viernes, 6 de julio de 2012

Moyano ganó la calle y el acto de Plaza de Mayo marcará un antes y un después de la relación con el gobierno kirchnerista

Por Juan Maya


Mientras la presidente Cristina Fernández de Kirchner desde San Luis inauguraba por cadena nacional una planta de emprendimientos porcinos, miles de trabajadores marcharon hacia la Plaza de Mayo, para exigir el aumento del mínimo no imponible y las asignaciones familiares "para todos", como rezaban los carteles del Sindicato de Camioneros.



Algunas estimaciones de diversos medios de comunicación señalan que participaron entre 50 y 70 mil personas marcando el éxito de la movilización.
Además del gremio de los camioneros, participaron más de 100 sindicatos y agrupaciones políticas. Se pudo observar banderas de diver-sos orígenes ideológicos como las del partido obrero, el partido de la liberación, proyecto Sur, dirigentes radicales como Nito Artaza junto con carteles de Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el PCR y el MTS unidos a los gastronómicos y judiciales en el espacio de la plaza.

También dieron su presente en el acto los dirigentes de Dragado y Balizamiento (Juan Carlos Schmid), Canillitas (Omar Plaini), Judiciales (Julio Piumato), Textiles (Jorge Lobais) y Cerámicos (Domingo Moreyra), Unión Ferroviaria (Ruben "Pollo" Sobrero), Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (Ricardo Cirielli), UATRE (Gerónimo "Momo" Venegas) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (Jorge Pérez Tamayo), entre otras agrupaciones que adhirieron a la marcha. Uno de los aspectos destacables de la marcha fue el orden y disciplina de los militantes y la tranquilidad de la gente suelta que participó, fue muy importante ante la ausencia de la policía por decisión del gobierno.No se observó ningún incidente ni antes ni después en la desconcentración que se hizo en paz y sin complicaciones.

El discurso de Hugo Moyano tuvo como eje la lucha por el peronismo, hubo una apelación a la clase media, y un llamado de unidad para los diferentes sectores. El camionero se dirigió a los que se consideren "peronistas" y compartió algunas "reflexiones". Pidió que relean a Perón, y, como convocatoria a la unidad, destacó la frase que "cambió el apotegma" del movimiento: "Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino".

Pidió por el acceso a la vivienda, otro reclamo de la clase media:  "La tendencia favorable se consolida socialmente, como lo hizo Perón en el 46', haciendo vivienda para los trabajadores", dijo y exigió que se re-estatice el Banco Hipotecario para poder facilitar esa política.

Denunció, sin nombrar al fallecido Néstor Kirchner y a la presidente de escapar hacia la Patagonia a lucrar con la 1050 durante el último proceso militar.

Se quejó de la intolerancia y la soberbia de la presidente y los funcionarios que se “creen dueños de la verdad”, eso es inaceptable en una democracia remarcó el camionero: "hay hombres y mujeres que necesitan diálogo e intercambiar ideas" y que las soluciones "no sean impuestas y que solo las tome el Gobierno" remató el camionero en otro tramo de su discurso.

Ganancias, una deuda social


Por Fabián Rapolla

El impuesto a las ganancias de los trabajadores, se encuentra, una vez más en el ojo de la tormenta. Es el estandarte de batalla de Hugo Moyano. Es su mérito haber trascendido a la sociedad con esta temática, involucrándola en su disputa con el gobierno.
La bandera que tomó el líder de la CGT para convocar a sectores diversos, que hartos de la política sesgada y  abusiva del ejecutivo, han cerrado filas en torno a una cuestión evidentemente sensible al trabajador argentino. Es muy difícil de defender un impuesto que grava la fuerza de trabajo de las personas y equipara ello a la utilidad que obtiene una empresa. Es de estricta justicia social considerar al salario como la justa retribución que recibe el trabajador por la labor realizada. Gravar el trabajo, es socavar los cimientos de construcción equitativa de una sociedad. Es no respetar a millones de personas que a diario entregan su esfuerzo, a cambio de un salario que les permita vivir dignamente.
 Ya de por sí, con la inflación reinante y el altísimo impuesto al valor agregado, el salario sufre un menoscabo importante. Ni siquiera se trata de mínimo no imponible. Se trata de que en una sociedad con justicia social, el gobierno nopuede sostener un régimen que termina perjudicando  a los más desprotegidos del andamiaje socioeconómico
¿Como puede ser que los inversores de títulos públicos  y los ahorristas de plazos fijos no paguen ganancias? ¿Desde cuando, en los parámetros de una sociedad justicialista,  la fuerza de trabajo es considerada una renta empresarial, sujeta a tributación? Para el gobierno es una caja más.
Por eso, Juan Manuel Abal Medina dice que es gorilismo defender a los trabajadores que tributan. Claro, es una caja importante, muy importante; a la que aportan alrededor de dos millones de trabajadores. Asimismo, se producen injusticas difíciles de entender como el hecho de que un trabajador que tributa ganancias no tiene derecho a percibir las asignaciones familiares. Inconcebible.
Este modelo hace agua, cada vez más. Si el 81 por ciento de los trabajadores no tributa es porque gana menos de cinco mil doscientos pesos. Salario, que con la inflación anual no permite llevar, precisamente una vida muy digna. Está claro entonces, que luego de ocho años el único bolsillo que se ensanchó fue el  de La Cámpora y compañía.
El impuesto a las ganancias es símbolo de la lucha desatada entre el gobierno y la CGT. Gobierno que saca a gendarmería a la calle para reprimir manifestaciones de trabajadores. Gobierno que se llena la boca con inclusión y políticas para todos pero que socava la capacidad adquisitiva y de ahorro de la gran masa de asalariados, a través de una política abusiva de tributación, casi asfixiante para los sectores de más bajos salarios.
El trabajador ha pasado a ser una fuente más de recaudación impositiva. El impuesto es claramente ilegitimo ya que la ganancia no es producto de una cosa sino de la fuerza de trabajo aportado, por lo que no puede ser equiparada al enriquecimiento que genera una actividad empresaria o lucrativa. Se trabaja para vivir. Al gravar el salario se está imponiendo tributo a la necesidad de vivir.

Pero el  kirchnerismo, ciego y corrupto, hipócrita y negador,  necesita seguir recaudando para sostener sus estructuras de poder, alimentadas en la horda desesperada del egocentrismo mesiánico.  Los peronistas creemos en los fundamentos plasmados en la constitución de 1949. Es dable recordar a esta gente que gobierna, lejos del peronismo ya, lo que la mencionada Carta Magna, refería respecto al trabajo:
 Articulo 37: “Decláranse los siguientes derechos especiales: I.- Del trabajador: 1.-Derecho de trabajar: el trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, LA CAUSA DE TODOAS LAS CONQUISTAS DE LA CIVILIZACION Y EL FUNDAMENTO DE LA PROSPERIDAD GENERAL, de ahí que el derecho a trabajar debe ser protegido por la sociedad, CONSIDERANDOLO CON LA DIGNIDAD QUE MERECE, y proveyendo ocupación a quine la necesite. 2.-DERECHO A UNA RETRIBUCION JUSTA: siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano, la comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de producción en forma de posibilidad y GARANTIZAR AL TRABAJADOR UNA RETRIBUCION MORAL Y MATERIAL QUE SATISFAGA SUS NECESIDADES VITALES Y SEA COMPENSATORIA DEL RENDIMIENTO OBTENIDO Y DEL ESFUERZO REALIZADO.”
Lo cierto es que con Moyano en la calle movilizándose, junto a Barrionuevo, están obligando al gobierno a afrontar el tema de ganancias. Si lo eluden, el reclamo popular crecerá. El moyanismo forzó al gobierno, a definirse con este tema. La presidenta, salió a rechazar cualquier negociación al respecto. Está claro, que esta vez al gobierno, le tocó perder. Porque un  gobierno popular, no juega con el bolsillo de su pueblo.
Gobierno de las políticas inclusivas, pero que en los hechos, gobierna desde la intolerancia y condena y persigue al que piensa diferente.  Hoy le toca a la CGT y sus dirigentes,  perseguidos y denunciados penalmente. El kirchnerismo, cultor del resentimiento más exasperado, se muestra tal cual es. La defensa del trabajo y de los trabajadores es la razón de ser del peronismo. La CGT, columna vertebral del movimiento, lo tiene claro. Y si bien no deja de subyacer en esta disputa un duelo de intereses y resquemores personales, lo cierto es que Moyano y sus aliados cuentan con una ventaja: la justica del reclamo.
En este momento viene a mi una maravillosa frase del General Perón:” Cuando los pueblos se deciden a la lucha suelen ser invencibles… “

“El estado soy yo” (Luis XIV año1638-1715) (Cristina Fernández año 2012)


 Por A. La Plaza

Fue realmente impactante cuando Cristina casi entre histriónicos sollozos dijera:” A partir de ahora los jueces me tendrán que procesar a mi, pues no permitiré el uso de la gendarmería para solucionar conflictos locales”.
Amenaza, confiesa, afirma, desde ese célebre discurso antisindical, antihuelguista, antiobrero, antiperonista y sobretodo, antidemocrático, que los jueces federales no podrán disponer más de las fuerzas de seguridad sino hasta donde ella lo permita

Esta es la más evidente demostración que confunde al Estado con el Gobierno y lo que es peor aún, a este último con su propia persona, olvidando todo criterio republicano.

El concepto de autoridad, que  se acredita en aquella frase, es que para ella,  significa la indivisibilidad del Poder, debiendo entenderse, que no acepta regla alguna que lo limite y que, además, dicho poder, se identifica con quién lo ejerce, como si le correspondiera en propiedad, retrogradando al derecho constitucional vigente, a un estado anterior a Montesquieu, no sólo a aquel que escribiera “El Espíritu de las Leyes”(1748) que ya por entonces lo dividía en tres, sino al de “Las Cartas Persas” (1721) en las que se farsa del “Rey Sol” o sea Luis XIV por llevar al absolutismo a su cenit, resumido en la famosa frase del título de este artículo “L´etat c´est moi”.

No existe para la ciudadana en ejercicio del Poder Ejecutivo de la Nación Argentina ninguna atribución del Poder Judicial que ella este obligada a cumplir si no quiere o no se le antoja.

Esta frase y esta voluntad absolutista ya tenían antecedentes en los aproximadamente 18 fallos de la Corte Suprema de Justicia que con sentencia firme (Procurador de Santa Cruz, previsionales, ambientalistas, etc.) no cumple, simplemente porque decidió ignorarlos en virtud de que la obligan a dar marcha atrás en otros abusos o excesos, tanto de ella como de su finado marido, otrora también gobernante, de esta singular República devaluada.

El viaje y uso indiscriminado del avión presidencial “Tango” para traer desde la provincia de Santa Cruz a esta ciudad Capital a su hijo, con un costo enorme para el erario estatal, para que le hagan una operación supuestamente menor, según el diagnóstico publicitado, con un despliegue fantástico de varios helicópteros y ambulancias, así como de vehículos oficiales para trasladarlo desde Aeroparque hasta la clínica privada en que se atendió, jamás un Hospital Público, donde sólo va la plebe, es otra lujuriosa demostración al respecto.

El Art. 250 del Código Penal prevé una pena que llega hasta dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo al jefe o agente de la fuerza pública que “rehusare, omitiere o retardaré, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente” (que serían en este caso los jueces).

Es evidente que la Presidente como Jefa de todas las fuerzas ya manifestó la voluntad de tipificar con su acción el mencionado delito que se llama “Violación de los deberes de funcionario público”.

Pero por si ello fuera poco, el Art. 248 fija la misma pena a los funcionarios”…que no ejecutaren las leyes cuyo cumplimiento le incumben” delito en el que también incurrirá cuando algún Juez, si se anima, le requiera el uso de la fuerza pública y ella lo niegue, lo que se denomina “abuso de autoridad”.

Descarto desde ya el ejercicio de cualquier contralor del Poder Ejecutivo por el Poder Legislativo, incapaz de juzgar no solo la capacidad de la Presidente sino la suya propia, constituida a fuerza de mayorías regimentadas.

Veremos  entonces, si alguno de los Fiscales, que son los titulares de la acción pública, recuerda el Art. 99 de la Constitución Nacional   que establece las atribuciones del Poder Ejecutivo,  fijando los límites de su actuación o los Arts. 108 y ss. que establecen las facultades del Poder Judicial, para aplicar entonces, al menos, los del Código Penal mencionados en los párrafos precedentes, o el Art. 239 sobre desobediencia, o el Art.274 sobre denegación y retardo de justicia, o la ley de Seguridad interior y todas las normas penales concordantes, sino, caeremos en cuenta de la razón en el apuro por designar a algún “soldado” o “soldada” de la Presidente como jefe de todos ellos.

El objetivo no es otro más que consagrar su impunidad y la de sus cortesanos.
Es la demostración de que el Estado es “Ella” con lo que regresamos institucionalmente al siglo XVII  cerrando el círculo al procerato de “EL”, que es su inventor, en este inagotable y fatigoso “relato”.

martes, 26 de junio de 2012

Cayó Fernando Lugo

por Mariano Rovatti


El Congreso de Paraguay, a través de la sustanciación de un juicio político, decidió remover de su cargo a Fernando Lugo. La decisión fue tomada en la Cámara de Senadores por el voto de treinta y nueve de sus miembros contra cuatro votos negativos. Dos legisladores se hallaban ausentes. Previamente, en la Cámara de Diputados, la acusación había sido respaldada por setenta y cuatro votos contra uno

Esta claro que ni sus propios legisladores sostuvieron a Lugo. Tras la masacre de Curuguaty, en la que murieron 18 campesinos enfrentados a la policía, se acrecentó la soledad política del obispo-presidente, quien se hallaba distanciado de su vicepresidente y sucesor, Federico Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico.

Esta agrupación, junto a los partidos Colorado, UNACE, Patria Querida y Demócratico Progresista, acordaron la destitución del Presidente, por lo que el trámite del juicio político se trató de eso: un trámite. Pesó la decisión política por sobre las razones jurídicas.

De todos modos, en la acusación se incluyeron  diversas causales, además de la mencionada matanza de Curuguaty. Se menciona el acto político en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, cuando en 2009 se realizó una concentración política de jóvenes en el Comando de aquéllas y la invasión de las tierras de Ñacunday.

La Cámara de Diputados señaló a Lugo como el único responsable al actuar como instigador y facilitador de las recientes invasiones de tierras en la zona, cuestionando la actitud del Presidente, de abrir las puertas a los líderes de las invasiones como es el caso de José Rodríguez, Victoriano López, Eulalio López, entre otros, dando un mensaje claro a toda la ciudadanía sobre su incondicional apoyo a esos actos violentos.

También se le imputa a Lugo una seguridad descuidada, considerando que ha sido absolutamente incapaz de desarrollar una política y programas que tiendan a disminuir la creciente inseguridad ciudadana.

La caída de Lugo generó un encendido rechazo de los gobiernos de Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador, considerando a la acción como un golpe de Estado. Anunciaron que no reconocerán al nuevo gobierno, y la presidenta Dilma Russef propuso la expulsión de Paraguay del MERCOSUR y de la UNASUR. El resto del continente no se ha pronunciado.

Las voces de rechazo provienen del eje que integraba el mismo Lugo, y están marcadas más por lo ideológico que por los principios republicanos. Difícilmente, si el destituido hubiese sido el chileno Sebastián Piñera  o el colombiano Juan Manuel Santos, ese grupo de jefes de Estado hubiesen salido en su defensa.

La caída de Lugo se produce siguiendo el procedimiento seguido en la Constitución. Se puede cuestionar que todo fue muy rápido, y que faltaban diez meses para que el pueblo votase. Pero el juicio político es una institución tan republicana como las elecciones.

¿Existen bases para organizar un sistema político republicano y democrático?


Por Héctor Blas Trillo

Desde diversos medios se sostiene que hoy en día no existe una verdadera oposición estructurada en la Argentina. Desde nuestros comentarios hemos insistido una y otra vez que en verdad no existe una oposición, sino más bien una competencia. El deseo de reemplazar a los que están para ocupar su lugar y hacer prácticamente lo mismo, aunque con la idea de que ellos lo harían mejor.
Así vemos que espasmódicamente aparecen proyectos que mueren antes de nacer sobre cuestiones que en un momento dado  son puestas sobre el tapete, como ocurre en estas horas con la cuestión del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que alcanza a los trabajadores.
Pero desde ningún sector de la oposición, si es que existiera alguna, se intenta elaborar al menos una línea ideológica que ataque los verdaderos problemas que aquejan al país desde hace muchos años y que se han agravado últimamente de manera casi grotesca.

Lo que haremos a continuación es intentar enumerar algunos de esos problemas que según nuestro particular modo de ver podrían dar pie a la construcción al menos de una alternativa política al esquema vigente. No se trata de que nuestros amables lectores coincidan con todos, o con algunos, se trata de hacer notar que es posible armar algunas ideas fundamentales, y que curiosamente nadie lo hace en la Argentina actual.
Veamos:

Hay que avanzar para volver al federalismo, terminar con la arbitrariedad de la distribución de fondos a las provincias según criterios clientelísticos o que no obedezcan a cálculos matemáticos precisos y preestablecidos.


1.      Es indispensable reconocer la existencia de un alto índice inflación y la necesidad de crear un plan antiinflacionario serio a cargo de profesionales reconocidos.
2.      Debe haber alguna propuesta seria para terminar con la fantochada en que se ha convertido el INDEC, e incluso establecer un método para reconocer, hacia atrás, todo lo que se han adulterado los índices.
3.      Es necesario garantizar de alguna manera, como podría ser un acuerdo político integral, que los fallos de la Justicia habrán de ser cumplidos.

4.      Se impone pautar una política que lleve a la Justicia a niveles de excelencia, enjuiciando a aquellos magistrados que claramente no cumplen su cometido y que las acciones que se lleven contra ellos no choquen con un Consejo de la Magistratura amañado y politizado según los intereses de un partido gobernante.
5.      Hay que garantizar la libertad en cuanto al ingreso y egreso del país, adquisición de divisas a algún precio y eliminar todo tipo de trabas al libre albedrío de disponer de lo que es de cada uno.
6.      Hay que avanzar para volver al federalismo, terminar con la arbitrariedad de la distribución de fondos a las provincias según criterios clientelísticos o que no obedezcan a cálculos matemáticos precisos y preestablecidos.
7.      Hay que terminar con la persecución y los insultos a medios no amigos del poder. Del mismo modo, hay que acabar con los medios de propaganda oficial, sean del Estado o apañados por el gobierno.
8.                  Hay que establecer claramente que la distribución de la publicidad oficial en los medios debe estar fundamentada en la penetración que los mismos tienen y no en cuestiones de cercanía ideológica.
9.                  Hay que avanzar hacia al democratización del sindicalismo, la libertad de afiliación y el reconocimiento de sindicatos sin tener que pasar por el filtro de la obtención de la personería gremial.
10.               Hay que restituir un Banco Central genuinamente independiente del poder político, que funcione de manera autónoma y que no responda a intereses políticos de un gobierno determinado. Profesionalizado y con objetivos claros, precisos, matemáticos, en materia monetaria.
11.               Hay que establecer pautas para la eliminación de todo tipo de subsidios, planes de ayuda o asignaciones por hijo o de cualquier otra índole que se presenten como un derecho adquirido indefinidamente. El objetivo de las ayudas es siempre transitorio y debe ser reemplazado por trabajo genuino. Sólo así se evita el clientelimo y el voto cautivo.
12.               Hay que acordar que ninguna reforma de la Constitución se hará con el objetivo, directo o indirecto, de facilitar reelecciones adicionales de ningún candidato.
13.               Hay que terminar con toda forma de prohibición, limitación, pedido de autorización o cualquier variante por el estilo que limite la posibilidad de vender o comprar localmente o en el extranjero lo que sea. Los sistemas arancelarios, aunque a nuestro modo de ver pueden resultar muy negativos, nunca lo serán tanto como la arbitrariedad de que ciertos funcionarios suban o bajen el pulgar todos los días.
14.               Hay que proponer una reforma tributaria integral, que devuelva federalismo a las provincias y que a nivel nacional sea lo más general posible, evitando exenciones y desgravaciones específicas que siempre dan lugar a controversias y a abusos. La carga tributaria debe basarse en la equidad, en la igualdad, como base de las cargas públicas.
15.               Es preciso acabar con la coerción que provocan cortes de rutas, calles y puentes, lo mismo que bloqueos a plantas o fábricas de lo que fuera.  Las manifiestaciones no deben ser hechas para cortar caminos, a lo sumo un camino podría resultar cortado por una multitud manifestándose, pero el corte del camino sería en todo caso una consecuencia y no la razón de la protesta.
16.               Hay que esforzarse por respetar los principios constitucionales. Especialmente los vinculados con las libertades y los derechos y garantías en general.
17.               Es necesario terminar con el reparto de cargos públicos con remuneraciones fuera de toda lógica y en donde claramente no existe idoneidad.
18.               En términos mucho más generales, es preciso establecer un sistema de límites a los gastos nacionales, provinciales y municipales, tomando en cuenta las necesidades de cada área pública y comprendiendo que el gasto sin limitaciones conduce siempre al endeudamiento, a las llamadas “cuasimonedas”, a la baja productividad y en definitiva de una u otra forma a la inflación.
19.               Es necesario organizar un sistema educativo de excelsitud, con profesores y material idóneo, con planes de estudio desarrollados por profesionales en un marco de absoluta libertad, e incluso con la posibilidad de no ser todos iguales en tanto mantengan ciertos principios básicos de integración para la profesión de que se trate.
20.               La seguridad urbana y rural debe ser garantizada por el Estado, del mismo modo debe asegurarse el respeto de los contratos, de la ley, del prójimo como tal.
21.               Debe avanzarse para terminar con las formas de discriminación, contra la xenofobia cada día más difundida, contra el racismo y el antisemitismo. Es imperioso educar a los chicos en un marco de libertad de cultos, de ideas, de aceptación del otro cualquiera sea su visión de la vida. La Argentina es y ha sido siempre un país abierto al mundo. Hay que garantizar que así sea.
22.               La propiedad debe respetarse y no puede ser nadie privado de ella sino en virtud de una ley anterior que la declare de utilidad pública y previamente indemnizada. Este punto lo exaltamos y no nos apartamos de la línea constitucional debido a lo ocurrido con YPF, o más bien con la española REPSOL, ya que la confiscación abarcó a sus acciones únicamente. Es decir que no sólo se la confiscó sino que no se respetó la proporcionalidad.
23.               Los funcionarios de cualquier rango y nivel deben actuar ceñidos a la ley y no disponer de poderes que exceden el marco normativo y constitucional. Es preciso terminar con los abusos de poder que significan ciertos actos prepotentes o discrecionales que ni vale la pena enumerar.
24. Toda otra consideración que signifique acercarnos al Estado de Derecho, a la igualdad ante la ley, a la independencia de los poderes, a la libertad de elegir, etc. 

Hasta aquí hemos enumerado a vuelapluma lo que consideramos es básico. Seguramente nos hemos olvidado de no pocas cosas como siempre ocurre cuando alguien intenta volcar taxativamente los datos de una realidad. Consideramos que una fuerza política integradora podría seriamente abocarse a encarar una genuina plataforma política, buscar adhesiones sin banderías políticas y con la intención de hacer cumplir estas premisas, u otras parecidas.

Premisas al fin que deberían contar con el compromiso de sostenerse a lo largo del tiempo. No se ve en la actual situación una genuina fuerza que pretenda encauzar estos pensamientos, bastante lógicos y que tienen por lo general su origen en lo establecido en la misma Constitución Nacional.
Consideramos que aún se está a tiempo de constituir un grupo político que al menos empiece a debatir seriamente qué país queremos. Ya lo dijimos al principio. Puede ser sobre la base de esta enumeración o de cualquiera otra, pero nunca podrá ser sobre la base de la arbitrariedad o el ”mandamasismo” de un grupo encaramado en el poder.

Acerca del debate sobre las drogas y el consumo sin sanción en Argentina


Por José Ricardo Spadaro

En esta fecha y en homenaje a Belgrano, voy a dar un parecer  en oposición a todos los proyectos que de un modo u otro, terminan promoviendo la libertad de consumir drogas con base en ciertas normas constitucionales que son interpretadas en forma conducentes aparentemente a esa libertad





Creo, respetuosamente, que esas posiciones no resuelven:
1. Cumplir con la finalidad del Estado: Sea Hobbes, Locke, Lenin, Kennedy, Yrigoyen, Perón - pensadores y políticos de distinto signos- han entendido desde la teoría y la praxis que su fin es el Bien Común y el monopolio en el uso de la fuerza legítima. Si el Estado cree que la autolesión en las personas  que traslada irremediables efectos a la sociedad y al individuo, no es su problema central como cuidado de su vida y convivencia.... bueno entonces Bakunin tenía razón (Anarquía).
2. La naturaleza letal del consumo, con acento en los sectores más desguarnecidos. Las clases medias y altas que consumen, no tienen  al menos esa amenaza de la calidad con que se asesinan; un poco más lentos; pero letales al fin. Entregamos al paco a los desposeídos de esta sociedad que delira igualdades que no cumple.
3. Desconocen que el consumidor es solo libre en la primera o segunda ingesta. Cuando la droga ha minado su voluntad, será un adicto dispuesto a consumir y obtener sin dominio de su propio yo. Se constituirá en destructor inmediato de su familia, amigos y luego pasara al delito, casi inexorablemente.
4. Desconoce completamente la modalidad polimodal del crimen organizado. Inicialmente proveerá masivamente drogas en forma gratuita y  cuando la adicción se instale, comenzara el comercio brutal. Acaso México y Colombia  - más allá de algunos ensayos de despenalización en ejecución-  ¿no siguen envueltas en consecuencias mortales diariamente? ¿Y la corrupción que sobrevendrá?; peor aun en los regímenes que no penalizan (¿ porque sigue viajando  a Europa la droga a ocho años de  la ley portuguesa que  sanciono la idea de no castigar a los usuarios de drogas y otros  diez países de la Unión Europea en donde  la tenencia de pequeñas cantidades de sustancias ilegales no es un delito. Porque los vuelos de los Juliá etc.???
5. La discusión torpemente Banaliza la gravedad de la cuestión: Desde la increíble afirmación hace un par de años del ministro Zaffaroni sobre la plantita de marihuana, - mas allá de su enjundia respetable y reconocida en numerosos foros internacionales y cultor educativo preponderante en Argentina- , hasta el hecho de haberse ideologizado una decisión que debe enteramente discutirse con parámetros científicos, legales, médicos, axiológico, sociológico y de unidad familiar desde la perspectiva de que entendemos por humanidad y persona. Voceros opinando con máxima superficialidad agregan el ruido de este grave asunto exaltando una supuesta afirmación de la Libertad y negación de intromisión del servicio de policía en estos asuntos. Esta bien; que no sea la policía – que además sigue alejada de estar preparada modernamente para este flagelo.- Pero veamos el ap.6
6. Confunde al enfermo adicto con el sujeto activo de un delito con pena de prisión: Ciertamente suscribo no encarcelar ni detener al enfermo; porque ciertamente lo es y es una calamidad su aprehensión. Pero mientras en el catalogo penal no existan medidas coactivas de seguridad – autónomas- con fines de salud publica y recuperación social, deben o crearse. ¿Cómo? La detección del enfermo, así como ciertas enfermedades contagiosas o heridos que acceden a un hospital deben darse cuenta…. ¿A quien? A la autoridad sanitaria quien con intervención judicial lo internara para su tratamiento. ¿Cómo? Modificando el art 5 del cód. penal argentino distinguiendo penas y medidas de salud publica coactivas, siendo  el bien jurídico tutelado precisamente el ejercicio de la Libertad (que la pierde en la inconciencia de la droga). En síntesis: Desincriminar el consumo de la prisión y mantener la prevención coactiva del deber de tratamiento medico. ¿Porque? Porque el consumo de drogas, a diferencia del alcoholismo, tiene como signo perverso su irradiación inmediata al más próximo, al ser un modo social de comunicarse que requiere del otro y porque el Estado no puede ser el cancerbero que provea drogas para asistir al suicidio. No es un tema de derecho civil como algunos sugieren; detrás de este enfermo hay actividad criminal así que no confundir su inserción.
7. Enfrentar de una vez, la ilegalidad en el plano del tráfico: Tengo el derecho y el deber de opinar como ciudadano que ocupo cargos en este ámbito. La Nación tiene en este tema un problema de no menos de veinte años de instalación y desarrollo. No será con discusiones nuevamente ideologizadas que se  iniciara un camino de efectiva contención. No buscar mas culpables  en la gestión política ni de ayer ni de hoy – ya que no hay  sobreseimiento para nadie , por omisión- y avanzar en definiciones revolucionarias en la materia – sin ejércitos en las calles- reformulando la seguridad publica y los organismos del Estado. No serán conferencista circulando por el mundo los que van a resolver esto ni mucho menos  policías ni gendarmes  sin renovarse en la concepción y enfoque multidisciplinario del problema ni legisladores aislados discutiendo de lo que no necesariamente saben.
8. Existe una juventud brillante que puede ser capacitada desde los valores, para dar los cambios en este desafío de tanta entidad, como Malvinas ayer.- Con mercaderes a sueldo, no hay destino. El poder fenomenal de la corrupción y la violencia, aquieta conciencias fácilmente. Solo valores podrán hacer frente




Para que los sordos también escuchen

Por Roberto Alvarez


CFK y el Frente para la Victoria (una especie de Renovadora Camporista) sostienen  que el paro de la CGT es parte de una campaña desestabilizadora, es decir es un paro “político”


.El Movimiento Nacional Justicialista sostiene que el paro de la CGT es el resultado de la falta de diálogo real dentro de su movimiento. El paro es la continuación visible, por otros medios, del NO diálogo. Por lo tanto hay acuerdo que estamos en presencia de un paro “político”, entendido así, porque cualquier debate sobre la transferencia masiva de fondos, tiene carácter político.
El cuestionamiento al carácter “desestabilizador” por parte de CFK pareciera indicar que solo ella (o su pequeño grupo interlocutor de 3 personas) pudiesen accionar políticamente. No todo el mundo debe aceptar la “monserga cristinista” como si lo hacen sus diputados, senadores, ministros, secretarios, gobernadores, etc., que sólo reciben órdenes o sugerencias obligatorias. A ellos les “bajan” lo que deben hacer o decir, desde las altas esferas de la “vanguardia iluminada”. Toda la política en pocas manos.
Dentro de los Partidos políticos y específicamente dentro del PJ, no hay debate, ni sesiones, ni reuniones. Sus “autoridades” la conforman una veintena de dirigentes, poco representativos, que sólo aparecen en los medios, cuando les ordenan (desde “arriba”) decir algo, generalmente para agredir a alguien, como recientemente ocurriera.
A los Movimientos Sociales (del palo) no les ordenan que decir, sino que hacer, cuando movilizarse, hacia adonde, a quien alabar, a quien criticar. Es una tarea fácil; se trata de “bajar” los medios y los subsidios adecuados o, en caso de reticencia, de “quitar” los mismos.

Qué pasa con la oposición? Diputados o senadores no oficialistas, divididos en cuidadosas baldosas personalizadas, son como mini-emprendimientos políticos improductivos. Debido a tanta división, no hace falta debatir políticamente con ellos. Se trata de seguir dividiéndolos y no preocuparse demasiado.
Qué pasa con los sindicatos y con el periodismo?. En cada uno de estos espacios hay poder propio, por lo que naturalmente les gusta debatir. Hoy por hoy tienen mayor presencia mediática por ausencia (o extinción) de los partidos políticos. Esta mal o está bien que sea así?. Diríamos que por suerte es así; no porque sea lo ideal, sino porque vienen a cubrir el vacío de las estructuras políticas creadas para orientar y ordenar el debate político. Si así no fuese estaríamos ante una dictadura, no militar, sino “democrática”.
La democracia no consiste únicamente en un mecanismo de elección de los gobernantes. Se alimenta de un continuo debate sobre los temas de la sociedad y del mundo, en interacción permanente. La legitimidad de origen de los gobiernos se basa únicamente en la cantidad de votos obtenidos en la contienda electoral, pero también importa lo que los gobernantes electos hagan luego de su acceso a la administración del Estado. Es lo que suele denominarse legitimidad de ejercicio (del poder), que debe satisfacer un debate político permanente de los temas que nos rodean, sin que ello afecte la legitimidad de origen.
Siendo el voto un acto de delegación que otorga por cierto, autoridad política a su elegido, éste no puede ser absoluto, sino que debe responder permanentemente a los criterios elegidos por el votante; inclusive cuando éste cambie de opinión. Si el funcionario elegido cambiase su postura, por los motivos que fuesen, debe someterse a un debate público para seguir obteniendo (o nó) los apoyos de cada votante. Este continuo debate político genera una nueva legitimidad en el ejercicio de sus funciones. Así se entiende a la democracia.
Si los que están en capacidad de ejercer ese derecho (al debate político) lo quieren ejercer, nadie del gobierno tiene el derecho a criticarlo ni a satanizarlo. Sólo debe responder con argumentos y explicaciones, para que escuchen todos los ciudadanos. Cuando el diálogo no existe, por soberbia ó capricho, entonces no deberían asombrarse que se ejerzan otras formas de peticionar en un nivel más alto. Ocurre en las mejores familias.
Todo gobierno acierta en muchos temas y comete variados errores de mala praxis. Reconocerlos rápido aleja fricciones innecesarias. El actual conflicto es la suma de muchos problemas que vienen acumulándose. En el presente la delegación ejercida democráticamente es puesta en duda por sus propios electores. Acuciados por la necesidad de mantener en constante alza el gasto público, el gobierno de CFK ha venido incrementando la presión fiscal global hasta extremos insoportables para una vasta mayoría de contribuyentes, a lo que se suma una inflación persistente, que no es reconocido explícitamente. Y este es un punto decisivo del debate político. Destacarlo no es “desestabilizador”; es no mentir. Los cuestionamientos deben ser respondidos y no escondidos, que es lo que este gobierno, de ideas demasiado simples para una realidad muy compleja, solo atina a hacer. 
Desde la antigüedad la carga excesiva de impuestos ha sido el principal motivo de rebeliones populares contra sus reyes o mandatarios. Llega un momento en que los reclamos no escuchados se transforman en agitaciones permanentes, más aún cuando a la vista de todo el pueblo se le agregan los desfachatados desfalcos a que es sometido el erario público.
Estos nuevos movimientos, sociológicamente claros, aún no tienen una expresión política clara, pero van influyendo pausadamente sobre el proceso de toma de conciencia de cómo cada propuesta política afecta los propios intereses. Hasta las próximas elecciones hay un buen tiempo para seguir debatiendo. Por eso viene bien un ruido fuerte, para que los sordos también escuchen.