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martes, 14 de agosto de 2012

Deuda pública y pago del BODEN 2012

por Héctor Giuliano 

El gobierno Kirchner ha hecho toda una puesta en escena tan exitista como engañosa en relación al pago de la última cuota de capital e intereses correspondiente al BODEN 2012: anuncio formal, discurso de la presidenta en la Bolsa de Comercio, reloj con cuenta regresiva, declaraciones del Ministro de Economía y eslogan acerca de una supuesta Independencia Económica y Desendeudamiento de la Argentina.



En este caso se pagaron unos 2.200 Millones de Dólares (MD)[i] que representan el 4.4 % del total de vencimientos de capital e intereses correspondientes al corriente año, que son 50.300 MD: 40.100 de capital más 10.200 MD de intereses, según los datos del Presupuesto 2012.

La cifra representa la cancelación de sólo el 1.16 % del total de la Deuda Pública del Gobierno Central, que al 31.12.2011 era oficialmente de 190.000 MD.

Pero el stock de la deuda no bajó con este pago porque las cancelaciones fueron hechas con nuevas obligaciones, tal como todo lo que se paga en concepto de capital.

Esas nuevas obligaciones para poder pagar deuda son contraídas con el Banco Central (BCRA) a cambio de Letras Intransferibles de la Tesorería que no tienen capacidad de repago demostrada.

Esto significa que la administración Kirchner sigue abonando puntualmente, a medida que le van cayendo los vencimientos de capital, sus compromisos con acreedores privados – en su mayoría, fondos especulativos de inversión – a través de mayor Deuda Intra-Estado.

Se trata de una peligrosa maniobra de “empapelamiento” de las agencias oficiales por parte del Tesoro, ya que estos entes públicos administran fondos que no son propios ni discrecionales por parte del gobierno, como es el caso del dinero del sistema previsional (que pertenece a los jubilados), de las reservas del BCRA (que hasta hace poco tiempo estaban para respaldar la Base Monetaria y hoy ya no pueden respaldarla), de las disponibilidades del Banco Nación (BNA, que están para dar créditos productivos a la actividad privada)[ii] y de los márgenes circunstanciales de caja que tienen diversos organismos nacionales para sus fines específicos (AFIP, Lotería, FFRE, PAMI y otros).   

El uso sistemático de reservas internacionales del BCRA para cancelar pagos a acreedores privados y organismos financieros internacionales (principalmente Banco Mundial y BID) – como se ha vuelto a dar con el pago de los Boden 12 - forma parte de la Política de Acumulación de reservas para el pago de Deuda Externa que viene llevando adelante el gobierno Kirchner.


LA INFORMACION OFICIAL.

En su discurso en la Bolsa del 2.8 anunciando el pago de la última cuota de los BODEN 2012 la presidenta Cristina Kirchner anticipó algunos datos que fueron consignados al día siguiente en un comunicado especial del Ministerio de Economía.

Este informe contiene muy pocos números en valor absoluto ya que prácticamente todos los datos se muestran en forma porcentual en relación al Producto Bruto y/u otras variables macroeconómicas, sin mostrar las cifras exactas que le sirven de referencia o base de cálculo.

Esta falencia es particularmente importante para poder comprobar cómo se llega a los importes de Producto Bruto, montos totales y desagregados de la deuda pública, deuda en poder del sector privado en moneda extranjera, intereses efectivamente pagados por año y evolución de los datos respectivos en el período 2002-2011.

Por otra parte, suponiendo que tales coeficientes se hayan obtenido ponderándolos en todos los casos a los valores de referencia de los años citados, existe el problema que las proporciones decrecientes que muestran todos los gráficos y cifras expuestas estarían fuertemente influidas por el tipo de cambio vigente a cada momento de corte, lo que distorsiona en la práctica las comparaciones de datos, ya que no es lo mismo, por ejemplo, comparar valores tomados del 2001 con el tipo de cambio 1:1 o del 2002 a 1.4 $/US$ que hacerlo contra un dólar hoy a 4.60 $.

Pero, repetimos, el principal problema es que todos los datos están mostrados en porcentajes, fundamentalmente en base al índice Deuda/Producto, cuya utilización constante y exclusiva por parte de las autoridades resulta tan discutible como engañosa[iii].

La única excepción a los cuadros que se muestran en porcentajes es el referido a la composición de tenedores de los BODEN 12 que se han pagado.

De este cuadro surge que del total abonado – casi 2.200 MD – el 78 % (1.700 MD) correspondió a tenedores externos y el 22 % (490 MD) a tenedores locales (de los que sólo 112 MD – el 5 % del total abonado – correspondía a cancelación de Deuda Intra-Estado).

La presidenta precisó que los tenedores extranjeros beneficiados por este último pago del BODEN 12 son fondos de inversión extranjeros – de Estados Unidos, Luxemburgo y también de Italia, Francia y Dinamarca – que compraron especulativamente los títulos a los tenedores originales, que eran los ahorristas argentinos atrapados en el Corralón por la Crisis de Deuda del 2001-2002; y que en su gran mayoría vendieron los títulos por razones de necesidad frente a la desvalorización de los mismos debida al default.[iv]  

Estos nuevos titulares de bonos – según comentó la presidenta - hicieron así un gran negocio con la plata de los ahorristas argentinos ya que les compraron barato los BODEN y ellos pasaron a cobrar los rendimientos a valores nominales.

Entre los fondos de inversión tenedores de BODEN 2012 – según una denuncia de Mario Cafiero y Fernando Pino Solanas – habría firmas tenedoras que son accionistas de empresas petroleras con actividades en las Islas Malvinas, lo que cae dentro de las penalidades de la Ley 26.659.


LA VOCACION PAGADORA.

El carácter triunfalista de la propaganda oficial en oportunidad de este pago de los BODEN 12 sirve de distractivo al hecho concreto que la deuda pública sigue aumentando – el incremento fue de 14.600 MD en 2011 y se prevé por Presupuesto 2012  que aumente otros 11.700 MD este año – y a que el gobierno Kirchner demuestra así su voluntad de cumplir a rajatabla los compromisos asumidos con los acreedores.

El Ministro de Economía Lorenzino fue muy claro al respecto cuando destacó que “este Gobierno ha normalizado la deuda y honrado todos sus pagos, cuota por cuota, durante los últimos 10 años”, agregando que “sólo por el Boden 2012 la cuenta que pagamos los argentinos demandó 19.600 millones de dólares.” (Comunicado de Prensa del 3.8.2012).

Estos pagos, así como todos los que se hicieron y se siguen haciendo a los acreedores financieros, a los organismos multilaterales de crédito (Banco Mundial, BID y CAF), al Fondo Monetario Internacional (9.530 MD a principios de 2006) y a bancos comerciales (con los que la deuda llega hoy a 6.600 MD), se cubren con Deuda Intra-Estado y toma de nuevas deudas, lo que compromete cada vez más los recursos fiscales condicionando en forma total y absoluta las Finanzas Públicas y la Política Económica general.

La Deuda ha devenido así el principal factor causal de la pérdida de los superávits gemelos de la administración Kirchner – fiscal y externo – pasando a situación de déficit en ambos casos: déficit fiscal creciente (fue de 30.700 M$ el año pasado y excedería con mucho esa suma a fin del corriente ejercicio) y déficit de la Balanza de Pagos (porque el excedente de la Balanza Comercial no compensa las salidas de divisas por servicios financieros y fuga de capitales).

Por eso, para sostener su política de pagos de la Deuda Pública, el Gobierno ha entrado de lleno en la toma de medidas de emergencia financiera para reunir la masa de divisas y de moneda local que necesita para cubrir los vencimientos que se le van produciendo:

a)      Emisiones masivas de pesos para comprar dólares que se destinan a pagar Deuda Externa y que luego se esterilizan con Lebac/Nobac que pagan el 14 % de interés promedio.

b)      Emisiones masivas de pesos para dar Adelantos Transitorios al Tesoro para atender el pago de deudas y de gasto público en general.

c)      Préstamos sistemáticos de reservas internacionales del BCRA al gobierno para el pago de Deuda Externa contra Letras Intransferibles que no tienen capacidad de repago y que han derivado en una baja fortísima de las Reservas Netas (que hoy estarían en el orden de los 13.500 MD).

d)      Corralito Cambiario en el mercado minorista, trabas a las Importaciones y demoras en las autorizaciones de transferencia de divisas al exterior, para poder acumular la mayor cantidad posible de dólares para poder atender los servicios de la Deuda Externa.

e)      Retraso cambiario relativo, por ritmo de devaluación menor que la inflación real, para permitir que el BCRA compre divisas más barato para reponer reservas que se prestan continuamente a la Tesorería para cubrir los vencimientos en moneda extranjera.

f)       Negación de los altos niveles de inflación interna, acentuados por la emisión masiva de dinero para atender los servicios de la Deuda, en pesos y en divisas; y para atenuar los pagos de los compromisos en pesos ajustados por CER.

g)      Modificación de la Ley 23.928 de Convertibilidad, de la Ley 24.144 de Carta Orgánica (CO) del BCRA y disposiciones conexas, para dar cobertura legal al funcionariado superior interviniente en esta política de pago de Deuda.

Con toda esta batería de medidas, la administración Kirchner vive pateando para adelante la nueva Crisis de Deuda que, por un lado, es de naturaleza estructural o institucional – la existencia de un sistema de Deuda Perpetua, destinada a ser continua e inexorablemente refinanciada por falta de capacidad de pago – pero en lo inmediato o reciente es producto del fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna del 2005, que comprometió pagos de capital e intereses, capitalización de intereses por anatocismo, indexación de deuda en pesos por inflación y, sobre todo, cupones ligados al PBI, que en su conjunto se han transformado en una “bola de nieve” impagable; sin contar con las obligaciones que se siguen tomando en todos los niveles del Estado (provincias, municipios, entes oficiales, BCRA, etc.).

A menos que – según fuera previsto con los canjes de 2005 y 2010; y según fuera anunciado en la hoja de ruta del ex ministro Boudou – la Argentina vuelva al Mercado Internacional de Capitales para reestructurar otra vez más su Deuda Pública.

Y para ello el gobierno Kirchner sostiene su política de pagos de la Deuda con emisión inflacionaria de dinero, con aumento de las tasas de interés de mercado derivadas del piso fijado por la deuda del Estado, con retraso cambiario para evitar un nuevo default de la Deuda Externa, con desfinanciamiento de la ANSES y demás agencias oficiales y con descapitalización del BCRA.

Todo ello puesto al servicio del cumplimiento de un sistema de endeudamiento perpetuo.


EN CONCLUSION.

El sistema de dominación financiera y política que utiliza la Deuda como instrumento de dominio se sostiene en tres patas: 1. Un  oficialismo de turno que se encarga de “administrar” temporariamente el mecanismo de la servidumbre de pagos, 2. Una pseudo-oposición política que le hace el juego al cuestionar problemas fiscales de coyuntura pero sin atacar el problema de fondo de una deuda impagable y, por ende, una deuda perpetua; y 3. Un mecanismo de formación de la opinión pública a través de medios de comunicación masiva – oficialistas e “independientes” - que desarrollan la función de “venderle” a la población la imagen que las cosas están bien en cuanto a la deuda, que la situación está bajo control y que la Deuda ya no es problema.

Así pasó con el discurso de Martínez de Hoz sobre la Deuda Externa bajo el Proceso Militar, así se repitió con los Acuerdos de refinanciación de Nueva York de 1985-1987 bajo la administración Alfonsín, así se dijo bajo el gobierno Menem-Cavallo después de la firma del Plan Brady de 1992-1993, así se volvió a saludar el compromiso de apoyo de grandes bancos (luego incumplido) frente al Efecto Tequila de 1995, así se volvió a repetir con el Megacanje Cavallo-de la Rúa del 2001 – sólo pocos meses antes del default – y así volvió a ser presentado ahora ante la gente con el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005, que ha fracasado por imposibilidad de pago y ha llevado a la actual nueva Crisis de Deuda que vive la Argentina y que la administración Kirchner trata de contener a través de medidas desesperadas de emergencia financiera que se sostienen, en definitiva, en un mecanismo de Deuda Intra-Estado que desfinancia el Sistema Previsional, descapitaliza el BCRA y vive “desviando” fondos de las Agencias Oficiales en función de las necesidades de caja del Fisco para el pago de los servicios de la Deuda.

La teatralización gubernamental en oportunidad del pago de la última cuota del BODEN 12 es un capítulo más dentro de este proceso distractivo sobre la gravedad del problema de la Deuda. 

Y la situación en esta materia debe ser muy grave a los ojos de la propia administración Kirchner para que el gobierno deba recurrir a tan grosera manipulación de informaciones frente a la nueva Crisis de Deuda que afronta nuestro país.


[i] Las siglas MD/M$ significan siempre Millones de Dólares/Pesos respectivamente. Los importes se toman con redondeo, por lo que puede haber mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.

[ii] Es una paradoja que la presidenta exija a los bancos privados aumentar sus préstamos a empresas con destino productivo mientras el BNA – cuya carta orgánica fue modificada expresamente para garantizar su misión de asistencia financiera con esta finalidad para PYMEs – tiene un tercio de sus activos en Títulos Públicos, es decir, en dinero prestado al Estado.

Al mes de Abril de este año la cartera de títulos en cartera del BNA era de 56.500 M$ (equivalentes a 12.700 MD), sobre un Activo total de 178.300 M$.

A su vez, el BCRA – según Balance semanal al 31.7.2012 – tiene prestados al Tesoro 255.300 M$ (55.700 MD, al tipo de cambio 4.58 $/US$), sumando títulos públicos en cartera por 37.300 MD (170.800 M$) y Adelantos Transitorios al Gobierno por 84.500 M$ (18.400 MD). Es la mitad de su Activo (527.800 M$).

Y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, que al 31.3.2012 totalizaba 209.000 M$, tenía el 60 % de dicho fondo prestado al Estado (más de 125.000 M$, equivalentes a unos 28.000 MD).

[iii] Conforme lo hemos explicado ya en varios de los trabajos anteriores, el coeficiente Deuda Pública/PBI no es un indicador representativo de la solvencia fiscal argentina: 1. Compara un numerador de deuda que es una magnitud financiera cierta con un denominador que es una capacidad económica estimada del país, 2. No incluye importes muy relevantes de obligaciones en cabeza del Estado Central que no figuran como deuda registrada (intereses a pagar, capitalización de intereses, indexación de deuda en pesos y cupones ligados al PBI; e incluso omite los reclamos de holdouts o tenedores que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010), y 3. Reduce arbitrariamente los términos de comparación porque toma como denominador el PBI Nacional pero no toma en el numerador la Deuda Pública Nacional, que incluye también la deuda de provincias y municipios, empresas del Estado, organismos nacionales, fondos fiduciarios, deuda cuasi-fiscal del BCRA y juicios contra el Estado con sentencia en firme (por juicios locales y en el extranjero).

El gobierno Kirchner se jacta de haber reducido el índice Deuda/PBI (D/PBI) a un 42 % 179.000/428.000 MD), pero no suministra información sobre el monto, siquiera aproximado, de esta deuda nacional, que - incluyendo la deuda no registrada - podría duplicar la deuda oficial del Estado Central.

Por último, la relatividad del valor de este ratio D/PBI está demostrada empíricamente por la Crisis de Deuda del 2001: a esa fecha el índice era también comparativamente “manejable” - un 55 % del PBI (145.000/264.000 MD) - pero la Argentina entró en default por el problema de su perfil de vencimientos, como se le presenta hoy nuevamente (con y sin Deuda Intra-Estado).

[iv] Los BODEN 2012 fueron emitidos originariamente para compensar la pesificación asimétrica del 2002: la mayoría fue destinada a bancos (pese a que éstos, en su conjunto, durante el año 2001 habían fugado del país capitales que vaciaron las reservas del BCRA por más de 20.000 MD) y menos de la mitad fue para compensar a los ahorristas. En total, se terminaron emitiendo 17.600 MD de títulos BODEN 12, por los que se pagaron unos 2.500 MD de intereses.

Posteriormente, en el 2005, también la administración de Néstor Kirchner emitió Bodenes, con fecha de vencimiento 2015, por valor de 5.800 MD. La casi totalidad de estos títulos fue comprada por el gobierno de Venezuela e inmediatamente vendida en el Mercado a inversores privados (devengando un rendimiento real del 15 % anual en dólares).

martes, 1 de mayo de 2012

YPF:¿utilidad pública, deuda o salvataje?

Por Héctor Giuliano

La sorpresiva intervención de YPF y el envío al Congreso del proyecto para expropiar las acciones de Repsol abren más interrogantes que aclaraciones en cuanto al sentido de las medidas adoptadas por el gobierno Kirchner.

El objeto de este breve trabajo es formular algunas observaciones y comentarios sobre este tema a la luz del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 530/2012 del Poder Ejecutivo y del Proyecto de Ley (PL) respectivo, así como sus informaciones conexas.

Ambos documentos contienen contradicciones, inconsistencias y/o desprolijidades que le pueden terminar costando muy caro al Estado Argentino.

EXPROPIACION POR UTILIDAD PÚBLICA.

No están claras las verdaderas razones de urgencia de las medidas tomadas por el

Ejecutivo frente a una grave situación de crisis energética que era conocida desde hace tiempo, que consultores y ex titulares de la Secretaría de Energía venían denunciando públicamente desde hace varios años y que el actual gobierno – hasta hace muy poco – venía negando o soslayando mientras apoyaba y elogiaba la gestión de la Empresa.

El Estado Argentino, a través de su participación accionaria, estaba perfectamente en conocimiento de la situación de la Empresa y el representante del Gobierno suscribía y avalaba todas las decisiones del Directorio de YPF sin expresar disidencias en contrario.

Por ende, el primer problema que se plantea es el de la inexorable corresponsabilidad de la Administración Kirchner en las irregularidades que denuncia contra Repsol como accionista mayoritario ya que las mismas fueron asumidas por todos los socios, incluido lógicamente el Estado Nacional.

Esto es particularmente cierto en lo tocante al problema de la infra-inversión en exploración de petróleo y gas, a la política de altos repartos de dividendos y a la gravedad del cuadro de situación energético provocado por YPF.

Por eso, independientemente de toda discusión sobre la validez de los argumentos oficiales y las medidas adoptadas en consecuencia, la actual Administración es corresponsable de las irregularidades que le imputa al grupo Repsol, ya que el representante oficial ante el Directorio tenía que estar forzosamente al tanto de lo que pasaba y además estaba suscribiendo sin disidencias las decisiones que hoy se le objetan al principal accionista.

La gestión de una política llevada a cabo por el Directorio de la Empresa no puede serle imputada exclusivamente a uno de los socios sino que es de responsabilidad colectiva de todos los que, como miembros, la avalaban.

También es importante y discutible el uso de un DNU para intervenir por parte del Estado una Sociedad Anónima – como es YPF - invocando los artículos 3 y 6 de la Ley 17.319 de Hidrocarburos, aún en los casos que mediaren incumplimientos de contrato en materia de producción y/o exploración; máxime cuando ya se estaba penalizando a la empresa por este motivo con el retiro de algunas áreas de concesión provinciales.

Pero el problema central – y probablemente más grave desde el punto de vista conceptual - estaría en la causal aducida para la expropiación de una parte de las acciones de Repsol en YPF por razones de “utilidad pública”1 ya que tales razones no pueden aplicarse en forma genérica para los casos de expropiación sino que deben tener una justificación puntual y concreta (como puede ser, por ejemplo, el caso de una propiedad inmueble para trazar una carretera o destinar un espacio clave para la construcción de un puente).

No tiene mucho fundamento expropiar una parte de las acciones de la empresa y a un solo socio (en este caso, el accionista mayoritario, quitándole el 51 sobre su total del 57.4 %) para elevar la participación del Estado al 51 % del Capital apelando a razones de “utilidad pública”.

Siguiendo tal razonamiento en relación al autoabastecimiento (que en este caso se aplica a una compañía que no produce la totalidad sino la mitad del petróleo nacional y el 44 % del gas) el criterio de intervención oficial pudiera ser extendido arbitrariamente a cualquier otra empresa del sector y/o de cualquier otro sector de la economía que se declare genéricamente de interés público.

Este planteo gubernamental conlleva así serias vulnerabilidades en el caso que Repsol – como ya lo ha anunciado – lleve adelante reclamos judiciales contra la Argentina ante el CIADI (el Tribunal de Arbitraje Internacional dependiente del Banco Mundial) apelando al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) vigente entre nuestro país y España.

Por otra parte, es contradictorio acusar sólo a Repsol de “vaciamiento” de YPF –como lo hace taxativa, enfática y reiteradamente el PL del Ejecutivo – cuando, como dijimos, las responsabilidades por la gestión de la empresa son colectivas y alcanzan a todos los socios con representación en el Directorio, incluyendo al propio Estado.

Si Repsol incurrió en maniobras de vaciamiento - es decir, en delitos – sus directivos debieran ser denunciados ante la Justicia y no ser expropiadas parte (no todas) sus acciones invocando razones de “utilidad pública”.

Una de dos: delitos o razones concretas de interés público nacional debidamente fundadas.
Con el agravante que la palabra “vaciamiento” no existe como figura jurídica: su traducción legal sería Defraudación, pero el proyecto no hace referencia a este delito sino que utiliza la expresión “vaciamiento”, que sólo delata una forma de comportamiento no definido desde el punto de vista técnico jurídico.

Esto también supone una vulnerabilidad de planteo al ser aplicado este enfoque sólo contra Repsol cuando la distribución indebida de altísimas utilidades beneficiaba a todos los accionistas y cuando, como agravante, se sabía que dicho criterio había sido adoptado para favorecer, en particular, al grupo Eskenazi – ligado al gobierno Kirchner - para que pudiera pagar con dividendos los préstamos externos contraídos para comprar el 25 % de las acciones de YPF sin aportar dinero en efectivo.

Este conjunto de serias inconsistencias en la forma de fundamentar y de llevar a cabo la expropiación parcial de las acciones de Repsol en YPF no sólo deja dudas sobre la corrección del procedimiento seguido por el gobierno Kirchner sino también sobre las verdaderas motivaciones de su conducta.


LA DEUDA DE YPF.

Actualmente – según el viceministro de Economía Kicillof – la Deuda total de YPF sería del orden de los 9.000 Millones de Dólares (MD).

De los Estados Contables al 31.12.11 surgiría que esta suma es algo menor – el equivalente de unos 8.300 MD (36.700 M$-Millones de Pesos) – pero ello no cambia el fondo de la cuestión, que es el alto endeudamiento de la empresa.

Notablemente, este importe de deuda hoy es casi el mismo que YPF tenía al momento de su privatización (1992) – 8.500 MD – y que el Estado absorbió porque la empresa fue vendida sin pasivos.

Este elevado pasivo de YPF significa que el Estado Argentino, con la expropiación ahora de las acciones de Repsol, pasa a ser el nuevo socio mayoritario, asume la responsabilidad principal por la conducción empresaria y hereda entonces el nuevo gran pasivo de YPF.

Una vez más – como ya ocurrió con la privatización menemista de la década del ´90 (que el entonces gobernador Kirchner y su esposa apoyaron) – el socio privado se desliga de sus obligaciones y el gobierno argentino se hace cargo de las deudas.

El Estado, que hasta ahora no tenía participación directa en la gestión empresaria de YPF y no era responsable de sus pasivos, pasa entonces a tener una triple carga de deuda propia en relación a la compañía:

1. La de la Deuda consolidada de la empresa (los 9.000 MD citados),

2. La del necesario financiamiento del Plan de Inversiones no cumplido bajo la gestión de Repsol (cuyas estimaciones primarias serían del orden de los 30.000 MD), y

3. El monto – a determinar – de la indemnización por la expropiación a Repsol.

Aunque se termine no pagándole nada a Repsol – como se ufanan algunos funcionarios del gobierno – los otros dos grandes rubros de deuda igual le quedan al Estado; y son mucho más elevados.

Este cambio es muy importante porque antes de esta medida de intervención de YPF y expropiación a Repsol, la Administración Nacional no tenía encima estos nuevos rubros de endeudamiento público pero ahora, en cambio, deberá incrementar sus pasivos del Estado.

Los vencimientos de deuda ya serían importantes este año por concepto de Obligaciones Negociables (ON) emitidas bajo la administración Repsol: 300 M$ en

Diciembre (y 70 MD en Marzo de 2013), entre los más relevantes.

Dentro de los 21.800 M$ del Pasivo Corriente, 11.900 son Cuentas por Pagar y 8.100 pago de Préstamos; sin contar – desde ya - Deuda Contingente (por los reclamos de daños en el Medio Ambiente y otros).

Todo esto implica que las medidas anunciadas por la presidente Cristina Kirchner el 16.4 pasado suponen para el Estado Nacional la asunción de una fuerte carga de endeudamiento adicional que hasta hoy no se tenía.

Desde el punto de vista económico-financiero tal comportamiento del Gobierno –independientemente de la forma en que es presentado ante la Opinión Pública –releva a Repsol YPF de afrontar un grave cuadro de situación financiera que tendrá que ser cubierto con más deuda y cuyo peso se transfiere ahora al Estado Nacional.



UN SALVATAJE A REPSOL.

Lo dicho en el párrafo anterior abre un interrogante muy serio acerca de los efectos financieros concretos de la decisión gubernamental sobre YPF.

Ello implica reflexionar sobre si esta mayúscula nueva carga financiera que pasa al Estado Central – más allá de todo lo que se diga ante la Opinión Pública – no constituye en realidad una forma de salvataje práctico a la empresa Repsol desligándola del peso de estos grandes compromisos, que le eran imposibles de cumplir por sí misma.

La urgencia en la intervención de YPF y la simultánea estatización de las acciones de Repsol presenta un esquema dudoso y muy discutible. La presidenta – en su discurso del lunes 16.4 – dijo que regresó antes de la Cumbre de las Américas de Cartagena de Indias, Colombia, “porque tenía que estar aquí en la República Argentina a primerísima hora” para firmar el DNU y el proyecto remitido al Congreso.

Dado que – como hemos explicado al comienzo de esta nota – el grave problema de arrastre de YPF era conocido desde hace tiempo por las autoridades e incluso que había sido agravado financieramente por el propio gobierno (caso de su gestión a favor del grupo Eskenazi para aumentar la participación accionaria del mismo con deuda externa y privilegio de pago de esas deudas con dividendos extraordinarios) el verdadero motivo de la urgencia correspondería evidentemente a otras razones.4

El mismo PL da en sus Fundamentos una pista del problema. En su acápite IV -titulado “La carta autoincriminatoria del Señor Brufau” - se relatan las gestiones de Repsol inmediatamente previas a la crisis que llevó a la estatización de sus acciones por parte del gobierno Kirchner.

En carta a la presidenta del 2.4.12 Brufau – según el texto del proyecto de ley –le dice que Repsol no se encuentra en condiciones de poder implementar el Plan de Inversiones de YPF porque carece de capacidad para financiarlo.

Los primeros cinco años de ejecución del plan demandarían inversiones por 30.000 MD (6.000 MD por año) y Repsol sólo podría cubrir aproximadamente la mitad de las mismas.

Ergo, la alternativa ofrecida por Brufau – siempre según el texto del PL – era buscar “Asociaciones para ceder parte de su participación en las concesiones … a empresas e inversores nacionales e internacionales … con el objeto de obtener la financiación necesaria para la ejecución del Plan” decidiendo en cada caso “quién será el operador”. Incluso sostenía que “las Provincias y el Estado Nacional podrían tomar una participación en la inversión en cada campo”.

Es, poco más o menos, lo mismo que luego hace la presidenta pero desposeyendo a Repsol de su participación y, en consecuencia, de su armado del negocio. Aquí es donde el gobierno Kirchner le reprocha, con razón, que el “principal causante de la situación” se ofrezca como “salvador” de la situación de crisis de YPF que generó a través de su gestión.

Esto era particularmente grave porque Brufau confesaba que “YPF ya tiene avanzadas negociaciones con significativos ofertantes que representan compañías internacionales” para ello.

Todo esto está corroborado por informaciones periodísticas con base bastante en firme: Repsol YPF – España estaba por cerrar la venta de todo o parte de sus acciones a la petrolera china SINOPEC GROUP (que es una Empresa del Estado) pero simultáneamente se estaban dando pasos aquí, en Argentina, para posicionarse financieramente por parte de otras compañías, como el caso de la compra del 50 % de las acciones de Bridas (familia Bulgheroni) por parte de otra petrolera china, la CNOOC (también Empresa del Estado) por 3.000 MD,5 con miras a poder participar en YPF en el futuro.

También manifestaron interés para entrar en el replanteo de las asociaciones y/o contrataciones de YPF otras grandes firmas internacionales, como Exxon, Total y Petrobras; como asimismo compañías de contratistas y servicios.

En síntesis, que la decisión de intervención y expropiación de las acciones de Repsol se produce en un momento clave de la toma de decisiones de la Empresa, de modo que la acción de la administración Kirchner habría frustrado que sea la propia Repsol la que manejara el negocio de su redistribución accionaria, reservando tales decisiones al gobierno argentino.

Una maniobra de este tipo – el bloqueo de negociaciones indebidas por parte del accionista mayoritario - sería legítima por parte de las autoridades para impedir que sea la misma empresa que fue la principal causante de la crisis de YPF la que

decida sobre el replanteo de los negocios accionarios bajo su gestión.



Pero el avance de esas negociaciones unilaterales de Repsol podía ser desautorizado oportunamente por el gobierno argentino sin necesidad de expropiar las acciones de la firma en YPF ya que el Estado disponía no sólo de la “acción de oro” sino de todos los mecanismos de contralor interno y externo que necesitare aplicar para impedir maniobras de esta naturaleza.



Máxime cuando está imputándole a Repsol delitos de “vaciamiento” de YPF, por los que se supone puede llevar a sus directivos ante la Justicia. Con el agravante que al optar por la expropiación el gobierno altera la categoría del problema – llevándolo del Gerenciamiento a la Estructura Societaria - se carga con la gravísima situación económico-financiera de la empresa y apela a un procedimiento vulnerable debido a su co-responsabilidad en la crisis que dice motivar su intervención.



La clave residía en la Intervención sin Expropiación: YPF pudiera y debiera ser intervenida pero sin expropiar, al menos de inmediato, las acciones de Repsol; porque esta expropiación libera a Repsol de la carga financiera que le deja al Estado Argentino, aunque éste no le indemnice un centavo.



Ahora, en cambio, la administración Kirchner se reserva el manejo exclusivo de los próximos pasos de YPF pero lo hace cargando con el peso de los pasivos heredados y de las deudas a contraer en el futuro. Y lo hace en una forma poco transparente y controlable, amparándose en la discrecionalidad y ausencia de control sobre sus actos dado que la empresa sigue bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima 6, sujeta a la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales y sin estar supeditada al contralor de los organismos del Estado (como la SIGEN y la AGN).


Esto independiza a la administración Kirchner – una vez más – de los mecanismos formales de supervisión y control sobre sus acciones de gobierno dejándole las manos libres para reformular el plan de grandes negocios después de la frustrada

gestión de Repsol YPF, de la que fue co-responsable directo.



En definitiva: la intervención y expropiación parcial de las acciones de Repsol –que permanece como accionista minoritario de la empresa con un 6 % del Capital  implica un cambio en el gerenciamiento de la empresa, que oficialmente estaba a cargo del CEO Sebastián Eskenazi Storey y que ahora pasa bajo dirección directa de los funcionarios interventores del gobierno; pero también - y esencialmente – un cambio de mano en la composición accionaria de la compañía, que ahora pasa a ser de mayoría estatal, asumiendo el Estado el peso de la crisis de YPF.



Esto significa que, de ahora en más, será el Estado Argentino el que tendrá que hacerse cargo de la muy delicada situación financiera de la Empresa, atendiendo

fundamentalmente al macro-endeudamiento necesario para poder replantear sus

actividades.



El gobierno podrá mantener su composición societaria de mayoría estatal – 51 % del Capital, subdividido a su vez en 51 % Nación y 49 Provincias Petroleras – asociándose a nuevos operadores (caso de joint ventures) o bien volver a vender parte de su nuevo paquete accionario, pero la responsabilidad central seguirá estando en manos del Estado.



Desde el punto de vista de las Finanzas Públicas este manejo de la crisis de YPF implica traspasarle así al Fisco el peso de los pasivos de la empresa y la carga por desinversión en actividades de exploración petrolera que supondrá grandes endeudamientos futuros. Y todo esto relativizando el alcance de las culpas de Repsol por administración fraudulenta, que debiera haber sido no sólo el motivo de la intervención del Estado sino de las acciones judiciales pertinentes: sin necesidad de expropiación de las acciones.



EN CONCLUSIÓN:

Por qué la idea de “salvataje” y a quién se estaría salvando o, al menos, liberando de sus compromisos incumplidos?



Un balance primario de los hechos concretos permite intuir o sospechar un salvataje, pero un salvamento encubierto con escenificación de las partes:



1. El gobierno Kirchner presenta la expropiación como una “nacionalización” de la empresa y una muestra de Soberanía Nacional en materia de hidrocarburos mientras absorbe el triple pasivo nuevo por la deuda acumulada de YPF, por el futuro financiamiento del plan de inversiones incumplido por Repsol y por los eventuales montos de indemnización a pagarle.



2. Repsol se victimiza como compañía perjudicada cuando, en realidad, después de haberse llevado dividendos que sobrepasan su inversión por la compra original

le traspasa la carga financiera por la deuda y el plan de inversiones al Estado Argentino; y todavía le reclama una indemnización que – desde el frio punto de vista de la Ley – pudiera llegar a corresponderle dada las serias vulnerabilidades del DNU y el PL del Ejecutivo. Y



3. El grupo Eskenazi – tradicionalmente favorecido por la administración Kirchner y fundadamente sospechado de manejarse con los negocios de la familia gobernante – no sólo no es alcanzado por las graves denuncias oficiales directas sino que además pudiera salir indemne de su propia irresponsabilidad por la compra de acciones con deuda.

En síntesis: que la intervención de YPF y la consiguiente expropiación de las acciones de Repsol tendría en los hechos un sentido muy diferente de la versión

oficial si se la mira desde el punto de vista financiero fiscal.



Y que la Intervención de la empresa puede y debe hacerse pero sin Expropiación.

La gran mayoría de la partidocracia con representación parlamentaria, sin embargo, se apresta a convalidar esta línea de acción irregular, discrecional y financieramente gravosa elegida por el gobierno Kirchner: una línea de acción que implicaría, en la práctica, un salvataje o liberación de Repsol YPF.-