El
Congreso de Paraguay, a través de la sustanciación de un juicio político,
decidió remover de su cargo a Fernando Lugo. La decisión fue tomada en la Cámara de Senadores por el
voto de treinta y nueve de sus miembros contra cuatro votos negativos. Dos
legisladores se hallaban ausentes. Previamente, en la Cámara de Diputados, la
acusación había sido respaldada por setenta y cuatro votos contra uno
Esta claro que ni sus propios legisladores sostuvieron a Lugo.
Tras la masacre de Curuguaty, en la que murieron 18 campesinos enfrentados a la
policía, se acrecentó la soledad política del obispo-presidente, quien se
hallaba distanciado de su vicepresidente y sucesor, Federico Franco, del
Partido Liberal Radical Auténtico.
Esta agrupación, junto a los partidos Colorado, UNACE, Patria
Querida y Demócratico Progresista, acordaron la destitución del Presidente, por
lo que el trámite del juicio político se trató de eso: un trámite. Pesó la
decisión política por sobre las razones jurídicas.
De todos modos, en la acusación se incluyeron diversas
causales, además de la mencionada matanza de Curuguaty. Se menciona el acto
político en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, cuando en 2009 se
realizó una concentración política de jóvenes en el Comando de aquéllas y la
invasión de las tierras de Ñacunday.
También se le imputa a Lugo una seguridad descuidada,
considerando que ha sido absolutamente incapaz de desarrollar una política y
programas que tiendan a disminuir la creciente inseguridad ciudadana.
La caída de Lugo generó un encendido rechazo de los gobiernos de
Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador, considerando a la acción como
un golpe de Estado. Anunciaron que no reconocerán al nuevo gobierno, y la
presidenta Dilma Russef propuso la expulsión de Paraguay del MERCOSUR y de la UNASUR. El resto del
continente no se ha pronunciado.
Las voces de rechazo provienen del eje que integraba el mismo
Lugo, y están marcadas más por lo ideológico que por los principios
republicanos. Difícilmente, si el destituido hubiese sido el chileno Sebastián
Piñera o el colombiano Juan Manuel Santos, ese grupo de jefes de Estado
hubiesen salido en su defensa.
La caída de Lugo se produce siguiendo el procedimiento seguido
en la Constitución.
Se puede cuestionar que todo fue muy rápido, y que faltaban
diez meses para que el pueblo votase. Pero el juicio político es una
institución tan republicana como las elecciones.
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