Por Héctor
GiulianoLa sorpresiva intervención de YPF y el envío al Congreso del proyecto para expropiar las acciones de Repsol abren más interrogantes que aclaraciones en cuanto al sentido de las medidas adoptadas por el gobierno Kirchner.
El objeto de este breve trabajo es formular
algunas observaciones y comentarios sobre este tema a la luz del Decreto de
Necesidad y Urgencia (DNU) 530/2012 del Poder Ejecutivo y del Proyecto de Ley (PL)
respectivo, así como sus informaciones conexas.
Ambos documentos contienen contradicciones,
inconsistencias y/o desprolijidades que le pueden terminar costando muy caro al
Estado Argentino.
EXPROPIACION POR UTILIDAD PÚBLICA.
No están claras las verdaderas razones de urgencia de las medidas tomadas por el
Ejecutivo frente a una grave situación de
crisis energética que era conocida desde hace tiempo, que consultores y ex
titulares de la Secretaría
de Energía venían denunciando públicamente desde hace varios años y que el
actual gobierno – hasta hace muy poco – venía negando o soslayando mientras
apoyaba y elogiaba la gestión de la
Empresa.
El Estado Argentino, a través de su
participación accionaria, estaba perfectamente en conocimiento de la situación
de la Empresa
y el representante del Gobierno suscribía y avalaba todas las decisiones del
Directorio de YPF sin expresar disidencias en contrario.
Por ende, el primer problema que se plantea
es el de la inexorable corresponsabilidad de la Administración Kirchner
en las irregularidades que denuncia contra Repsol como accionista mayoritario
ya que las mismas fueron asumidas por todos los socios, incluido lógicamente el
Estado Nacional.
Esto es particularmente cierto en lo tocante al problema de la infra-inversión en exploración de petróleo y gas, a la política de altos repartos de dividendos y a la gravedad del cuadro de situación energético provocado por YPF.
Por eso, independientemente de toda discusión sobre la validez de los argumentos oficiales y las medidas adoptadas en consecuencia, la actual Administración es corresponsable de las irregularidades que le imputa al grupo Repsol, ya que el representante oficial ante el Directorio tenía que estar forzosamente al tanto de lo que pasaba y además estaba suscribiendo sin disidencias las decisiones que hoy se le objetan al principal accionista.
La gestión de una política llevada a cabo por el Directorio de
También es importante y discutible el uso de un DNU para intervenir por parte del Estado una Sociedad Anónima – como es YPF - invocando los artículos 3 y 6 de
Pero el problema central – y probablemente más grave desde el punto de vista conceptual - estaría en la causal aducida para la expropiación de una parte de las acciones de Repsol en YPF por razones de “utilidad pública”1 ya que tales razones no pueden aplicarse en forma genérica para los casos de expropiación sino que deben tener una justificación puntual y concreta (como puede ser, por ejemplo, el caso de una propiedad inmueble para trazar una carretera o destinar un espacio clave para la construcción de un puente).
No tiene mucho fundamento expropiar una parte de las acciones de la empresa y a un solo socio (en este caso, el accionista mayoritario, quitándole el 51 sobre su total del 57.4 %) para elevar la participación del Estado al 51 % del Capital apelando a razones de “utilidad pública”.
Siguiendo tal razonamiento en relación al autoabastecimiento (que en este caso se aplica a una compañía que no produce la totalidad sino la mitad del petróleo nacional y el 44 % del gas) el criterio de intervención oficial pudiera ser extendido arbitrariamente a cualquier otra empresa del sector y/o de cualquier otro sector de la economía que se declare genéricamente de interés público.
Este planteo gubernamental conlleva así serias vulnerabilidades en el caso que Repsol – como ya lo ha anunciado – lleve adelante reclamos judiciales contra la Argentina ante el CIADI (el Tribunal de Arbitraje Internacional dependiente del Banco Mundial) apelando al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) vigente entre nuestro país y España.
Por otra parte, es contradictorio acusar
sólo a Repsol de “vaciamiento” de YPF –como lo hace taxativa, enfática y
reiteradamente el PL del Ejecutivo – cuando, como dijimos, las
responsabilidades por la gestión de la empresa son colectivas y alcanzan a todos los socios con
representación en el Directorio, incluyendo al propio Estado.
Si Repsol incurrió en maniobras de vaciamiento - es decir, en delitos – sus directivos debieran ser denunciados ante
Una de dos: delitos o razones concretas de interés público nacional debidamente fundadas.
Con el agravante que la palabra
“vaciamiento” no existe como figura jurídica: su traducción legal sería Defraudación, pero
el proyecto no hace referencia a este delito sino que utiliza la expresión
“vaciamiento”, que sólo delata una forma de comportamiento no definido desde el
punto de vista técnico jurídico.
Esto también supone una vulnerabilidad de
planteo al ser aplicado este enfoque sólo contra Repsol cuando la distribución
indebida de altísimas utilidades beneficiaba a todos los accionistas y cuando,
como agravante, se sabía que dicho criterio había sido adoptado para favorecer,
en particular, al grupo Eskenazi – ligado al gobierno Kirchner - para que
pudiera pagar con dividendos los préstamos externos contraídos para comprar el
25 % de las acciones de YPF sin aportar dinero en efectivo.
Este conjunto de serias inconsistencias en la forma de fundamentar y de llevar a cabo la expropiación parcial de las acciones de Repsol en YPF no sólo deja dudas sobre la corrección del procedimiento seguido por el gobierno Kirchner sino también sobre las verdaderas motivaciones de su conducta.
Actualmente – según el viceministro de
Economía Kicillof – la Deuda
total de YPF sería del orden de los 9.000 Millones de
Dólares (MD).
De los Estados Contables al 31.12.11 surgiría que esta suma es algo menor – el equivalente de unos 8.300 MD (36.700 M$-Millones de Pesos) – pero ello no cambia el fondo de la cuestión, que es el alto endeudamiento de la empresa.
Notablemente, este importe de deuda hoy es casi el mismo que YPF tenía al momento de su privatización (1992) – 8.500 MD – y que el Estado absorbió porque la empresa fue vendida sin pasivos.
Este elevado pasivo de YPF significa que el Estado Argentino, con la expropiación ahora de las acciones de Repsol, pasa a ser el nuevo socio mayoritario, asume la responsabilidad principal por la conducción empresaria y hereda entonces el nuevo gran pasivo de YPF.
Una vez más – como ya ocurrió con la privatización menemista de la década del ´90 (que el entonces gobernador Kirchner y su esposa apoyaron) – el socio privado se desliga de sus obligaciones y el gobierno argentino se hace cargo de las deudas.
El Estado, que hasta ahora no tenía
participación directa en la gestión empresaria de YPF y no era responsable de
sus pasivos, pasa entonces a tener una triple carga de deuda propia en relación
a la compañía:
1. La de
2. La del necesario financiamiento del Plan de Inversiones no cumplido bajo la gestión de Repsol (cuyas estimaciones primarias serían del orden de los 30.000 MD), y
3. El monto – a determinar – de la indemnización por la expropiación a Repsol.
Aunque se termine no pagándole nada a Repsol – como se ufanan algunos funcionarios del gobierno – los otros dos grandes rubros de deuda igual le quedan al Estado; y son mucho más elevados.
Este cambio es muy importante porque antes de esta medida de intervención de YPF y expropiación a Repsol,
Los vencimientos de deuda ya serían importantes este año por concepto de Obligaciones Negociables (ON) emitidas bajo la administración Repsol: 300 M$ en
Diciembre (y 70 MD en Marzo de 2013), entre los más relevantes.
Dentro de los 21.800 M$ del Pasivo Corriente, 11.900 son Cuentas por Pagar y 8.100 pago de Préstamos; sin contar – desde ya - Deuda Contingente (por los reclamos de daños en el Medio Ambiente y otros).
Todo esto implica que las medidas anunciadas por la presidente Cristina Kirchner el 16.4 pasado suponen para el Estado Nacional la asunción de una fuerte carga de endeudamiento adicional que hasta hoy no se tenía.
Desde el punto de vista económico-financiero tal comportamiento del Gobierno –independientemente de la forma en que es presentado ante
UN SALVATAJE A REPSOL.
Lo dicho en el párrafo anterior abre un
interrogante muy serio acerca de los efectos financieros concretos de la
decisión gubernamental sobre YPF.
Ello implica reflexionar sobre si esta mayúscula nueva carga financiera que pasa al Estado Central – más allá de todo lo que se diga ante
La urgencia en la intervención de YPF y la simultánea estatización de las acciones de Repsol presenta un esquema dudoso y muy discutible. La presidenta – en su discurso del lunes 16.4 – dijo que regresó antes de
Dado que – como hemos explicado al comienzo de esta nota – el grave problema de arrastre de YPF era conocido desde hace tiempo por las autoridades e incluso que había sido agravado financieramente por el propio gobierno (caso de su gestión a favor del grupo Eskenazi para aumentar la participación accionaria del mismo con deuda externa y privilegio de pago de esas deudas con dividendos extraordinarios) el verdadero motivo de la urgencia correspondería evidentemente a otras razones.4
El mismo PL da en sus Fundamentos una pista del problema. En su acápite IV -titulado “La carta autoincriminatoria del Señor Brufau” - se relatan las gestiones de Repsol inmediatamente previas a la crisis que llevó a la estatización de sus acciones por parte del gobierno Kirchner.
En carta a la presidenta del 2.4.12 Brufau – según el texto del proyecto de ley –le dice que Repsol no se encuentra en condiciones de poder implementar el Plan de Inversiones de YPF porque carece de capacidad para financiarlo.
Los primeros cinco años de ejecución del plan demandarían inversiones por 30.000 MD (6.000 MD por año) y Repsol sólo podría cubrir aproximadamente la mitad de las mismas.
Ergo, la alternativa ofrecida por Brufau –
siempre según el texto del PL – era buscar “Asociaciones para ceder parte de su
participación en las concesiones … a empresas e inversores nacionales e
internacionales … con el objeto de obtener la financiación necesaria para la
ejecución del Plan” decidiendo en cada caso “quién será el operador”. Incluso
sostenía que “las Provincias y el Estado Nacional podrían tomar una participación
en la inversión en cada campo”.
Es, poco más o menos, lo mismo que luego
hace la presidenta pero desposeyendo a Repsol de su participación y, en
consecuencia, de su armado del negocio. Aquí es donde el gobierno Kirchner le
reprocha, con razón, que el “principal causante de la situación” se ofrezca
como “salvador” de la situación de crisis de YPF que generó a través de su
gestión.
Esto era particularmente grave porque
Brufau confesaba que “YPF ya tiene avanzadas negociaciones con significativos
ofertantes que representan compañías internacionales” para ello.
Todo esto está corroborado por informaciones periodísticas con base bastante en firme: Repsol YPF – España estaba por cerrar la venta de todo o parte de sus acciones a la petrolera china SINOPEC GROUP (que es una Empresa del Estado) pero simultáneamente se estaban dando pasos aquí, en Argentina, para posicionarse financieramente por parte de otras compañías, como el caso de la compra del 50 % de las acciones de Bridas (familia Bulgheroni) por parte de otra petrolera china,
También manifestaron interés para entrar en el replanteo de las asociaciones y/o contrataciones de YPF otras grandes firmas internacionales, como Exxon, Total y Petrobras; como asimismo compañías de contratistas y servicios.
En síntesis, que la decisión de intervención y expropiación de las acciones de Repsol se produce en un momento clave de la toma de decisiones de
Una maniobra de este tipo – el bloqueo de negociaciones indebidas por parte del accionista mayoritario - sería legítima por parte de las autoridades para impedir que sea la misma empresa que fue la principal causante de la crisis de YPF la que
decida sobre el replanteo de los negocios
accionarios bajo su gestión.
Pero el avance de esas negociaciones
unilaterales de Repsol podía ser desautorizado oportunamente por el gobierno
argentino sin necesidad de expropiar las acciones de la firma en YPF ya que el
Estado disponía no sólo de la “acción de oro” sino de todos los mecanismos de
contralor interno y externo que necesitare aplicar para impedir maniobras de
esta naturaleza.
Máxime cuando está imputándole a Repsol
delitos de “vaciamiento” de YPF, por los que se supone puede llevar a sus
directivos ante la
Justicia. Con el agravante que al optar por la expropiación
el gobierno altera la categoría del problema – llevándolo del Gerenciamiento a la Estructura Societaria
- se carga con la gravísima situación económico-financiera de la empresa y
apela a un procedimiento vulnerable debido a su co-responsabilidad en la crisis
que dice motivar su intervención.
La clave residía en la Intervención sin
Expropiación: YPF pudiera y debiera ser intervenida pero sin expropiar, al
menos de inmediato, las acciones de Repsol; porque esta expropiación libera a
Repsol de la carga financiera que le deja al Estado Argentino, aunque éste no
le indemnice un centavo.
Ahora, en cambio, la administración
Kirchner se reserva el manejo exclusivo de los próximos pasos de YPF pero lo
hace cargando con el peso de los pasivos heredados y de las deudas a contraer
en el futuro. Y lo hace en una forma poco transparente y controlable,
amparándose en la discrecionalidad y ausencia de control sobre sus actos dado
que la empresa sigue bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima 6, sujeta a la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales
y sin estar supeditada al contralor de los organismos del Estado (como la SIGEN y la AGN ).
Esto independiza a la administración
Kirchner – una vez más – de los mecanismos formales de supervisión y control
sobre sus acciones de gobierno dejándole las manos libres para reformular el
plan de grandes negocios después de la frustrada
gestión de Repsol YPF, de la que fue
co-responsable directo.
En definitiva: la intervención y
expropiación parcial de las acciones de Repsol –que permanece como accionista
minoritario de la empresa con un 6 % del Capital implica un cambio en el gerenciamiento de la
empresa, que oficialmente estaba a cargo del CEO Sebastián Eskenazi Storey y
que ahora pasa bajo dirección directa de los funcionarios interventores del
gobierno; pero también - y esencialmente – un cambio de mano en la composición
accionaria de la compañía, que ahora pasa a ser de mayoría estatal, asumiendo
el Estado el peso de la crisis de YPF.
Esto significa que, de ahora en más, será
el Estado Argentino el que tendrá que hacerse cargo de la muy delicada
situación financiera de la
Empresa , atendiendo
fundamentalmente al macro-endeudamiento
necesario para poder replantear sus
actividades.
El gobierno podrá mantener su composición
societaria de mayoría estatal – 51 % del Capital, subdividido a su vez en 51 %
Nación y 49 Provincias Petroleras – asociándose a nuevos operadores (caso de
joint ventures) o bien volver a vender parte de su nuevo paquete accionario,
pero la responsabilidad central seguirá estando en manos del Estado.
Desde el punto de vista de las Finanzas
Públicas este manejo de la crisis de YPF implica traspasarle así al Fisco el
peso de los pasivos de la empresa y la carga por desinversión en actividades de
exploración petrolera que supondrá grandes endeudamientos futuros. Y todo esto
relativizando el alcance de las culpas de Repsol por administración fraudulenta,
que debiera haber sido no sólo el motivo de la intervención del Estado sino de
las acciones judiciales pertinentes: sin necesidad de expropiación de las acciones.
EN CONCLUSIÓN:
Por qué la idea de “salvataje” y a quién se
estaría salvando o, al menos, liberando de sus compromisos incumplidos?
Un balance primario de los hechos concretos
permite intuir o sospechar un salvataje, pero un salvamento encubierto con
escenificación de las partes:
1. El gobierno Kirchner presenta la expropiación
como una “nacionalización” de la empresa y una muestra de Soberanía Nacional en
materia de hidrocarburos mientras absorbe el triple pasivo nuevo por la deuda
acumulada de YPF, por el futuro financiamiento del plan de inversiones
incumplido por Repsol y por los eventuales montos de indemnización a pagarle.
2. Repsol se victimiza como compañía
perjudicada cuando, en realidad, después de haberse llevado dividendos que
sobrepasan su inversión por la compra original
le traspasa la carga financiera por la
deuda y el plan de inversiones al Estado Argentino; y todavía le reclama una
indemnización que – desde el frio punto de vista de la Ley – pudiera llegar a
corresponderle dada las serias vulnerabilidades del DNU y el PL del Ejecutivo.
Y
3. El grupo Eskenazi – tradicionalmente
favorecido por la administración Kirchner y fundadamente sospechado de
manejarse con los negocios de la familia gobernante – no sólo no es alcanzado
por las graves denuncias oficiales directas sino que además pudiera salir indemne
de su propia irresponsabilidad por la compra de acciones con deuda.
En síntesis: que la intervención de YPF y
la consiguiente expropiación de las acciones de Repsol tendría en los hechos un
sentido muy diferente de la versión
oficial si se la mira desde el punto de
vista financiero fiscal.
Y que la Intervención de la
empresa puede y debe hacerse pero sin Expropiación.
La gran mayoría de la partidocracia con
representación parlamentaria, sin embargo, se apresta a convalidar esta línea
de acción irregular, discrecional y financieramente gravosa elegida por el
gobierno Kirchner: una línea de acción que implicaría, en la práctica, un
salvataje o liberación de Repsol YPF.-
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