Por Mariano Rovatti
La estatización de YPF es, sin dudas, el acto de gobierno más trascendente de los últimos años. Implica una rectificación de la política kirchnerista en la materia. Allá por el año 2003, cuando comenzó este proceso político, el único candidato que sostuvo la necesidad de volver a tener una empresa petrolera estatal fue Adolfo Rodríguez Saá. El entonces gobernador santacruceño, de estrechos vínculos con las empresas extranjeras que explotaban el petróleo de su provincia, no hizo ninguna referencia al tema.
Posteriormente, durante su
gestión, Néstor Kirchner promovió la
incorporación del grupo Eskenazi, al
que también estaba fuertemente vinculado,
ya que el mismo había sido beneficiario de la privatización del Banco de Santa
Cruz, quien se hizo de una parte importante del paquete accionario a cambio de
nada. Por intercesión del Pingüino,
una ingeniería financiera comandada por el mismo banco suizo en donde habían
ido a parar aquéllos quinientos millones que tardaron tanto en volver, le
permitió al grupo hacerse de las acciones a cambio de pagar con dividendos. Una
ganga. Siendo así, podría haber sido el
Estado quien se hiciera de esas acciones, pero la gestión del gobierno fue a
favor del grupo. ¿A cambio de qué?
Sin dudas, que la decisión
política de tener una empresa petrolera estatal constituye una decisión
soberana. La exploración, explotación, industrialización y comercialización de
hidrocarburos, son pilares estratégicos de cualquier proyecto nacional de
desarrollo autónomo. En nuestra región,
tres países con modelos económicos bien diferentes entre sí como Brasil, México
y Venezuela, tienen como rasgo en común, la existencia de una empresa petrolera
estatal rectora. Pero en la
Argentina , esa empresa ya existía y había sido creada por el
mismo Néstor Kirchner: ENARSA, una
empresa fantasmal que bien podría haber
sido adjudicataria de las concesiones caducas de Repsol YPF por
incumplimientos.
Este gobierno viene de fracaso
en fracaso en la política energética. Por su incompetencia, su falta de
previsión y su connivencia con las empresas petroleras, ha logrado que la Argentina pierda el autoabastecimiento y entre en una
zona riesgosa de falta de combustibles y grandes dificultades para importarlos.
La gestión de Repsol generó el vaciamiento de la empresa, pero el Estado argentino no fue inocente. La
corrupción y la incompetencia estuvieron en ambos lados.
Tal como se dieron los hechos, surgen varios interrogantes:
1.
Siendo la cuestión un asunto de Estado para ambos gobiernos,
¿podrían haberse entablado las negociaciones directamente con el gobierno
español, preservando la relación entre
los países? ¿o se prefirió hacer el mayor ruido posible? Es verdad que Repsol
es una empresa privada –y no sólo española, ya que gran parte de su dominio es
de origen británico- pero la airada reacción del premier Mariano Rajoy confirma
que el tema es de vital importancia para el gobierno peninsular, sobre todo en
un momento crítico como el que está atravesando su país.
2.
¿Se evaluó en la Cancillería argentina
cuáles serán las reacciones del mundo frente a esta medida? ¿La Argentina será sancionada comercialmente por la Unión Europea ? ¿Los
Estados Unidos estaban al tanto de la situación? ¿En la reunión panamericana de
dos días antes, el tema estuvo en la mesa de conversaciones? ¿o se esperó su
finalización para hacer el estridente anuncio? ¿La Argentina perderá su
silla en el G-20, para que ésta sea para Chile? ¿Colgará el mundo un cartel
sobre nuestro cuello como país
impredecible sin remedio?
3.
¿Era necesario proceder patoterilmente contra los ex directivos de YPF, a quienes
se expulsó con la
Gendarmería por la fuerza de sus oficinas sólo con un DNU al
mismo tiempo que la
Presidenta anunciaba la intervención de la misma por radio y
televisión?
4.
¿Por qué se expropia sólo el paquete
de Repsol? ¿Y el de los Eskenazi? ¿Cuál
es el verdadero vínculo de ellos con los Kirchner? ¿A qué se refería la Presidenta un mes atrás
cuando hablaba de las avivadas de los
dueños de YPF? ¿Se refería a Repsol o a sus ex amigos?
5.
¿Habrá alguna consecuencia judicial para los ex funcionarios de YPF, tanto los de
Repsol como los del grupo Eskenazi? ¿y los del gobierno?
6.
¿Qué pasará en la Justicia argentina si se
invoca el art. 17 de la Constitución Nacional ? No hubo indemnización previa, y la expropiación
se materializó en los hechos con la intervención dispuesta por el PEN. Como se
dio la operación, ésta se aproxima demasiado a la confiscación.
7.
¿De dónde saldrán los treinta mil millones de dólares que son
necesarios para invertir en exploración y explotación en los próximos años? ¿se
ha hecho en el gobierno un plan de inversiones?¿si se buscan inversores
externos, con este antecedente, es la Argentina un socio confiable?
8.
¿En esa búsqueda de socios, no hay
riesgo de entregar otra vez la empresa? ¿Si la situación argentina es de
dependencia, YPF no puede terminar siendo una empresa manejada por China, por ejemplo?
9.
¿Tienen los actuales interventores la idoneidad necesaria para conducir esta
empresa? ¿puede ser Julio De Vido, el mismo que logró el desabastecimiento
petrolero, quien lidere el proceso inverso? ¿tiene Axel Kicilof algún mérito
adicional que ser el autor intelectual de la estatización? ¿quiénes son los
nuevos directores? ¿además de ser obedientes militantes de La
Cámpora , poseen algún conocimiento en el específico
negocio del petróleo? ¿cómo harán para no repetir el desmanejo que sus
compañeros –conducidos por Mariano Recalde y el mismo Kicilof- hicieron en
Aerolíneas Argentinas? ¿cómo se asegura la Argentina que YPF no será saqueada nuevamente,
ahora por la voraz agrupación de los yuppies
progres?
10.
¿Qué pasará ahora con el precio de la nafta en nuestro mercado
interno? ¿Habrá desabastecimiento?
¿Tiene YPF el suficiente stock para asegurar el suministro de combustible a
toda la industria, el agro, los servicios, los transportes y al público en
general?
Contra reloj, como siempre, los diputados y senadores de
¿Qué se puede hacer entonces, frente a un hecho casi consumado?
La oposición debe expresarse con claridad y firmeza, ejerciendo su rol y denunciando todas las situaciones aquí descriptas. Además de la invocación al derecho de propiedad, el voto negativo debe ser fundado –principalmente- en la defensa del verdadero interés nacional, vulnerado por esta iniciativa, y por la política petrolera en general.
A futuro, cuando los tiempos políticos así lo permitan, la oposición deberá promover una legislación que asegure que la nueva YPF sea en verdad una empresa de todos los argentinos, con posibilidad de extender sus alcances a todas las empresas que controla el Estado Nacional.
Para ello, la ley debe estipular que el directorio debe ser íntegramente nombrado por el Parlamento, por la mayoría absoluta de sus miembros. El Presidente del directorio podría ser propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.
La ley debe establecer que –además del bloque oficialista- la oposición debe estar representada en ese directorio, lo mismo que el sindicalismo y los usuarios, cuyos representantes tendrían que ser elegidos por el Congreso a propuesta de las organizaciones directamente relacionadas con la actividad.
También la ley debe incluir a la nueva YPF y a cualquier empresa controlada por el Estado Nacional, aunque sea una sociedad anónima, dentro del régimen sujeto a
Debe obligarse al Presidente del directorio a concurrir mensualmente al Parlamento a rendir cuentas de su gestión, y responder y aclarar todas las cuestiones que se les plantee, dada la importancia estratégica de su cometido.
Por último, la ley debe asegurar que los miembros del directorio serán responsables con su propio patrimonio de las consecuencias económicas derivadas de todas sus decisiones
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