por Héctor Blas Trillo
Si bien mucho se ha tratado el tema
de la falta de inversiones, parece necesario volver una vez más sobre lo mismo.
En los últimos tiempos ha habido demasiados indicios de que la inversión
extranjera en
1.
La confiscación de las acciones de
Repsol en YPF sin indemnización alguna.
2.
La prohibición de girar dividendos al
Exterior.
3.
El cepo cambiario.
4.
Las declaraciones del llamado
viceministro de economía en el sentido de que si el gobierno quiere puede
fundir al empresario Paolo Rocca.
5.
El cierre de importaciones de insumos
básicos para la producción de los más variados artículos.
6.
Los controles de precios, de costos,
de márgenes de utilidad y la intromisión directa en las decisiones de empresas
privadas.
7.
Las actitudes del secretario de
comercio y de otros funcionarios en empresas donde el Estado tiene alguna
participación en virtud de haberse apropiado de los fondos de las AFJP.
8.
El ataque consuetudinario a
ruralistas desde amplios sectores del poder político.
9.
El no reconocimiento de la inflación
en los balances, lo cual da lugar a la aplicación de impuestos a ganancias que
no son tales.
10.
El cambio permanente de las reglas
del juego.
11.
El no respeto de los contratos de
empresas concesionarias.
12.
La clara discriminación de
empresarios que manifiestan alguna forma de queja o falta de acuerdo con
actitudes del gobierno.
Sin duda hay muchos ejemplos más, de manera que la enumeración
no es en absoluto taxativa, sino tan sólo descriptiva. A todo ello hay que agregar un
par de condimentos, por así decirlo, de los últimos días.
Por un lado la inadmisible decisión del gobernador del Chaco,
Jorge Capitanich, de abonar una amortización de títulos provinciales emitidos
en dólares con pesos al cambio “oficial”. El daño producido por semejante
acción es inconmensurable, además de constituir, casi con toda certeza, una
forma de estafa.
En efecto, abonar en moneda nacional al cambio “oficial” bonos
emitidos en dólares y que
por lo tanto debían ser cancelados en igual moneda constituye una violación del
contrato celebrado al emitir tales bonos, pero además, a ello se suma el hecho
de que no se abona la deuda al valor de mercado del dólar, que como se sabe
ronda los $ 6,50 en operaciones perfectamente legales, como las que se producen
en el mercado conocido como “contado con liquidación”. En realidad se trata de
un verdadero default, para decirlo en términos suaves, por el cual los
tenedores de tales títulos perciben prácticamente un 30% menos del valor que
les correspondería cobrar.
Porque aún en el caso de que efectivamente el gobierno
provincial no tuviera los dólares para el pago, el pago en pesos debería haber
sido hecho al valor corriente de la moneda norteamericana.
A este dato realmente insólito, se suman las declaraciones del
vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, quien ha
salido a apoyar la decisión del funcionario chaqueño de manera explícita,
aunque luego haya debido desdecirse. Si bien Mariotto no cumple funciones
ejecutivas, todo el mundo sabe que tiene gran relevancia por haber sido designado
como tal por la señora presidenta de la Nación.
Desde las esferas del oficialismo suele defenderse el llamado
modelo de inclusión social, cuando está a la vista la desinversión que viene
produciéndose desde hace prácticamente una década en rubros tales como el
energético. Por su parte, la evidencia de la falsedad de los índices de costo
de vida, han llegado al absurdo de mostrar que una persona supera el nivel de
indigencia con un valor diario de poco más de 6 pesos.
La no adecuación a la realidad de tales índices produce a su vez
daños colaterales, ya que títulos públicos emitidos por el gobierno de Néstor
Kirchner ajustables por CER no han reconocido el rendimiento que hubiera
correspondido, constituyendo también una forma de default, por llamarle suavemente
al hecho de que un gobierno de manera consciente está pagando menos de lo que
debe por un préstamo recibido con un compromiso de ajuste.
La presidenta de la
Nación , por su parte, ha afirmado en su reciente exposición
en EEUU, que una inflación del 25% anual provocaría un colapso. Es sabido, sin
embargo, que la Nación
ha debido soportar alícuotas parecidas incluso mensualmente en los años 80 y
comienzos de los 90. El
problema está en que una afirmación de este tipo hace que quienes llevan a cabo
estudios y elaboran estadísticas que muestran otra realidad, terminen
considerando poco menos que temerarias tales afirmaciones. Una cosa es
reconocer el problema y tratar (o no) de resolverlo, y otra es negarlo
explícitamente como si fuera producto de extrañas conspiraciones describirlo.
El atraso del tipo de cambio oficial (cuya cotización
absurdamente, además, sigue llamándose “mercado único y libre de cambios”) está
claramente retrasado y la realidad lo demuestra a las claras.
Las restricciones a la venta de moneda extranjera están
relacionadas, entre otras cosas, con el bajo precio al que se venden
oficialmente.
Otros países de la región, como Brasil, Chile, Perú, Colombia o
México, reciben importantes aportes de capital, mientras la Argentina se debate como
puede para tratar de explicar al mundo que si llega asistencia financiera a
empresas como YPF la inversión será respetada.
La verdad es que nadie parece dispuesto a correr semejante
riesgo. Y resulta cuando menos razonable que así sea.
La falta de inversiones, tanto extranjeras como nacionales,
tiene mucho que ver con las decisiones políticas que someramente se enumeran en
este comentario. No hay ningún misterio ni ninguna mano negra en ello. Una vez
más conviene recordar aquello de que en
economía puede hacerse cualquier cosa menos evitar las consecuencias.
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