YPF: Hace falta honestidad, sensatez y grandeza

Por Orlando Novara

Con la nacionalización de YPF hoy los argentinos estamos frente a la posibilidad de un saludable cambio de rumbo en materia energética, que debemos apoyar pero que para evitar una nueva frustración no lo podemos hacer de cualquier modo. Recordemos que en el lapso de casi un siglo pasamos del orgullo por la YPF modelo y pionera de Mosconi, a la perplejidad de encontrarnos con quizá la única empresa petrolera del mundo que, acosada por la ineficiencia y corrupción, daba pérdidas.

Como hoy se desataron pasiones y se ensayaron todos los libretos. Las contradicciones estuvieron a la orden del día como si ellas fueran nuestro insumo preferido. Medio siglo atrás con el radicalismo apuntamos al autoabastecimiento con los “contratos petroleros” de Frondizi que luego, con Illia, fueron denunciados y anulados. Más cerca, hace dos décadas, el peronismo privatizó la misma YPF que ahora nacionaliza. Arranque y freno, marcha y contramarcha. Punto muerto de una Nación que burla y busca su destino.

Argentina, ya no tiene margen para equivocarse. La política energética exige coherencia y continuidad y no tolera más vaivenes. Con independencia de nuestras posturas políticas o ideológicas, o de lo que piense el mundo, en esta situación ya no será posible ni volverla a quebrar ni privatizarla al mejor postor. Es la oportunidad de la crisis: estamos obligados a tomar el timón y sumergirnos en el horizonte con la proa hacia el puerto. No tenemos otra alternativa que enderezar, sanear y hacer de YPF una locomotora productiva.

Eliminar la corrupción y la ineficiencia es, ni más ni menos, lo que debimos hacer antes y lo que tenemos que hacer ahora. YPF nunca debió privatizarse porque una nación que es soberana no puede enajenar recursos energéticos que son estratégicos para el desarrollo integral del país. Sin embargo, es necesario recordar que cuando Menem vendió en 1992 el control de YPF a Repsol, encontró en los Kirchner los socios más entusiastas.

Los archivos custodian la memoria y no mienten. La actual familia gobernante vendió a la empresa española el 4,3% de las acciones de Santa Cruz. Con ello obtuvieron casi 500 millones de dólares que salieron y entraron del país sin control de itinerario ni de la ulterior aplicación. Luego vino la “argentinización”. Un oscuro negocio financiero por el cual el grupo regenteado por Ezkenazi, casi sin dinero ni garantía conocida y con la “generosa” ayuda de Repsol se quedó con el 25% de YPF.

Como no es habitual conseguir tanto con tan poco, surgieron las dudas e interrogantes. ¿Esos 500 millones fueron el aval oculto de la operación? ¿Solo respaldo de un negocio privado con patrimonio público? ¿O será que la familia Eskenazi Es ”k”? ¿Na o Zi? ¿Y usted qué opina? ¿No o sí? Quizá algún día podrá dilucidarlo la justicia que, según dicen, tarda pero llega. Ahora una parte de ella, aprovechando el ruido, estaría entretenida en liberar de responsabilidad a Boudou. Tiene que demostrar que no conoce a su presunto socio y que éste, como monotributista fantasma, puede hacerse cargo de fabricar los billetes de los argentinos. ¿Tanto con tan poco? ¿Por qué no? Cartón lleno.

No podemos saber si la historia de los billetes desplazará o no a la “argentinización” del petróleo, como obra maestra del capitalismo de amigos. Pero lo que sí sabemos es que esta última fue nefasta para YPF y le vino como anillo al dedo a Repsol. Para facilitar el acuerdo con Ezkenazi (que compraba sus acciones con las ganancias) se habilitó a la compañía una irracional distribución de utilidades con absoluto desmedro de la inversión. Esta decisión además de descapitalizar y desmantelar la empresa, desató la necesidad de importar combustibles sin respaldo de divisas y en una magnitud que hipoteca al país.

La voluntad nacionalizadora nació de esta falta de dólares para enfrentar el desmadre energético autogenerado por negocios poco trasparentes. De otro modo cabe preguntarse porque, en su momento, el negocio “redondo” realizado para beneficiar a Ezkenazi y sus socios, no se lo hizo para que sea el Estado el que se quedará con esa cuarta parte de la empresa. Es más: para lograr la mayoría en YPF ahora podría haber alcanzado con comprarle baratas las acciones al mencionado grupo y, simultáneamente, presionado a Repsol para que desinvirtiera su participación accionaria en la empresa.

Pese a que el relato épico no lo deja ver, la actual expropiación no recupera patrimonio ni soberanía sobre el petróleo y el gas porque estos eran y siguen siendo propiedad pública provincial. La nacionalización es sobre Repsol por eso tampoco queda muy claro porque el avance fue sobre una firma endeudada (casi 9.000 millones de u$s) y sin patrimonio (petróleo) en lugar de procurar los objetivos enunciados a través de Enarsa. Ésta bien pudo extender su potestad de la plataforma marítima a la territorial y luego las provincias podrían haber derivado sus concesiones a ella.

Estas posibles alternativas, planeadas con tiempo, sin duda tenían menos carga simbólica y rentabilidad política para el gobierno pero, en todo caso, hubieran sido muy útiles para el país en vista a evitar los efectos secundarios, o no tanto, de la actual expropiación. Nos referimos al cuestionamiento sobre la seguridad jurídica y los costos internacionales de la medida en materia de credibilidad, confiabilidad y reticencia inversora a futuro. Algunas de estas consecuencias ya llegaron con el incremento del riesgo país y el encarecimiento del crédito externo: la tasa en emisión de los bonos provinciales ya aumentó un 30%.

Es cuando menos curioso que quienes presumen ser los principales defensores del rol del Estado en la sociedad, son aquellos que al mismo tiempo lo paralizan y degradan en sus funciones de contralor del interés popular. La expropiación, tal como está diseñada, es continuista en lo que a fiscalización se refiere. Esto es así porque la YPF que se propone mantiene la modalidad jurídica de una sociedad anónima (S.A.) que, como tal, no puede ser fiscalizada por los órganos de control del Estado.

No es un detalle menor. Se ha dicho con razón que las SA en el Estado son la matriz de los negocios del poder que disponen del patrimonio público en beneficio de ciertos grupos privados de la élite. Alardea con oponerse a los procesos de privatización pero no avanza en la dirección del capitalismo de estado bien entendido. Es un hibrido que tampoco es de por si novedoso como lo demuestra, por ejemplo, algunos fenómenos de degradación estatal en manos de la mafia rusa. Un paso más adelante (en deterioro), de lo que fue la burguesía prebendaría que oportunamente supo colonizar al Estado argentino.

Además de lo dicho hay voces que se oponen a la decisión adoptada por el gobierno con YPF porque la presidenta y su staff del área, se cansaron de hacer la apología de Repsol, de avalar con su firma la política petrolera y de subestimar los problemas. Otros fundan su oposición en la pulsión gubernamental por las “cajas” (Anses, Banco Central) o señalan que además de las urgencias económicas ha jugado la necesidad de cubrir el escándalo de Amado Boudou (Ciccone). Son argumentos válidos para cuestionar al gobierno como abanderado impoluto de la nacionalización pero no para cuestionar la medida tomada.

¿Con estos antecedentes es posible apoyar la nacionalización de YPF? Sí lo es. Lo es porque la legitimidad de la misma así como no está dada por las presuntas virtudes del gobierno tampoco deja de estarlo por sus errores. La legitimidad emana de la necesidad de la Nación de contar con una herramienta propia (YPF) para su política petrolera. Más allá de las complicidades lo importante es que este instrumento no estaba al servicio del país y de aquí en más tiene la posibilidad de estarlo. Que el gobierno lo garantice o no es harina de otro costal. Al margen de sus intenciones no tenemos por qué creerlo eterno.

Que Repsol estaba enajenada a otros intereses lo demuestran las irregularidades en las que ha incurrido. Desde el ocultamiento de información estratégica, hasta evasión fiscal. Es decir exportaciones realizadas con declaraciones juradas no auditadas, con hasta un 70% de liquidación de divisas en el exterior y con presunción de contrabando. Esto junto a manipulaciones bursátiles y estadísticas sobre extracción, consumo interno, exportación y reservas que contabilizó pero que nunca informó. Hay que separar la paja del trigo los desaciertos del gobierno no invalidan la medida ni avalan a la conducción española.

Lo anterior es también la consecuencia natural de la ausencia del poder de policía del Estado pero lo más grave fue la descapitalización. Repsol no invertía en el país, mientras lo hacía parcialmente en Brasil y otros países. Inducida por la crisis española en los últimos años, además, remitía las utilidades de aquí a sus mandantes ibéricos. Así se forjó el vaciamiento de YPF y la pérdida de un autoabastecimiento que costó varias décadas en alcanzar y se dilapidó en ocho años. Desenlace no tan imprevisible cuando la Nación deja de ser un actor significativo de la política energética.

Hay quienes para fundar su oposición a la nacionalización de YPF quitan responsabilidad a Repsol por la desinversión y se la cargan exclusivamente al gobierno. Lo hacen con el argumento liberal de que fue el Poder Ejecutivo el causante de la falta de inversión. La caída en cascada de la producción sería producto de los precios (bajos) regulados por un gobierno acosado por el drenaje de los subsidios. Sostienen para corroborarlo que Repsol no llega al 35% del mercado y que la caída productiva se verifica también en la inmensa mayoría de las otras firmas que operan en el país. Es cierto ¿Y?

No hay mentira más peligrosa que una verdad a medias. Es cierto que eso también ha sucedido y que, en el mejor de los casos, el gobierno fue ingenuo. No es lógico suponer que Repsol como cualquier empresa multinacional va a renunciar a maximizar ganancias. Si le pagan menos y la dejan, siempre va a preferir usar las utilidades logradas aquí para producir petróleo en otros países donde pueda cobrar el precio internacional. Pero, otra vez, de ello no se infiere que sea incorrecta o inconveniente nacionalizar YPF.

Hay que tener en cuenta, por el contrario, que la actividad petrolera bien administrada genera ganancias extraordinarias y esta debería ser una razón más que suficiente para apoyar la nacionalización de YPF. Una empresa pública nacional subordinada al interés local puede ahorrar y beneficiarse con el enorme diferencial entre el costo y el precio del combustible cuyos valores, en muchos casos, oscila entre 10 y 110 dólares el barril. Aunque no sea indistinto que esa renta se use en subsidios o para capitalizar a YPF, la clave hoy no es como se la aplica sino quien se la apropia.

La discusión fundamental no es, entonces, si se valoriza el deseo del gobierno por enmendar o subsanar los graves errores cometidos o si se desconfía de esta eventual voluntad o de su capacidad para hacerlo. Los hechos dirán. Hoy lo esencial es reconocer como conveniente y legítimo que los argentinos nos apropiemos de la renta petrolera. Sobre todo cuando una de las cosas que pueden estar en juego es la potencialidad económica del reservorio de la “Vaca Muerta”, en Neuquén. Una reserva que, en su tipo, se presume como la 3ra. en el mundo.

Quien suscribe estas líneas cree, aunque carezca de elementos para corroborarlo, que si esto último es efectivamente cierto, la medida adoptada con YPF puede trascender de lejos el derecho inalienable al autoabastecimiento y pasar a ser una decisión soberana de carácter estratégico. Nuestro país quizá hoy no esté en condiciones económicas para explotar esta cuenca petrolera pero sí puede poner las condiciones para hacerlo. La nueva YPF no necesita socios dentro de la empresa, pero puede asociarse con otros inversores para que colaboren con ella, a partir de contratos de mutuo interés.

El horizonte que abre esta como otras alternativas no podría existir, bajo las anteriores circunstancias, con una empresa en manos extranjeras. Nadie que comparta esta convicción puede rechazarla porque la medida la impulsan sus adversarios políticos. Aunque también sea cierto que es difícil imaginar que la misma conducción que complicó a YPF sea capaz de salvarla. Apoyar lo que está bien y rechazar lo que está mal es hoy una conducta sin espacio ni rédito político. Un dilema y un desafío que aunque no se resuelva no puede dejar de formularse.

Una posición frente al dilema

Hay que superar la estafa ideológica y chantaje emocional que sufren todos aquellos que siempre han querido y quieren una YPF nacional, pero que hoy deben traicionarse o abstenerse de apoyar porque no se resignan a convalidar ni indultar a los responsables de su reciente vaciamiento. Corresponde superar, también, la ingrata dualidad moral que debe embargar a quienes comparten la orientación, los enunciados y la decisión del gobierno, pero que no pueden dejar de saber, aunque lo silencien, la responsabilidad que le cabe al Poder Ejecutivo por esta desastrosa política energética.

Sabemos que esta doble superación es muy difícil pero también imprescindible. Por ello, por lo que está en juego y más allá del trámite parlamentario, los sectores con conciencia nacional del oficialismo y de la oposición, tienen que pronunciarse activamente de aquí en más. Deben ejercer el derecho a apoyar los objetivos genéricos de la ley, sin renunciar a formular y acordar en particular una posición común para modificar aspectos centrales de su articulado, en torno a los siguientes ejes:

1.  Pronunciarse a favor del sentido preliminar y medular de la ley propuesta por el Ejecutivo que declara de utilidad pública la nacionalización de YPF, por la que se consagra la soberanía sobre las etapas del ciclo energético y se preserva para el Estado Nacional el control mayoritario de la empresa. Una decisión que supone recuperar un resorte estratégico de los argentinos y un cambio de rumbo respecto de una privatización que nunca debió realizarse. En los 90 YPF necesitaba de un profundo saneamiento pero, de ningún modo, cabía entregarla a intereses ajenos que, durante dos décadas, terminaron por vaciar a nuestra principal empresa.

2.  Eliminar, en particular, la actual figura de YPF Sociedad Anónima, que a futuro impiden los controles de la Auditoría de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y el Congreso Nacional; remplazándola por la forma jurídica de YPF Sociedad del Estado. Esto habilitará el control y fiscalización de las mencionadas instituciones; a lo que debe añadirse la colaboración adicional de un Consejo de Políticas Energéticas, a crear, donde estén representados todos los actores de la cadena productiva, incluyendo a proveedores y consumidores.

3.  Extender para ello el control accionario de YPF Sociedad del Estado que se propone del 51% a más (o no menos) del 80%, a partir de adquirir las acciones del Grupo Petersen-Eskenazi, las hoy residuales de la española Repsol y las de otros actores identificables de la empresa. El resto seguirá perteneciendo a pequeños inversores del público, en el ámbito de la Bolsa de Buenos Aires y de Nueva York.

4.  Proporcionar esta mayoría accionaria de YPF Sociedad del Estado a partir de los recursos ya previstos, más los que puedan proporcionar la banca pública y el ANSES. Apelando, este último, a fondos disponibles por fuera de sus obligaciones previsionales y/o liquidando las posiciones accionarias que hoy tiene en otras empresas. Estas fuentes de inversión pública, eventualmente, podrían reforzarse con un Fondo Patriótico pautado y de carácter voluntario, al que puedan concurrir desde las empresas y las Obras Sociales hasta los inversores individuales.

5.  Establecer a partir de esta nueva estructura accionaria de YPF Sociedad del Estado una reconfiguración de la participación relativa y mayoritaria de la Nación; la de nuestras provincias y la de los nuevos actores incorporados, con inclusión de los trabajadores del sector. Para estos últimos, además, se debe contemplar una reformulación de los Programas de Propiedad Participada revirtiendo las estafas a las que fueron sometidos desde su puesta en marcha.

6.  Determinar que la mayoría accionaria de YPF debe corresponder a la Nación porque es el instrumento que pone en valor los recursos del subsuelo que en ellas deberían estar incluidos como “propiedad imprescriptible e inajenable” (según lo indicaba el art.40 de la Constitución de 1949). Asimismo el fundamento Federal de la Republica obliga a incluir también en la participación accionaria a todas las provincias sin excepción. Ello con un debate específico para la eventual aplicación de indicadores diferenciales a favor de aquellas que actualmente son productoras.

7.  Realizar por Concurso Público la convocatoria de especialistas para la integración del staff directivo y gerencial de la empresa, por cuanto esta necesita de una conducción profesional, técnica y ejecutiva, que este a la altura de los desafíos planteados. Jóvenes o no los protagonistas deben ser ponderados solo por su capacidad y experiencia y no por la mera condición de políticos amigos del poder. No es conveniente olvidar que el carácter público o privado de la propiedad, nada nos indica sobre la naturaleza de la gestión, ya que en ambos casos esta puede ser desde muy buena a pésima, como lo corroboran ejemplos propios y ajenos.

8.  Habilitar una auditoría económica, financiera y operativa de la empresa petrolera y de las reservas de nuestro subsuelo, tanto reales como potenciales. Establecer, al mismo tiempo, mecanismos de medición e indicadores sistemáticos de control en los pozos y en cada etapa del ciclo de exploración, producción, elaboración, distribución y venta del combustible, donde YPF tenga competencia. Determinar, del mismo modo, severas sanciones para los funcionarios de cualquier nivel, que trasgredan cualquiera de las normas que hacen a la ética pública. La YPF nacional debe recuperar el espíritu paradigmático de su fundador, el general Mosconi.

9.  Concretar entre YPF Sociedad del Estado y las empresas petroleras instaladas en el país o con voluntad de hacerlo, asociaciones puntuales de mutua conveniencia con protocolo ambiental, para la explotación de algunos yacimientos. No cabe el infantilismo sería fantástico poder llegar al autoabastecimiento solo con inversión local pero esta no alcanza. Aun así no son socios los que necesita YPF aunque sí requiere de contratos con compañías que aporten capital.

10.  Exigir que estos nuevos contratos dejen de ser negocios de trastienda, a espaldas del país, para pasar a ser herramientas transparentes y eficaces de una política energética consensuada de cara al autoabastecimiento. Esto requiere terminar con la improvisación y desprolijidad gratuita de algunos procedimientos en curso. La actual crisis internacional induce a que los flujos de inversión externa beneficien a los países emergentes. Pero para no quedar afuera de estos hace falta de una estabilidad y transparencia en las reglas de juego hasta ahora ausentes.

Se dirá que prácticamente no existen condiciones políticas en la llamada clase dirigente para que prospere en el corto plazo una posición como la expuesta. Es cierto. Pero lo es, también, que el mismo pueblo que mayoritariamente apoya a YPF en manos del Estado, rechaza la ineficiencia, el desmanejo y la corrupción. Sabe que la empresa es inviable si ella es conducida con la misma gente y criterios que la hundieron.

Nada indica que esto haya sido cabalmente advertido. Parecería que falta honestidad, sensatez y grandeza. En el oficialismo falta honestidad para reconocer la responsabilidad central que le cupo al gobierno en el desarrollo de la crisis energética .En la oposición falta sensatez para percibir que estamos frente a un giro que aun puede ser positivo y que ya no hay espacio para nuevos virajes. Y en el conjunto de la clase política falta grandeza para sobreponerse al verticalismo y los intereses de círculo y encontrar un camino común que valore la intención de revertir errores y, sobretodo, que evite repetirlos.