección general una candidatura fuerte con posibilidades de triunfo.

Los espacios de Cariglino-PRO, Moyano, Venegas, De Narváez y el radicalismo deberían confluir en un solo frente, que tras la realización de las primarias ofrecería a la sociedad una alternativa real de poder, legitimada por la voluntad popular reflejada en las urnas.

El resultado de elección bonaerense del 2013 es particularmente decisivo de cara a la continuidad del régimen kirchnerista. No es sólo una elección intermedia, sino que es una instancia crucial.

Dentro de un mes, Venezuela vivirá una experiencia distinta, ya que Hugo Chávez tendrá por primera vez un challenger en serio, Henrique Capriles, surgido de una interna única de la oposición. Una victoria de éste o una derrota por poco margen puede servirle a la dirigencia opositora argentina de un modelo a seguir. 

Mariano Rovatti: "La reforma constitucional no es necesaria"

El Dr. Mariano Rovatti comenzó repasando los temas planteados en el Boletín de Información Política (BIP) en los números anteriores, entre los que destacó la participación de miembros del Instituto y de destacados expertos que prestaron su colaboración. Temas como la estatización de YPF, la crisis social, la inseguridad, la droga, la comunicación, las finanzas del Estado, la producción y el empleo y el sindicalismo, entre otros son tratados habitualmente en nuestra publicación

En el BIP nº 1, fue abordado el tema de la reforma constitucional. Recordó que en ese momento se lo veía como una locura, pero nosotros lo adelantamos y hoy está en boca de todos: el gobierno nacional impulsa un proyecto de reforma de la Constitución Nacional, con el objetivo de permitir la segunda reelección consecutiva de la Presidenta Cristina Fernández.

Analizó que para reformar la Constitución, según su art. 30, se necesita una ley que declare la necesidad de ello. La misma debe contar con el voto de al menos dos tercios de los miembros del Congreso. Tiene que convocar a elecciones de convencionales constituyentes, las que –con la ley vigente- serán manejadas por el gobierno. Para sacar la ley hoy le faltan sólo cuarenta diputados y ocho senadores, aproximadamente

Reveló que para contar con ese piso, el gobierno debe ofrecer un atractivo a algunos sectores de la oposición, a fin de que lo acompañen en la iniciativa. Ese caramelo sería la implementación del sistema parlamentario,  para lo que encargó a Eugenio Zaffaroni la redacción de un proyecto de reforma que lo contemple. Además, ya hay operadores como Luis D’Elia, Ricardo Forster, Eduardo Sigal y Diana Conti, que están recorriendo el país para instalar el tema, logrando que algunos gobernadores e intendentes empiecen a referirse a él.

Comentó que más allá de las modificaciones que se estudian incorporar a la parte dogmática del texto constitucional, lo único que interesa es la reelección de la Presidenta. Valoró que ello es negativo por varias razones:

Como principio general, la vigencia de un auténtico sistema republicano exige la periodicidad de funciones como uno de sus pilares. En el caso concreto de la Argentina de 2012, darle la posibilidad de la re-reelección a la Presidenta, implica consagrar un sistema de creciente concentración de poder en sus manos, borrando la posibilidad de recambio a través del voto.

La reelección indefinida consolidaría un sistema de sumisión extrema al poder central, haciendo ilusorio cualquier intento de federalismo, división de poderes, controles republicanos, etc. La necesidad financiera de municipios y provincias al poder central se acentuaría aún más, garantizando la obediencia ciega de intendentes, gobernadores y legisladores a la voluntad de la Casa Rosada.

Por el contrario, la certeza del fin del mandato de Cristina abriría el juego, sobre todo después de las elecciones intermedias del año que viene, dándose la posibilidad de varios postulantes –dentro y fuera del PJ- a la sucesión del poder.

Por todo ello es que estimó que la oposición debe frenar sí o sí esta iniciativa.

No obstante, cree que algunos temas sí pueden incluirse en alguna eventual reforma, siempre y cuando surjan del consenso y del debate amplio y honesto de cada tema: el mismo sistema parlamentario, la modificación del número y forma de elección de los diputados nacionales, la limitación de los decretos de necesidad y urgencia y la creación del Instituto Federal Electoral; pero todo ello, luego del 2015, una vez que asuma el nuevo gobierno.  

Una idea y 140 caracteres

por Mariano Rovatti

“No hay ideas”. “Nadie formula propuestas”. “No se elaboran planes alternativos”. Quejas frecuentes en el ámbito de la política argentina, donde todo se va resolviendo sobre la marcha, tanto en el gobierno como en la oposición. Pero ¿hay alguien dispuesto a leer una propuesta? ¿quién se toma el trabajo de leer un documento de diez carillas? ¿hay personas que cotejen ideas? ¿la imagen ha sustituido a la idea?  ¿vale la pena el esfuerzo de plasmar conceptos en palabras escritas? ¿puede un libro ser sustituido por un video? ¿puede ser reemplazado el papel por la tecnología on line?

La multiplicación de los medios de comunicación aumentó exponencial –y a veces- artificialmente el material informativo. Todos nos vemos bombardeados por abundante cantidad de noticias, comentarios, operaciones mediáticas, etc.

Además, para las personas que trabajan, el tiempo libre es cada vez más escaso, por lo que se reduce sustancialmente el tiempo disponible para la lectura de textos con cierta profundidad.

¿Cómo hacer para ganar la atención del lector? La competencia es feroz ante el material de lectura disponible en diarios, revistas, libros, Internet, y entre éstos y la radio y la televisión.

Esta situación exige al redactor un brutal poder de síntesis, sacrificando profundidad de análisis en pos de llegar a despertar interés en el destinatario.

Pero también –a veces- es necesaria determinada extensión en el análisis para explicar y entender un problema, debiéndose apuntar alto en el nivel del mensaje. Cuando ello es indispensable, hay que admitir que gran parte del público quedará al margen del mismo.

El riesgo de ésto es banalizar los temas, tratándose cuestiones de fondo de manera liviana. Es muy difícil evitar este inconveniente, sobre todo cuando también se verifica un deterioro del nivel cultural promedio de la población.

Para el mundo de la política, el desafío no es optar entre una forma u otra de decir, sino en desarrollar un plan integral de comunicación de contenidos a través de todos los medios disponibles: libros, diarios, revistas, televisión, radio, Internet…y dentro de ésta, las versiones on line de todas las demás, más las redes sociales, lugar de encuentro virtual de miles de personas de todo el mundo en simultáneo.

Facebook representa un extremo basado en la imagen, y Twitter en la palabra, en su mínima expresión. En la Argentina, el kirchnerismo, el macrismo y el sciolismo le han sacado ventaja al resto en esa tendencia, que a la vez también ha sido funcional a un proceso de pérdida de compromiso de la clase dirigente con valores, ideales y principios. Cuanto menos se diga, menos se compromete, pero también cuanto más se dice menos se logra llegar al destinatario.

Por ello, mal que nos pese, la cualidad de expresar conceptos simbólicamente a través de imágenes y/o de una sola frase debe ser explorada y desarrollada por cualquier proyecto político con ambiciones de poder. 

Cayó Fernando Lugo

por Mariano Rovatti

El Congreso de Paraguay, a través de la sustanciación de un juicio político, decidió remover de su cargo a Fernando Lugo. La decisión fue tomada en la Cámara de Senadores por el voto de treinta y nueve de sus miembros contra cuatro votos negativos. Dos legisladores se hallaban ausentes. Previamente, en la Cámara de Diputados, la acusación había sido respaldada por setenta y cuatro votos contra uno

Esta claro que ni sus propios legisladores sostuvieron a Lugo. Tras la masacre de Curuguaty, en la que murieron 18 campesinos enfrentados a la policía, se acrecentó la soledad política del obispo-presidente, quien se hallaba distanciado de su vicepresidente y sucesor, Federico Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico.

Esta agrupación, junto a los partidos Colorado, UNACE, Patria Querida y Demócratico Progresista, acordaron la destitución del Presidente, por lo que el trámite del juicio político se trató de eso: un trámite. Pesó la decisión política por sobre las razones jurídicas.

De todos modos, en la acusación se incluyeron  diversas causales, además de la mencionada matanza de Curuguaty. Se menciona el acto político en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, cuando en 2009 se realizó una concentración política de jóvenes en el Comando de aquéllas y la invasión de las tierras de Ñacunday.

La Cámara de Diputados señaló a Lugo como el único responsable al actuar como instigador y facilitador de las recientes invasiones de tierras en la zona, cuestionando la actitud del Presidente, de abrir las puertas a los líderes de las invasiones como es el caso de José Rodríguez, Victoriano López, Eulalio López, entre otros, dando un mensaje claro a toda la ciudadanía sobre su incondicional apoyo a esos actos violentos.

También se le imputa a Lugo una seguridad descuidada, considerando que ha sido absolutamente incapaz de desarrollar una política y programas que tiendan a disminuir la creciente inseguridad ciudadana.

La caída de Lugo generó un encendido rechazo de los gobiernos de Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador, considerando a la acción como un golpe de Estado. Anunciaron que no reconocerán al nuevo gobierno, y la presidenta Dilma Russef propuso la expulsión de Paraguay del MERCOSUR y de la UNASUR. El resto del continente no se ha pronunciado.

Las voces de rechazo provienen del eje que integraba el mismo Lugo, y están marcadas más por lo ideológico que por los principios republicanos. Difícilmente, si el destituido hubiese sido el chileno Sebastián Piñera  o el colombiano Juan Manuel Santos, ese grupo de jefes de Estado hubiesen salido en su defensa.

La caída de Lugo se produce siguiendo el procedimiento seguido en la Constitución. Se puede cuestionar que todo fue muy rápido, y que faltaban diez meses para que el pueblo votase. Pero el juicio político es una institución tan republicana como las elecciones.

Drogas para todos

por Mariano Rovatti 



La Cámara de Diputados de la Nación trata en comisión el proyecto de despenalización del consumo personal de drogas. El mismo había sido pensado al principio, limitado a la marihuana, pero finalmente, el Frente para la Victoria, La Unión Cívica Radical y el Frente Amplio Progresista extendieron el alcance del proyecto a toda la gama de estupefacientes. De todos modos, aún no se han puesto de acuerdo en la redacción de un dictamen único.

En la Argentina, la última década ha sido la edad de oro para la producción, tráfico y consumo de drogas. Se desconoce cuál es el plan que lleva el gobierno para el combate de este flagelo social, así como resulta una incógnita cuál sería el plan alternativo de la oposición al respecto.

Hoy, la Argentina en toda su extensión social es un campo fértil para el narcotráfico. Drogas blandas y duras, baratas y caras, están al alcance de niños, jóvenes y adultos; ricos, pobres y clase media. La inoperancia de las autoridades, la acción de los medios de comunicación y el estilo de vida contemporáneo lleno de vacíos, favorecen el aumento exponencial de la oferta y la demanda de drogas.

 Todas ellas –sin excepción- generan daños irreversibles en la salud física de quienes la consumen, con el agravante que la adicción que las mismas provoca lesiona el bien máximo de las personas: la libertad.

Es obvio que criminalizar el consumo no es la solución, y que conviene mucho más tratar al adicto como un enfermo, aunque el consumidor no se considera como tal.

 También es cierto que hoy el consumo de marihuana ya es libre de facto en las calles de nuestro país, ya que se generalizó sin ninguna consecuencia legal ni social en su contra.

 Quienes estimulan la despenalización, arguyen que en los países que se ha practicado, el consumo de drogas ha bajado. Sin embargo, nadie muestra estadísticas confiables que certifiquen esa afirmación.

 De aprobarse, esta ley constituirá un doble triunfo para el narcotráfico: su mercado estará más liberado, e impondrá culturalmente la idea de que drogarse no es malo. La naturalización del consumo de drogas –tendencia apoyada claramente por los medios de comunicación- encontrará un aliado firme en la legislación vigente.

El Congreso Nacional deberá trabajar con responsabilidad y valentía este tema, encarándolo como una prioridad de Estado. El programa para combatir el narcotráfico, reducir el consumo y recuperar a los adictos, debe ser elaborado por los tres poderes del Estado, con participación de los especialistas en la materia, desde el ángulo legal, sanitario y social. La despenalización va en el camino contrario.

Inseguridad: drama y desafío

por Mariano Rovatti

El auge de la delincuencia se halla firme, registrándose hechos graves a diario, con altas dosis de violencia, más allá de ser o no registrados por la opinión pública. 
Para encarar el problema, no debe caerse en falsas antinomias en su debate público, entre el garantismo y la mano dura. Sin tinturas ideológicas, el Estado en sus distintos niveles debe promover una serie de modificaciones, y convertirlas en una política de Estado.



Desde los niveles de conducción política, debe promoverse la revisión de las leyes de fondo, la reforma de la legislación procesal, dotar al Poder Judicial de los recursos necesarios, reformular los criterios jurídicos de numerosos magistrados, jerarquizar moral, económica y técnicamente a las fuerzas policiales, trabajar en conjunto con las ONGs especializadas en función de prevenir el delito, reestructurar los sistemas carcelarios, y mejorar la infraestructura urbana para evitar la proliferación de delitos y la impunidad de quienes los cometen.

Para resolver el problema, toda el Area Metropolitana de Buenos Aires debe ser considerada como un único territorio, participando de la decisión, las autoridades de la Nación, la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires.

Frente a las novedosas formas del delito, hay que animarse a llevar adelante –o al menos estudiar- algunas soluciones creativas. Por ejemplo: designación de fiscales y comisarios con participación popular, previa selección del Ministerio correspondiente; y la implementación del juicio por jurados, previsto en la Constitución, con participación del 50% de legos y el 50 % de abogados.

Para todo ello, hace falta que la dirigencia argentina actúe con grandeza, idoneidad, creatividad, y visión de futuro.

¿Soberanía o negociados?

Por Mariano Rovatti

La estatización de YPF es, sin dudas, el acto de gobierno más trascendente de los últimos años. Implica una rectificación de la política kirchnerista en la materia. Allá por el año 2003, cuando comenzó este proceso político, el único candidato que sostuvo la necesidad de volver a tener una empresa petrolera estatal fue Adolfo Rodríguez Saá. El entonces gobernador santacruceño, de estrechos vínculos con las empresas extranjeras que explotaban el petróleo de su provincia, no hizo ninguna referencia al tema.

Posteriormente, durante su gestión, Néstor Kirchner promovió la incorporación del grupo Eskenazi, al que también estaba fuertemente vinculado, ya que el mismo había sido beneficiario de la privatización del Banco de Santa Cruz, quien se hizo de una parte importante del paquete accionario a cambio de nada. Por intercesión del Pingüino, una ingeniería financiera comandada por el mismo banco suizo en donde habían ido a parar aquéllos quinientos millones que tardaron tanto en volver, le permitió al grupo hacerse de las acciones a cambio de pagar con dividendos. Una ganga. Siendo así, podría haber sido el Estado quien se hiciera de esas acciones, pero la gestión del gobierno fue a favor del grupo. ¿A cambio de qué?

Sin dudas, que la decisión política de tener una empresa petrolera estatal constituye una decisión soberana. La exploración, explotación, industrialización y comercialización de hidrocarburos, son pilares estratégicos de cualquier proyecto nacional de desarrollo autónomo.  En nuestra región, tres países con modelos económicos bien diferentes entre sí como Brasil, México y Venezuela, tienen como rasgo en común, la existencia de una empresa petrolera estatal rectora. Pero en la Argentina, esa empresa ya existía y había sido creada por el mismo Néstor Kirchner: ENARSA, una empresa fantasmal que bien podría haber sido adjudicataria de las concesiones caducas de Repsol YPF por incumplimientos.  

Este gobierno viene de fracaso en fracaso en la política energética. Por su incompetencia, su falta de previsión y su connivencia con las empresas petroleras, ha logrado que la Argentina pierda el autoabastecimiento y entre en una zona riesgosa de falta de combustibles y grandes dificultades para importarlos. La gestión de Repsol generó el vaciamiento de la empresa, pero el Estado argentino no fue inocente. La corrupción y la incompetencia estuvieron en ambos lados.

Tal como se dieron los hechos, surgen varios interrogantes:

1.      Siendo la cuestión un asunto de Estado para ambos gobiernos, ¿podrían haberse entablado las negociaciones directamente con el gobierno español, preservando la  relación entre los países? ¿o se prefirió hacer el mayor ruido posible? Es verdad que Repsol es una empresa privada –y no sólo española, ya que gran parte de su dominio es de origen británico- pero la airada reacción del premier Mariano Rajoy confirma que el tema es de vital importancia para el gobierno peninsular, sobre todo en un momento crítico como el que está atravesando su país.

2.      ¿Se evaluó en la Cancillería argentina cuáles serán las reacciones del mundo frente a esta medida? ¿La Argentina será sancionada comercialmente por la Unión Europea? ¿Los Estados Unidos estaban al tanto de la situación? ¿En la reunión panamericana de dos días antes, el tema estuvo en la mesa de conversaciones? ¿o se esperó su finalización para hacer el estridente anuncio? ¿La Argentina perderá su silla en el G-20, para que ésta sea para Chile? ¿Colgará el mundo un cartel sobre nuestro cuello como país impredecible sin remedio?

3.      ¿Era necesario proceder patoterilmente contra los ex directivos de YPF, a quienes se expulsó con la Gendarmería por la fuerza de sus oficinas sólo con un DNU al mismo tiempo que la Presidenta anunciaba la intervención de la misma por radio y televisión?

4.      ¿Por qué se expropia sólo el paquete de Repsol? ¿Y el de los Eskenazi? ¿Cuál es el verdadero vínculo de ellos con los Kirchner? ¿A qué se refería la Presidenta un mes atrás cuando hablaba de las avivadas de los dueños de YPF? ¿Se refería a Repsol o a sus ex amigos?

5.      ¿Habrá alguna consecuencia judicial para los ex funcionarios de YPF, tanto los de Repsol como los del grupo Eskenazi? ¿y los del gobierno?

6.      ¿Qué pasará en la Justicia argentina si se invoca el art. 17 de la Constitución Nacional? No hubo indemnización previa, y la expropiación se materializó en los hechos con la intervención dispuesta por el PEN. Como se dio la operación, ésta se aproxima demasiado a la confiscación.

7.      ¿De dónde saldrán los treinta mil millones de dólares que son necesarios para invertir en exploración y explotación en los próximos años? ¿se ha hecho en el gobierno un plan de inversiones?¿si se buscan inversores externos, con este antecedente, es la Argentina un socio confiable?

8.      ¿En esa búsqueda de socios, no hay riesgo de entregar otra vez la empresa? ¿Si la situación argentina es de dependencia, YPF no puede terminar siendo una empresa manejada por China, por ejemplo?

9.      ¿Tienen los actuales interventores la idoneidad necesaria para conducir esta empresa? ¿puede ser Julio De Vido, el mismo que logró el desabastecimiento petrolero, quien lidere el proceso inverso? ¿tiene Axel Kicilof algún mérito adicional que ser el autor intelectual de la estatización? ¿quiénes son los nuevos directores? ¿además de ser obedientes militantes de La Cámpora, poseen algún conocimiento en el específico negocio del petróleo? ¿cómo harán para no repetir el desmanejo que sus compañeros –conducidos por Mariano Recalde y el mismo Kicilof- hicieron en Aerolíneas Argentinas? ¿cómo se asegura la Argentina que YPF no será saqueada nuevamente, ahora por la voraz agrupación de los yuppies progres?

10.    ¿Qué pasará ahora con el precio de la nafta en nuestro mercado interno? ¿Habrá desabastecimiento? ¿Tiene YPF el suficiente stock para asegurar el suministro de combustible a toda la industria, el agro, los servicios, los transportes y al público en general?

Contra reloj, como siempre, los diputados y senadores de la Nación deberán convalidar o rechazar en pocas semanas esta medida. Por lo que ya se ha expresado, la aprobación general es un hecho. Sólo unas pocas manos en cada cámara se alzarán contra el proyecto del Poder Ejecutivo, que encima, cuenta con apoyo de la mayoría de la población.

¿Qué se puede hacer entonces, frente a un hecho casi consumado?

La oposición debe expresarse con claridad y firmeza, ejerciendo su rol y denunciando todas las situaciones aquí descriptas. Además de la invocación al derecho de propiedad, el voto negativo debe ser fundado –principalmente- en la defensa del verdadero interés nacional, vulnerado por esta iniciativa, y por la política petrolera en general.   

A futuro, cuando los tiempos políticos así lo permitan, la oposición deberá promover una legislación que asegure que la nueva YPF sea en verdad una empresa de todos los argentinos, con posibilidad de extender sus alcances a todas las empresas que controla el Estado Nacional.

Para ello, la ley debe estipular que el directorio debe ser íntegramente nombrado por el Parlamento, por la mayoría absoluta de sus miembros. El Presidente del directorio podría ser propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.

La ley debe establecer que –además del bloque oficialista- la oposición debe estar representada en ese directorio, lo mismo que el sindicalismo y los usuarios, cuyos representantes tendrían que ser elegidos por el Congreso a propuesta de las organizaciones directamente relacionadas con la actividad.

También la ley debe incluir a la nueva YPF y a cualquier empresa controlada por el Estado Nacional, aunque sea una sociedad anónima, dentro del régimen sujeto a la Ley de Contabilidad del Estado, la que asegura gran cantidad de controles por parte de los organismos pertinentes.

Debe obligarse al Presidente del directorio a concurrir mensualmente al Parlamento a rendir cuentas de su gestión, y responder y aclarar todas las cuestiones que se les plantee, dada la importancia estratégica de su cometido.

Por último, la ley debe asegurar que los miembros del directorio serán responsables con su propio patrimonio de las consecuencias económicas derivadas de todas sus decisiones

Reforma constitucional: Perspectivas ante la inminencia de un nuevo intento

Por Mariano Rovatti 


El gobierno nacional impulsa un proyecto de reforma de la Constitución Nacional, con el objetivo de permitir la segunda reelección consecutiva de la Presidenta Cristina Fernández.


Además de la decisión de no entregar el poder, la principal motivación es conservar el liderazgo del oficialismo evitando las fugas de gobernadores e intendentes hacia posibles postulantes a la sucesión presidencial, tales como Daniel Scioli, Juan Manuel Urtubey, Jorge Capitanich o José Manuel de la Sota.

La Presidenta tendrá 62 años cuando termine su mandato. Si deja que otro la suceda, corre el riesgo de quedarse en el llano hasta el 2023. En ese entonces, será una señora de 70 años.

Para reformar la Constitución, según su art. 30, se necesita una ley que declare la necesidad de ello, sancionada  con el voto de al menos dos tercios de los miembros del Congreso. Tiene que convocar a elecciones de convencionales constituyentes, las que –con la ley vigente- serán manejadas por el gobierno

Para contar con ese piso, el gobierno ofrecerá un atractivo a la oposición, que sería la implementación del sistema parlamentario,  para lo que encargó a Eugenio Zaffaroni la redacción de un proyecto que lo contemple.

En Diputados, de 257 miembros, los dos tercios son 172.  El FPV y sus aliados habituales son 132. Les falta 40 manos que no parecen tan difíciles de alcanzar: el radicalismo tiene 38 diputados, el ex FAP (que ahora está diseminado en 6 bloques) reúne 25 diputados y un conjunto de pequeños bloques con comportamiento impredecible juntarían 17 miembros. El peronismo disidente, la Coalición Cívica, el PRO y demás bloques pequeños que presumiblemente estarían en contra llegan con suerte a 45.

En el Senado, la situación es algo más fácil aún para el oficialismo, que tendría entre el FPV y sus aliados habituales, 41 votos de los 48 requeridos. La UCR y aliados juntarían 10, el peronismo disidente 3 y el resto impredecible, 18.

El proyecto incluiría la creación de un “Tribunal constitucional” a la par de la Corte Suprema. La idea es que este nuevo escalón judicial sea el órgano encargado de trabajar todas las causas administrativas sobre la función del Gobierno, y el control de la constitucionalidad de las leyes, lo que implicaría quizás un menoscabo al máximo tribunal. El presidente de este tribunal sería, precisamente, el mismo Zaffaroni.

La reelección:

Unico motivo por el cual se va a estimular la reforma desde el Poder Ejecutivo, creemos totalmente negativa para el país esta posibilidad por varias razones.

Como principio general, la vigencia de un auténtico sistema republicano exige la periodicidad de funciones. Darle la posibilidad de la re-reelección a la Presidenta, implica consagrar un sistema de creciente concentración de poder en sus manos, borrando la posibilidad de recambio a través del voto.

La reelección indefinida consolidaría un sistema de sumisión extrema al poder central, haciendo ilusorio cualquier intento de federalismo, división de poderes, controles republicanos, etc. La necesidad financiera acentuaría la obediencia ciega de intendentes, gobernadores y legisladores a la voluntad de la Casa Rosada.

Por el contrario, la certeza del fin del mandato de Cristina abriría el juego, sobre todo después de las elecciones intermedias del año que viene, dándose la posibilidad de varios postulantes –dentro y fuera del PJ- a la sucesión del poder, lo que dará salud institucional al país.

Por estos motivos, la oposición debe frenar sí o sí esta iniciativa.

Aún recibiendo el caramelo del parlamentarismo, éste representaría sólo un cambio formal, mientras esté el Frente para la Victoria en el poder.

El sistema parlamentario:

El mismo se basa en desdoblar la conducción del gobierno y del estado, a diferencia de los sistemas presidencialistas, en donde ambos confluyen en la misma persona.

En Francia, Alemania e Italia, el Presidente es el jefe del Estado y en Gran Bretaña y España, éste es conducido por el monarca. El gobierno es ejercido por el consejo de ministros, cuya cabeza es el Primer Ministro (en el caso español, llamado Presidente de Gobierno).

En la mayoría de los casos, el Jefe de Estado propone al parlamento la designación de un Primer Ministro (generalmente un legislador electo) quien debe formar gobierno.

Según sea, el Jefe de Estado conserva atribuciones de tipo protocolar y de carácter militar y diplomático; en algunas situaciones excepcionales, puede convocar o disolver al Poder Legislativo.

El Primer Ministro es el responsable de la gestión de gobierno en sí misma. Para sostenerse, necesitará siempre del apoyo del Poder Legislativo, ante quien debe dar cuentas permanentemente. Fruto de los vaivenes de la democracia, más de una vez, el Presidente y el Primer Ministro han sido de partidos diferentes

Obviamente, que la Argentina –y toda América Latina- tiene una tradición política totalmente diferente, basada en el caudillismo, con ideologías laxas y partidos políticos relativamente débiles, con la excepción de Uruguay, Chile, Brasil y algún otro. Argentina, México, Paraguay y Perú  han tenido –en distintos tiempos- períodos largos de hegemonía de un partido sobre los demás.

La reforma de 1994 creó la figura de Jefe de Gabinete, que no fue más que eso, una figura. El mismo es un ministro más, designado a piacere por el Presidente. La mayoría de quienes han ejercido el cargo han sido sumisos operadores del Presidente de turno, sin ningún tipo de sujeción al Parlamento.

La adopción de este sistema implicaría un cambio brutal en la cultura política argentina, de difícil pronóstico. Exige un nivel de diálogo, tolerancia y negociación que hoy nos resultarían utópicos. El sistema funciona en sociedades muy diferentes a la nuestra, pero también lo hace en países cercanos como Italia y España.

Sin embargo, el parlamentarismo sería un eficaz método para impedir la consolidación de un régimen hegemónico, aun basado en elecciones, al estilo del venezolano. La marcha de los acontecimientos institucionales en nuestro país parecen ir en ese sentido.
En la Argentina, el sistema presidencialista responde a la tradición política, a la influencia norteamericana y al legado del pensamiento de Juan Bautista Alberdi, quien imaginó al Presidente como un monarca que dure seis años. Claro que lo pensó sin reelección inmediata…

En el pasado ha servido para realizar grandes transformaciones en distintas etapas del país, en las que el liderazgo firme era una condición indispensable. ¿Servirá para el futuro?

Por su relevancia, el tema merece un análisis muy serio y responsable, consultando especialistas y observando honestamente las experiencias ajenas. En el hipotético caso que se llegara a una posible reforma, ésta se tiene que construir con un nivel alto de consenso y no como la imposición de un bando sobre el otro.

Los temas que sí habría que incluir en una eventual reforma:

La redacción del art. 30 de la Constitución Nacional no exige que los artículos a reformar estén predeterminados. Tras el Pacto de Olivos de 1994, la ley 24.309, sí los incluyó, como una garantía recíproca entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Igualmente, fueron incluidas en la reforma una importante serie de aspectos no previstos en esa norma.

Dado que –como hemos visto- la ley que declararía la necesidad de reforma tiene posibilidades de ser sancionada, desde la oposición habrá que ir pensando cuáles temas pueden incorporarse al debate en la Convención reformadora.

Hay temas que la salud institucional del país sí requiere que sean reformados, pero no parecen estar en la agenda de los actores políticos. Más allá de que técnicamente no sea necesaria la reforma constitucional para los siguientes temas, políticamente es conveniente fijarles un marco dentro del orden constitucional:

a) creación del Instituto Federal Electoral:

Siguiendo el modelo mexicano, el IFE es un organismo público, autónomo e independiente, con funciones administrativas en el ámbito electoral, evitando así que los comicios sean manejados por el gobierno de turno. Las funciones jurisdiccionales la tiene el Tribunal Electoral, órgano especializado del Poder Judicial.  Sus integrantes  son  elegidos para un periodo de siete años por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso.

b) Elección de diputados:

Establecer un número fijo de diputados nacionales, proporcional a la cantidad de habitantes de cada distrito, posibilitando la actualización de su representación. Tender a la eliminación de las listas-sábana y a una mayor cercanía entre el elector y el elegido.

Por ejemplo, si se estableciera un número estable de 300 diputados, pueden elegirse ciento cincuenta (150) por sistema proporcional D’Hont, simultáneamente con el Presidente y Vice, y los otros ciento cincuenta (150) en elecciones intermedias, a razón de uno por circunscripción electoral, elegido por simple mayoría. Alemania, Rusia y México tienen sistemas comparables a éste.

c) Decretos de Necesidad y urgencia

La ley 26.122 supone la validez de todo DNU, siendo requisito una ley para derogarlo. O sea que con una sola cámara que lo confirme, el decreto queda firme.

A fin de restablecer un verdadero equilibrio entre los poderes, es necesario que se modifique el procedimiento, exigiendo que sea necesaria una ley, no ya para derogar el DNU sino para ratificarlo. Además, el DNU sólo tendría una vigencia temporal limitada a no más de ciento ochenta días.

Con ambas modificaciones, se invertiría el principio, adecuándolo al espíritu de la Constitución Nacional, que está plasmado en el art. 29 (El Congreso no puede conceder al ejecutivo nacional….facultades extraordinarias, ni la suma del poder público…).