La postal de nuestra presidenta Cristina Kirchner parada frente al atril predicando casi cotidianamente sobre los temas más diversos, podría ser la imagen más representativa de su gestión de gobierno. A ella le gusta hablar y lo hace bien. Incluso cuando apela a sus informales ocurrencias que no por estudiadas dejan de parecer espontáneas.
En materia discursos presidenciales hace ya tiempo que a batido todos los récords. Pese a ello se filtra una profunda limitación. Elocuente pero solitaria, prolífera y unilateral la palabra oficial es más bien monárquica: exige silencio, reina pero no dialoga.
Las exposiciones presidenciales están cuidadas hasta el último detalle incluido el público aplaudidor que accede a la Casa Rosada; una pléyade de funcionarios y allegados que religiosamente cumplen con un rito que ahora, como en Angola, también se empezó a trasladar al exterior. Para que estas disertaciones no sean, como son, una mera puesta en escena, deberían estar seguidas de una interlocución no condicionada con periodistas. Las preguntas de estos aquí y en cualquier lugar del mundo reflejan a la sociedad en sus legítimos interrogantes frente a lo que se propone.
Salvo situaciones excepcionales y/o episódicas el pueblo en estas situaciones interroga y dialoga con el poder a través del periodismo, del mismo modo que delibera y gobierna a través de sus representantes. El intercambio libre y fluido de la prensa con aquellos que gobiernan, posibilita ampliar y profundizar sus argumentos pero, también, puede poner a prueba la solvencia y sustentabilidad de sus relatos. Y es esta última la razón por la cual los Kirchner jamás toleraron una conferencia de prensa. Su secretismo es de alto voltaje y explica porque ni siquiera realizan reuniones de gabinetes con sus propios ministros.
Ese rechazo casi visceral a las conferencias de prensa los Kirchner la traen desde que gobernaban Santa Cruz, una provincia en la que a lo largo de los años lograron colonizar la prensa oral y escrita. Con el dinero público de la publicidad provincial hasta pudieron montar un diario local. Colocaron al frente del mismo a su chofer de confianza y lo usaron como medio de difusión y propaganda de su gestión bloqueando cualquier voz disidente. El rédito de la experiencia los marcó para siempre. Para ellos los hombres y mujeres de prensa son poco menos que mercenarios y confunden el periodismo con la propaganda.
Pero el periodismo, a igual que la democracia, aunque goce de imperfecciones es un componente sustancial de la misma y ninguna sociedad moderna puede soslayarlo. Los nutrientes que les da vida son la libertad de expresión y el espíritu crítico. Este último puede coincidir o no con las afirmaciones que emanan del poder y es por ello que puede interpelarlo. La esencia de la propaganda, en cambio, por definición es apologética. Se limita a mejorar las bondades de la palabra oficial aun cuando esta desvirtúe la verdad.
En un reciente programa televisivo un centenar de periodistas denunciaron a viva vos su derecho a preguntar. Un hecho bochornoso para el gobierno pero que, por supuesto, no se ha dignado contestar. Las preguntas, sin duda, molestan al gobierno, pero mucho más le preocupa las denuncias e investigaciones que sin libertad, para la prensa y los medios de comunicación, tendrían mucha más dificultades para salir a la luz. Justamente por eso aunque aún es posible el ejercicio de la libertad de expresión, también es cierto que el Poder Ejecutivo hoy la está condicionando y amenazando por distintos mecanismos.
Aunque sea muy conocido no está de más recordar que tanto las emisoras televisivas como las radiales no cobran a los usuarios sus servicios de un modo directo sino que lo hacen a través de la publicidad. Las publicaciones, de la misma manera, casi nunca cubren sus costos por el precio de tapa de los diarios y revistas. Para los medios de comunicación, entonces, los ingresos publicitarios son como el oxígeno y es por allí por donde se los condiciona.
En el 2011 los gastos por la publicidad oficial alcanzaron los 350.000.000 de dólares. Esta cifra sin precedentes, a igual que la de los años anteriores, la administra el gobierno en su favor pero la pagan todos los argentinos sin distinción (tanto los que los votaron como los que no) porque se cubren con partidas del presupuesto nacional. La distribución arbitraria y discrecional de esta enorme pauta publicitaria oficial es la que les ha permitido crear varios grupos multimedia propios, subordinar a otros preexistentes y castigar o procurar ahogar a quienes no se allanan al relato de la palabra oficial.
Los grupos mediáticos del oficialismo reciben el 98 % de los ingresos publicitarios de la pauta oficial contra el 2% otorgado a los medios opositores como el Grupo Clarín, La Nación y editorial Perfil. El conjunto de estos tres últimos reciben ingresos de publicidad pública 10 veces menor que el uno de los multimedios oficialistas (Szpolski-Garfunkel). Estas diferencias no son nada desdeñables si se considera el enorme peso que tiene el Estado en las cuentas publicitarias. Más aún si se tiene en cuenta que los gastos del kirchnerismo en el rubro aumentaron 30 veces desde el año 2003.
Como consecuencia de lo dicho la concentración de medios K en la grilla de la radio y la televisión es numerosa pese a que no dejan de victimizarse como acorralados por las aspiraciones “destituyentes” de los medios de comunicación. De las 15 radios AM con alcance la única opositora es Radio Mitre. Continental mantiene su independencia, El Mundo y Rivadavia conservan cierto grado de ambigüedad y el resto manifiestan dentro del variopinto universo K.
Otro tanto sucede con los canales progubernamentales donde además de la Televisión Pública y Encuentro, con mayor o menor énfasis están Telefé, Canal 9, Crónica TV y Canal 26. América TV y 24 transitan un espacio de mayor equidistancia y en la oposición lisa y llana actúan las cuatro señales del grupo Clarín (Canal 13, TN, Metro y Magazine) Por supuesto que en lo que a audiencias efectivas se refiere la influencia de la cantidad de medios a favor o en contra del gobierno no es lineal.
Justamente en la pelea por esa audiencia la última conquista del manejo informativo K fue la adquisición de varios medios del Grupo de Hadad. Entre otros C5N, el segundo canal de noticias del país y la compra de cinco señales radiales que incluyen a Radio 10, una emisora que acredita un fuerte liderazgo. Hadad venía haciendo equilibrios en su relación con el gobierno (que lo acusaba de apoyar a Scioli) y recientemente había sufrido un duro percance. Emisarios del poder lo obligaron a “cortar” y censurar en vivo un reportaje que Longobardi hacía a Alberto Fernández, luego de una crítica de Jorge Asís a la presidenta.
En la operación por 49 millones de dólares intervino Cristóbal López, un empresario del juego de Santa Cruz, históricamente protegido por Néstor Kirchner en la obra pública de aquella provincia. Propietario de 25 salas de juego (14 casinos y 11 tragamonedas) López ampliaría luego sus negocios a ámbitos tan diversos como el petrolero, bancario, el sector agropecuario y el del transporte entre otras actividades. Una autentica promoción de la “burguesía nacional”, seguramente nos dirá el relato.
Manejando a su antojo la pauta publicitaria oficial el gobierno también se procura un trato preferencial en las publicaciones, extendiendo su influencia a diarios como Página 12, Ámbito Financiero y Crónica o a través de grupos empresarios como el de Vila- Manzano, el de Electroingeniería , Moneta y el de Szpolski. Este último además de controlar Canal 23 y Radio América, saca los diarios Tiempo Argentino, El Argentino y Miradas al Sur. Es propietario, también, de las revistas 7 Días, Ventitres, News Week y Forges, entre otras.
Otro de los recursos utilizados para controlar y condicionar a los medios es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) que aplica las restricciones normativas solo a los medios opositores y hace la “vista gorda” con los medios que los apoyan. Dada la potestad que el organismo tiene sobre el otorgamiento o concesión de licencias, un mecanismo de control paraestatal arbitrario, es el de no desaprobarlas ni aprobarlas. Se mantiene así a los adjudicatarios en un limbo legal que los debilita y hace altamente vulnerables al chantaje en materia informativa.
Por supuesto que reconocemos el derecho de este gobierno como el de cualquier otro a ser apoyado en su gestión por quien quiera hacerlo y más allá de los canales formalmente oficiales como la Televisión Pública, el Canal Encuentro; Radio Nacional, Agencia Télam y otros medios. Lo objetable es el uso discrecional y tendencioso del dinero público que se ampara en la ausencia de una Ley que regule un uso equitativo de la publicidad oficial. Se debe, además, reglamentar, para que no sea letra muerta, el Decreto 1172/03 de acceso a la información pública, que obliga a los funcionarios a dar la información requerida.
La política como instrumento de mediación y arbitraje de los intereses que anidan en la sociedad necesita de una información no sesgada y al alcance de todos. Aunque la última palabra siempre sea de la justicia, es saludable que la investigación periodística indague sobre lo que el poder y su propaganda quieren ocultar. Cada vez es más imprescindible desnudar los artilugios del doble mensaje que articulado en torno a causas justas oculta objetivos que son inconfesables. Los controvertidos temas como el de Papel Prensa y la Ley de Medios deberían ser abordados desde esta perspectiva pero exceden a esta nota.
La ausencia de transparencia y discrecionalidad en el manejo de la pauta de la publicidad oficial; la creación, coaptación y concentración de publicaciones, radios y canales y; la inequidad de organismo de control (AFSCA); no son hechos aislados. Responden a una clara estrategia comunicacional del gobierno que apunta a monopolizar la palabra en un sentido restrictivo y excluyente. Son caminos diversificados para ese único propósito que nace en el atril de la palabra presidencial: la intención de no dialogar. Ese silencio que el aplauso del elenco estable que la acompaña a todos lados ni tapa ni puede disimular.
La vocación presidencial por el monologo y la clase magistral acompañado por el rechazo a la pregunta periodística es, por lo tanto, algo más que un estilo de la palabra oficial. Es el punto de partida de una voluntad que se bifurca en múltiples atajos a través de los cuales el gobierno quiere condicionar, opacar y limitar la libertad de expresión. Un objetivo que parece imprescindible para encorsetar la realidad en los estrechos parámetros de un relato que no se compadece con la misma, o que quiere inventarla. ¿Cómo en el INDEC?
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